El juramento este lunes de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, con mandato para los próximos siete años, alejó el fantasma de un «golpe técnico» de Estado y descomprime la muy tensa situación política previa, según analistas.
Dirigentes de cuatro de los cinco grupos parlamentarios denunciaron horas antes que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, los presionaba por una reelección de modo irregular de tres de los 15 integrantes del máximo cuerpo judicial, hasta llegar a amenazarlos con irrumpir el orden constitucional.
La Constitución prevé que la elección de la Corte Suprema debe efectuarse cada siete años, el 25 de enero. En caso de no cumplirse ese plazo, el país hubiera caído en una ruptura del orden constitucional al no estar conformado uno de los tres poderes del Estado, según juristas. Finalmente el parlamento eligió los nombres el domingo por la noche al límite mismo del plazo legal,
La nueva Corte se eligió de una nómina de 45 candidatos seleccionados por la llamada Junta Nominadora, integrada por representantes de organismos estatales, sociales, sindicales, académicos y de agrupaciones defensoras de los derechos humanos.
El proceso de selección incluyó la realización, por primera vez, de audiencias públicas en la cual la ciudadanía pudo conocer el pensamiento y visión sobre la aplicación de justicia de los postulados, al tiempo que permitió interponer denuncias en su contra en caso de existir acusaciones.
La Junta Nominadora, que en principio conoció 248 candidatos a la magistratura, depuró la lista hasta llegar a 45 como manda la ley, de los que el Congreso legislativo escogió finalmente a 15. También la norma prohíbe la reelección de magistrados si no es seleccionado previamente, como pretendía el gobernante Partido Liberal (PL).
Juristas, asesores y ministros del gobierno de Zelaya argumentaron que, al respecto, había un vacío legal y pusieron todo el peso político hasta último momento tratando de que el Congreso reeligiera a tres jueces que no integraban la lista de 45. Pero esa postura fue rechazada por los partidos de oposición.
La tensión política llegó a tal extremo que llevó a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, y al comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, a alertar acerca de lo que llamaron "intereses aviesos" promovidos desde la presidencia del país para irrumpir el orden constitucional, lo cual fue avalado por los líderes de oposición.
Marvin Ponce, diputado del izquierdista partido de Unificación Democrática (UD), dijo a IPS que las presiones del Poder Ejecutivo "fueron intensas al grado de vivirse en el parlamento un clima de tensión al trascender que el ministro de Defensa, Arístides Mejía, amenazó a los diputados liberales con echarles las tanquetas (del ejército) y romper el orden democrático si no reelegían a tres magistrados que quería Zelaya".
En esos mismos términos se expresó el líder del Partido Nacional (PN), y candidato a la presidencia para los comicios de noviembre, Porfirio Lobo Sosa. "Me están ofreciendo hasta las tanquetas sino apoyamos la reelección, pero nosotros hemos sido claros que no vamos a reelegir a nadie fuera de la nómina de 45 candidatos y no nos vamos a prestar a romper la Constitución", dijo a IPS antes de la designación.
Mejía negó que amenazara a los parlamentarios de su partido con romper el orden constitucional, "lo que hicimos fue plantearles escenarios acerca de lo que podría pasar si no se elegía una Corte", acotó.
El presidente Zelaya sostuvo largas reuniones con los diputados de su partido para convencerlos de que apoyaran la reelección de esos jueces y, al no lograrlo, abandonó molesto las negociaciones que se realizaban en uno de los salones del Congreso, cuyo acceso estuvo las últimas 24 horas reforzado por un inusual cordón militar y policial con 200 efectivos.
En Honduras, ha sido una tradición que la conformación de la Corte Suprema de Justicia sea un reparto político entre las dos principales fuerzas del país, el PL y el PN, quienes se han rotado en el gobierno.
Sin embargo, en esta ocasión, por primera vez, la dirigencia política tradicional experimentó dolores de parto al no encontrar entre los 45 nominados magistrados leales a esos partidos, según analistas consultados por IPS.
"Las presiones del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo solo evidencian las contradicciones al interior del PL, por lo que se espera que esta nueva Corte sea menos politizada y más encaminada hacia un proceso de reforma del sector justicia que tanto necesita el país, ante los bajos niveles de credibilidad que afronta", dijo a IPS la analista Julieta Castellanos.
La nueva Corte de Justicia fue aprobada con la venia de los partidos Liberal, Nacional y la Democracia Cristiana, pero no contó con los votos de Unificación Democrática y de la socialdemocracia, por considerar que sigue la tradición del reparto entre el bipartidismo político.
El proceso de elección de los jueces fue acompañado por cientos de personas, quienes permanecieron por tres días apostados frente a la sede del Congreso, presionando porque se cumpliera la ley. El poder judicial hondureño, según el no estatal Consejo Nacional Anticorrupción, no goza de la confianza y credibilidad de más del 50 por ciento de la población del país.
