Un alud de agua y barro inundó parte de la noroccidental ciudad argentina de Tartagal, arrasó con puentes, casas y dos personas aún están desaparecidas. Vecinos y ambientalistas acusan a la deforestación indiscriminada y a la falta de planificación urbana.
"Fue un ruido impresionante cuando venía la creciente. Desperté a mis hijos, los saqué a la calle junto a mi esposa y a mi padre, y a los 10 minutos el agua nos llegaba a la cintura y se llevaba los muebles", contó azorado Orlando Carrizo, uno de los casi 800 evacuados en esta localidad de la provincia de Salta situada a 1.800 kilómetros de Buenos Aires.
Las autoridades provinciales, que no descartan un nuevo deslizamiento de lodo como el del lunes si persisten las fuertes lluvias en la región, estiman que los afectados por la pérdida de viviendas y bienes son alrededor de 10.000, la mayoría de los cuales siguen alojados en casas vecinas.
En este distrito, donde habitan 56.000 personas, hay 2.500 viviendas afectadas, algunas arrasadas y otras con daños de diversa magnitud.
La ciudad ya había sufrido una tormenta de semejante impacto hace tres años, cuando el río Tartagal se ensanchó y se precipitaron al cauce casas y calles. En aquel momento la erosión arrasó con 60 viviendas y un puente. Ahora, cuando se construían nuevas defensas, la lluvia, menos intensa, provocó un desastre mayor.
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El agua arrastró troncos y piedras de las laderas de los montes, de tierra arenosa, formando un dique que desbordó el río hacia los márgenes, hasta 500 metros de cada lado. Un puente ferroviario metálico, empujado también por la corriente, cayó sobre otro igual para vehículos, causando aún mayores obstáculos a la corriente.
Los barrios más afectados fueron los que viven familias de escasos recursos, en la periferia de la ciudad y cercanos al curso de agua, donde las viviendas quedaron cubiertas hasta el techo, sobre los cuales se refugiaron algunos vecinos.
En los barrios del casco urbano el alud ingresó también con violencia y dejó marcas de más de un metro en el interior de las casas. Muebles, electrodomésticos, ropa, libros, todo se perdió en el lodo. En las calles, el pavimento quedó cubierto de barro, piedras y troncos, con vehículos desplazados por la corriente.
Silvia Alfaro, residente de Tartagal, cuenta angustiada que logró salvar a su hija de dos años, pero no pudo volver para asistir a su madre y a su abuela, arrastradas junto con su vivienda precaria. "La casa se desarmó y hay gente que vio cuando el agua se las llevaba", dice llorando. Las mujeres permanecen desaparecidas.
El gobierno nacional afirma que la tragedia "no pudo evitarse" y que es consecuencia de un "desastre natural". Así lo explicó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al recorrer la zona afectada junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Sin embargo, ecologistas y vecinos de Tartagal rechazan estos argumentos. "Dicen que la tormenta se llevaba árboles con raíz y todo pero no es cierto, la mayoría son troncos talados con máquinas", aseguró a la televisión local un residente mientras empuñaba una pala con la que intentaba sacar el lodo de su casa. "Esto es por el desmonte, hace rato que lo venimos diciendo", protestó.
En diálogo con IPS, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques del capítulo argentino de Greenpeace, dijo que la deforestación para la expansión del cultivo de soja y la tala indiscriminada con fines madereros dejan a la región extremadamente expuesta a la erosión hídrica y los consecuentes deslaves y aludes.
También hay pozos en los bosques realizados por los productores de hidrocarburos al norte de la cuenca. De hecho, en las calles de Tartagal fueron halladas cargas sísmicas de las que se utilizan para las perforaciones de prospección petrolera, las cuales fueron desactivadas por personal del ejército.
"Si el ecosistema estuviera cubierto con el bosque nativo esto no hubiera pasado, porque actúa como una esponja", remarcó Giardini. Asimismo, aseguró que la provincia de Salta, y particularmente el departamento de San Martín, donde está situada Tartagal, es la más afectada por la deforestación en los últimos años.
Según la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la superficie deforestada en la provincia entre 1998 y 2002 llegó a casi 195.000 hectáreas, y entre 2002 y 2006 trepó hasta superar las 414.000 hectáreas. En 2007, en vísperas de la sanción de una ley regulatoria, el colapso fue todavía mayor.
El gobierno provincial autorizó ese año la deforestación de 400.000 hectáreas de bosques. "La situación es tan grave en la provincia que algunos desmontes fueron frenados en diciembre por la Corte Suprema de Justicia tras un amparo presentado por las comunidades indígenas", remarcó Giardini.
El máximo tribunal había citado en diciembre a representantes del gobierno nacional y de las autoridades de Salta, convocándolas para el 18 de este mes por las denuncias de deforestación. Entretanto, Greenpeace y otras 50 entidades exigen al gobierno nacional que reglamente la ley de bosques aprobada hace 14 meses.
Esa ley, de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos, ordenó suspender el desmonte en Argentina hasta que cada provincia ordene su territorio y defina áreas intangibles y de desarrollo. La norma también prevé un fondo de compensación para los propietarios de las zonas a preservar.
Pero la demora en la reglamentación es cuestionada por las organizaciones no gubernamentales. El texto para su puesta en vigor estaba listo en julio de 2008 y a fin de año volvió a ser discutido por los gobiernos provinciales que introdujeron cambios. "No estamos participando, pero sabemos que se busca aprobar una reglamentación laxa", alertó Giardini.
Especialistas como Osvaldo Canziani, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (conocido por su sigla en inglés IPCC), advirtió que lo que ocurre en Salta "es producto de la deforestación. "Es evidente que las ambiciones e intereses favorecieron este drama que pudo haberse evitado", remarcó.
Por su parte, Alejandro Brown, de la Fundación Proyungas de Salta, relativizó el impacto de las actividades agropecuarias pero apuntó sí a la falta de planificación. "Esto era previsibles porque es una zona afectada por fuertes precipitaciones y lo que ocurre es que la planificación es nula", declaró a IPS.
"El uso del espacio en estas zonas está basado en parámetros climáticos que variaron, por eso necesitamos mantener franjas de bosques mucho más extensas que las actuales para preservar las zonas urbanas de este tipo de derrumbes de gran intensidad", subrayó Brown.
