Chile apuesta a producir en menos de cinco años agrocombustibles de segunda generación a partir de biomasa forestal. Pero antes debe evaluar los impactos ambientales y socioeconómicos de esta actividad, alertan expertos y activistas.
La biomasa —materia orgánica renovable de origen vegetal y animal y sus subproductos— sirve para generar electricidad, para la producción térmica y la elaboración de combustibles líquidos, como el bioetanol y el biodiésel.
Una ley promulgada en abril de 2008 exige que desde 2010 por lo menos cinco por ciento del suministro eléctrico provenga de fuentes no convencionales, incluida la biomasa. Desde 2015 esa proporción aumentará 0,5 por ciento anual hasta llegar a 10 por ciento en 2024.
En octubre se crearon dos consorcios para investigación y desarrollo de biocombustibles lignocelulósicos, es decir, refinados a partir de fibra de madera.
El propósito es "superar las limitaciones de expansión y los graves conflictos que pueden generar los actuales agrocombustibles" destilados de alimentos como maíz o caña de azúcar, explicó a Tierramérica el coordinador del Grupo de Biocombustibles de la Oficina Regional de la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Guilherme Schuetz.
Alemania, Estados Unidos y Suecia lideran la investigación mundial de estos productos en fase de laboratorio o de proyecto piloto. Se calcula que de tres a cinco años Europa podría utilizarlos de manera significativa, "aunque algunos países pueden estar a punto de comenzar su uso", indicó Schuetz.
La Agencia Internacional de Energía estima que los costos de producción del bioetanol y el biodiésel de segunda generación están hoy entre 80 centavos de dólar y un dólar por litro.
Esto equivale a un precio del petróleo de entre 100 y 130 dólares el barril de 159 litros, aseveró Schuetz, caro para la cotización actual del crudo. "Sin embargo, se estima que estos costos se reducirán a la mitad hacia 2030, si los biocombustibles de segunda generación se producen comercialmente", añadió.
Según el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2006-2007, en Chile hay 15,8 millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria y 15,9 millones de hectáreas forestales: 2,7 millones de plantaciones y 13,2 millones de bosque nativo.
"Con la premisa de conciliar la producción silvoagropecuaria" para el mercado interno y externo y de "mantener una actividad agrícola sustentable y sostenible en el tiempo, preservando el agua y el suelo", producir biocombustibles de segunda generación es "una opción viable" para Chile, aseguró a Tierramérica Iván Nazif, director de la gubernamental Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.
Estos se producirían con desechos agrícolas y forestales y con plantaciones dendroenergéticas, como el álamo (familia de las Salicaceae), la paulownia (Paulowniaceae), el aromo (Acacia caven) y el miscantus (Miscanthus sinensis). También se destacan las microalgas del norte del país y la grasa animal del sur, acotó Schuetz.
Pero las especies dendroenergéticas, de crecimiento rápido, se plantan en altas densidades, por lo que extraen velozmente los nutrientes del suelo y demandan mucha agua, advirtió a Tierramérica Daniela Escalona, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y de la Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social.
También poseen alto valor calórico y son más aptas para el uso energético.
Según Nazif, "la producción de biocombustibles de segunda generación necesariamente debería contar con la experiencia de los de primera generación", por lo que ya se reguló el mercado y hay experiencias piloto en algunas regiones, principalmente de biodiésel.
Los agrocombustibles de segunda generación "sólo traen buenas noticias" para un país con una industria forestal consolidada, dijo a Tierramérica Aldo Cerda, gerente del área forestal de la Fundación Chile, una institución público-privada dedicada a la innovación y al desarrollo del capital humano del país.
"Tendremos más demanda de fibra de madera, con beneficios para todos los propietarios, y más demanda de manejo del bosque nativo", y recuperaremos terrenos degradados, planteó Cerda, para quien esta industria tendrá "actores sofisticados", que trabajarán con predios certificados para no exponerse a críticas ambientales.
Fundación Chile participa en Bioenercel, uno de los dos consorcios impulsados por el gobierno, junto a las principales empresas forestales del país —Masisa, CMPC y Arauco— y dos universidades estatales.
Con un presupuesto quinquenal de 10 millones de dólares, el consorcio desarrolla protocolos para producir bioetanol "barato y competitivo".
Sin embargo, Escalona expresó su preocupación por los efectos que estos combustibles tendrán en el ambiente y en las comunidades campesinas e indígenas que habitan las regiones forestales del país.
Para Schuetz, los riesgos "dependen de la escala de producción y de la disponibilidad de la materia prima". Por eso ve ventajas en el biodiésel a partir de rastrojos agrícolas y forestales.
"Con respecto al bosque nativo, es muy importante que la legislación sólo permita utilizar los desechos lignocelulósicos que se obtienen de su manutención", recalcó.
La pérdida de hábitat naturales por monocultivos y la posible propagación de árboles genéticamente modificados con impactos desconocidos son otros peligros a evaluar, advirtió.
El país requiere "sopesar con cuidado todos los pros y los contras" de esta actividad, como "el balance de dióxido de carbono de todo el ciclo, las repercusiones sobre la biodiversidad, el ciclo de nutrientes de los suelos y el ciclo hidrológico", además de sus impactos socioeconómicos, resumió Schuetz.
* Este artículo fue publicado originalmente el 31 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
