Las autoridades peruanas no debieron permitir la venta de Petrotech (PTP) hasta que sus directivos no aclararan las denuncias de corrupción que pesan sobre ellos, según el ex contralor general de la República, Genaro Matute. El gobierno sólo ahora atiende la advertencia y acuerda investigar.
Después de reunirse este martes con el presidente de Perú, Alan García, el titular del parlamento, Javier Velásquez, y el jefe de la agrupación oficialista, Aurelio Pastor, anunciaron la convocatoria de una sesión extraordinaria para conformar una comisión investigadora sobre la venta de esa petrolera.
"Es necesario indagar la operación comercial porque no sólo se realizó en el exterior sino también porque se produjo en un momento inconveniente e inoportuno, ya que la empresa PTP es objeto de una investigación tanto en el Congreso legislativo como en la Fiscalía", explicó Velásquez. Agregó que García está de acuerdo con esa investigación.
Sin embargo, en una conferencia de prensa conjunta ofrecida el viernes pasado en Lima, los representantes de Ecopetrol y KNOC afirmaron que la transacción contó "con el aval del gobierno", en alusión a la reunión que autoridades colombianas tuvieron con García el 26 de enero.
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En esa ocasión, García fue informado de la compra de la petrolera de Kallop, quien desde octubre dejó de residir en Lima, y habría dado su conformidad a la misma no obstante las graves acusaciones de corrupción que soportaba.
Cuatro informes de la Contraloría General de la República emitidos en 2007 indican que PTP se posicionó como una de las petroleras privadas más importantes de Perú gracias a favores indebidos recibidos especialmente de parte del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Según esos documentos, la empresa Petrotech Internacional ganó en 1993 un concurso para la exploración y explotación de un importante lote petrolero, pese a que no cumplió con las exigencias del proceso licitatorio. Igual la empresa estatal PetroPerú suscribió un contrato con esa transnacional.
Tampoco el contrato fue aprobado por el Consejo de Ministros, como indica expresamente la ley. PTP (Petrotech Peruana SA) se constituyó el 21 de julio de 1993 en el estado de Delawere, Estados Unidos, y comenzó sus operaciones el 1 de enero de 1994 como empresa dedica a la exploración y explotación petrolera en la costa norte del Perú.
Basándose en este cambio, PTP alegó ser una compañía nacional de Perú y que, por lo tanto, no debía abonar el impuesto a las remesas de dinero al exterior, pero la Contraloría señala que debía tributar.
"El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) debería intervenir, porque le corresponde y porque debe velar por los intereses del Estado", dijo Matute a IPS.
"Los informes de la Contraloría son muy claros respecto de las irregularidades en las que está envuelta PTP. Y tengo entendido que dichas investigaciones ya están en manos de la justicia, lo cual explicaría el apuro de los dueños de PTP por vender la empresa", añadió.
En otro informe, la Contraloría también señala que Rafael Samaniego, después de haber trabajado en 1993 y 2000 como gerente administrativo de PTP, se convirtió en presidente del directorio de Perú-Petro, el organismo estatal que gestiona las concesiones petroleras.
La Contraloría ha determinado que, según las normas legales, Samaniego estaba impedido de ejercer como funcionario de PerúPetro. Detectó además que durante sus gestión en el organismo, 2000 y 2001, "participó en la toma de decisiones en torno a la controversia que existía con PTP ( ), orientando dicha decisión a favor de la firma privada".
Por ejemplo, Samaniego dejó sin efecto un mandato para que PerúPetro iniciara acciones judiciales contra PTP por un desacuerdo relacionado con el la ejecución del contrato. Y mantuvo la posición de no pagar impuestos sobre las remesas de dinero de la firma al exterior.
El diputado Pastor cuestionó la venta de PTP por considerar que sus directivos, con Kallop a la cabeza, no actuaron de una manera transparente.
"Me molesta que personas que son investigadas por presuntos actos ilícitos se hayan metido en el bolsillo 900 millones de dólares sin que hayan aclarado antes su situación ante la justicia", dijo Pastor a IPS.
"Perú ha sido burlado con esta operación comercial porque no recibirá un centavo. Pero debo decir que la venta de la petrolera no exime de eventuales responsabilidades que resulten de las investigaciones que se siguen a los directivos de PTP", aclaró.
PTP posee desde 1993 en concesión 11 bloques petrolíferos, 10 en exploración y uno en explotación, que da al menos 12.000 barriles de crudo por día. Pero el 8 de septiembre pasado PerúPetro le otorgó dos lotes más, en un mismo proceso en el cual la noruega Discover Petroleum recibió cinco lotes.
Poco después, el 5 de octubre, la prensa divulgó conversaciones telefónicas entre el directivo de PerúPetro, Alberto Químper, y el representante de Discover Petroleum, Rómulo León, dejando entrever que esa firma noruega podría haber obtenido la concesión de modo irregular.
En respuesta, el presidente de PerúPetro, Daniel Saba, sostuvo que la difusión de las grabaciones sería una venganza de PTP porque había sido obligada a pagar impuestos hasta por 23 millones de dólares.
León también acusó directamente a PTP de haber ordenado la interceptación de sus conversaciones telefónicas, porque pretendía ganar la concesión de todos los lotes petroleros.
El gerente general de PTP, Alberto Varillas, negó, ante la consulta de IPS, que su compañía participó en el espionaje telefónico a los directivos de PerúPetro y los representantes de Discover Petroleum.
"Lo hemos negado y lo seguiremos negando. No estamos de ninguna manera relacionados con los petroaudios", dijo Varillas: "Se trata de una acusación sin fundamento. Es más, nosotros consideramos que el proceso de concesión de lotes que dirigió PerúPetro fue transparente".
Matute insistió en que, "antes de haberse vendido PTP a Ecopetrol y KNOC, las autoridades debieron pronunciarse si hubo o no actos ilícitos en ese proceso de concesión de septiembre". "Nadie ha dicho nada", precisó.
A pesar de las denuncias, el vicepresidente de Ecopetrol, Nelson Navarrete, afirmó que su compañía estaba "tranquila" respecto de las acusaciones contre PTP.
El ministro de Economía, Luis Carranza, admitió que el fisco no percibirá nada por la millonaria venta de PTP, cuyo capital son los recursos que explota en Perú. "Ese tipo de operaciones deberían pagar impuestos, pero existe un vacío en la ley", reconoció.
Las conversaciones entre PTP y Ecopetrol y KNOC se iniciaron por lo menos hace un año, de modo que las autoridades tuvieron tiempo para enmendar el vacío legal, pero no se hizo. (FIN/IPS/ap/dm/ip if/sl la/09)
