«¿Sabía que quieren echar a Dios de Bolivia?» Así comienza uno de los mensajes de televisión que opositores al presidente izquierdista Evo Morales difunden con insistencia antes del referendo constitucional convocado para el día 25.
El proyecto impulsado por el gobierno elimina la cláusula de la Constitución vigente según la cual el Estado boliviano " reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana". La Iglesia Católica no participa formalmente en el debate, pero la oposición esgrime este cambio entre sus argumentos.
El mensaje de los contrarios a la reforma "es una manipulación mediática" afirma el sacerdote católico y antropólogo Xavier Albó, quien confía en que el espíritu de pluralidad que reivindica el oficialismo para su proyecto no restringirá la actividad de su Iglesia.
Un debate sobre la fe religiosa "es inoportuno porque de ninguna manera el proyecto de constitución plantea un estado ateo, ni condena a las religiones", dijo a IPS el diputado José Pimentel, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
"Es un problema artificial y la propia Iglesia Católica aclaró que no es su consigna", recordó el legislador.
La reforma en ciernes, aprobada por una Asamblea Constituyente y ajustada por el Congreso Nacional legislativo el 21 de octubre pasado, se propone una "refundación de la república" en un esquema de "revolución democrática y cultural".
"Elija a Dios, vote 'no'", remata uno de los anuncios pagados por la organización Iglesias Re Unidas, que carece de personería jurídica y de respaldo de las autoridades católicas.
El artículo 4 del proyecto expresa que "el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones" y "es independiente de la religión".
En cambio, la Constitución vigente establece en su artículo 3 que "el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana", aunque "garantiza el ejercicio público de todo otro culto".
"Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede", continúa el artículo.
Albó recordó que hasta 1880 la religión católica gozaba de rango oficial en Bolivia. En posteriores reformas se abrió más espacio a otras corrientes religiosas, aunque la Iglesia Católica posee mayor relevancia que las otras. El Nuncio Apostólico (embajador del Vaticano), por ejemplo, preside el cuerpo diplomático en actos protocolares.
En cada festejo de fechas patrias nacionales y departamentales, la Iglesia Católica celebra una misa de acción de gracias a la cual asisten como invitados el presidente, el vicepresidente y el cuerpo de ministros.
El estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que 56,55 por ciento de la población practica la religión católica, y que 36,45 por ciento profesa cultos protestantes y evangélicos.
Las relaciones entre la cúpula católica y la administración de Morales atraviesan un terreno difícil. El cardenal Julio Terrazas criticó políticas del gobierno y adhirió a movimientos autonomistas opositores, al anunciar su voto por el 'sí' en el referendo convocado por la prefectura del departamento de Santa Cruz, el 4 de mayo pasado.
Otros sacerdotes, como Albó, respaldan al gobierno de Morales, instalado el 22 de enero de 2006.
El asambleísta de la derechista agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos), José Antonio Aruquipa, explicó a IPS que los impulsores de la campaña de las Iglesias Re Unidas juegan la carta religiosa, acompañada de imágenes de Jesucristo, alentados "por la actitud beligerante y de ataque constante del presidente Morales a la Iglesia Católica".
"En este caso se usa el temor ciudadano provocado por la actitud del Presidente y no por el contenido de la constitución", explica el asambleísta.
En opinión de Aruquipa, el artículo 4 del proyecto de constitución refleja la situación actual de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, por la cual la segunda no ejerce injerencia en las decisiones del gobierno.
Otros artículos garantizan la libertad de educación religiosa y la vigencia de convenios para la administración de centros educativos a cargo de las diferentes congregaciones de fe que operan en Bolivia, explicó.
"Soy creyente y militante de la Iglesia Católica", expresó el parlamentario Pimentel, un luchador de las causas sociales y sindicales desde la época en que trabajaba como obrero de la minería estatal.
El congresista destacó los avances logrados por los papas Juan XXIII y Paulo VI, que en su opinión "alejaron las prácticas discriminatorias y colonizadoras", y reconoció el papel de la Iglesia en la afirmación de valores democráticos.
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