El Plan Colombia antidrogas y contrainsurgente está, paradójicamente, en el origen de la tragedia de los indígenas awá, asesinados este mes por la guerrilla de las FARC.
La Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) reconocieron haber «ejecutado» a ocho indígenas awá, a los que acusaron de ser informantes del ejército en el convulsionado departamento de Nariño, en el sudoeste de este país.
Hacia Nariño se desplazaron masivamente cultivos de coca y laboratorios de droga, luego de que el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, golpeó desde 2000 en forma sucesiva la producción en Putumayo y Caquetá, departamentos vecinos del nariñense por el oriente y el nororiente.
El objetivo del Plan Colombia era expulsar a la población cocalera y aislarla de las FARC, surgidas en 1964.
La estrategia no tuvo en cuenta el «efecto globo» que mencionan los expertos en drogas: cuando se «oprime» el negocio en un punto, éste se traslada a otro lugar. Ahora hay 20.000 hectáreas de coca en Nariño.
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«Quizás los awás han recibido el mayor impacto de esta colonización y bonanza coquera, pues amplios territorios circunvecinos y dentro del territorio awá están sembrados de coca», señala el antropólogo Efraín Jaramillo Jaramillo.
Aunque la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) suele presentar su informe anual mundial en marzo, esta vez se adelantó, y publicó este jueves sus cifras.
La razón: el 24 de febrero se cumplen 100 años de la reunión de 13 países en el puerto chino de Shangai para estudiar la fiscalización internacional de las drogas, por primera vez, en la Comisión Internacional del Opio.
Sus recomendaciones quedaron plasmadas en el primer tratado jurídicamente vinculante contra las drogas, la Convención Internacional del Opio, que entró en vigor en 1919.
En 1909 se calculaba en 800.000 los consumidores de drogas. Hoy son unos 240 millones, el cuatro por ciento de la población mundial, calcula la JIFE.
«No se ha ganado, pero no se ha perdido», dijo en el lanzamiento del informe en Bogotá el médico Camilo Uribe, segundo vicepresidente de la JIFE y presidente del Comité Permanente de Estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
[pullquote]1[/pullquote]El informe de este jueves muestra que los cultivos de coca crecieron 27 por ciento en Colombia, que se mantiene como primer productor mundial de la materia prima de la cocaína.
El esfuerzo de erradicación de coca de las autoridades colombianas, apoyadas en el Plan Colombia, chocó con «violentos ataques perpetrados por grupos armados y grupos delictivos que utilizaron armas de fuego y minas antipersonal para proteger los cultivos ilícitos», registra la JIFE.
Esta es «una guerra que va a durar lo que dure la humanidad», dijo en la presentación del informe en Bogotá el general Álvaro Caro, director de la Policía Antinarcóticos, o al menos «400 años», matizó enseguida.
Pero no todos están de acuerdo en que el consumo de drogas merezca una guerra.
«La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina», declara el informe «Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma».
Divulgado el 11 de este mes en Río de Janeiro por una comisión encabezada por los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil), el informe llama a «rectificar la estrategia de guerra a las drogas aplicada en los últimos treinta años en la región».
El Plan Colombia no alcanzó sus metas, anota el informe de los ex presidentes, o sea «acabar con el conflicto armado en ese país, elaborar una estrategia de enfrentamiento con el narcotráfico, erradicar la producción de coca, revitalizar la economía del país y ofrecer alternativas a los productores rurales».
El cultivo de coca era inexistente o marginal en Nariño, pero la «guerra a las drogas» del Plan Colombia lo catapultó, muestran las cifras del departamento.
Para los awás, la fumigación contra la coca en Putumayo y Caquetá significó un alud de población cocalera y una avalancha de compradores de tierras en sus territorios ancestrales.
Además, también entrañó daño al medio natural por la tala de bosques y por los abonos y precursores químicos que usan los productores de coca y cocaína, y a los que se suman las fumigaciones aéreas con una mezcla potenciada del herbicida glifosato.
Pero «lo que a largo plazo más los afecta es la violencia y la descomposición socio-cultural» que genera la producción de drogas, advierte Jaramillo Jaramillo.
La economía de sustento que les proporcionaba buena alimentación y salud fue sustituida por otra ilegal, que establece formas de pobreza «cultural, ambiental y espiritual» desconocidas para los awá, anota el antropólogo.
[pullquote]2[/pullquote]En el otrora paraíso awá, hoy «la muerte ronda por todos los caminos en forma de peleas por borracheras y atracos», agrega.
Ante cada hecho de violencia, los indígenas han clamado por la desmilitarización de sus territorios, como en la asamblea permanente que decretaron en octubre durante la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, una movilización masiva del movimiento aborigen que desafió al presidente Álvaro Uribe a finales del año pasado.
Este mes, la Minga Indígena declaró ante la masacre de la Columna Sucre de las FARC: «Detengamos a los asesinos y que se haga justicia». «Nuestra solidaridad saldrá a caminar pronto», advirtió.
* Este artículo es parte de una serie de tres notas sobre la masacre de al menos ocho indígenas awá, cometida en febrero por la Columna Antonio José de Sucre de las FARC.
