Una organización compuesta por agentes activos y en retiro de la Dirección de Inteligencia de Marina (Dintemar) de Perú, especializados en escuchas telefónicas y que se dedicaban al espionaje, fue desbaratada por la fiscalía y la policía.
Los espías trabajaban en una empresa de fachada denominada "Business Track" (BTR), que ofrecía servicios de contraespionaje a compañías privadas e instituciones estatales como el Congreso legislativo, la Contraloría General de la República y la Municipalidad de Lima.
El propietario de la compañía BTR es el contralmirante en retiro Elías Ponce, ex oficial de la Dintemar a quien se le atribuye la desaparición de dos estudiantes universitarios en 1993, y es conocido por su estrecha relación de amistad con el primer vicepresidente de la República, el vicealmirante en retiro Luis Giampietri Rojas.
Ponce fue detenido por la policía junto con el capitán de corbeta en retiro y experto en espionaje electrónico Carlos Tomasio y el técnico naval en retiro especialista en escuchas telefónicas Jesús Tirado. También fueron arrestados los técnicos en actividad Jesús Ojeda y Martín Fernández, ambos en funciones en la Dirección de Inteligencia de la Marina. La ejecutiva de ventas de BTR, Giselle Gianotti, es la sexta persona apresada por su relación con la organización de espionaje telefónico.
De acuerdo con la resolución del juez Edwin Yalico, quien ordenó las detenciones, un ex agente de inteligencia naval que había sido despedido de BTR ofreció a la fiscalía especializada en crimen organizado información sobre las actividades ilegales de la compañía. El informante pidió a cambio protección y beneficios legales.
El "colaborador eficaz" como se le denomina judicialmenteno sólo reconoció que había participado en el espionaje telefónico sino que también reveló que BTR organizó las escuchas clandestinas de las conversaciones al ex ministro del primer gobierno de Alan García (1985-1990), Rómulo León Alegría, entre marzo y septiembre de este año. En la primera semana de octubre pasado, medios de comunicación limeños divulgaron los diálogos de León con ministros y autoridades del gobierno con la finalidad de conseguir la adjudicación de lotes petroleros para la empresa noruega Discover Petroleum, en la que trabajaba como "lobbista".
Efectivamente, Discover Petroleum obtuvo la concesión de cinco lotes petroleros y faltaban sólo algunos días para la firma de los contratos respectivos, pero la operación comercial se frustró debido a la revelación de los llamados "petroaudios".
La difusión de los diálogos telefónicos produjo la salida del primer ministro Jorge del Castillo, el derrumbe del gabinete ministerial y desató un escándalo político que melló fuertemente la credibilidad del gobierno de García.
Según la declaración del colaborador eficaz, que consta en la resolución del juez Yalico y cuya copia obtuvo IPS, el directivo de BTR, Elías Ponce, era quien recibía los números de teléfonos de las personas de las que sus clientes deseaban obtener información mediante el espionaje telefónico.
Ponce entregó los números de Rómulo León a los agentes en actividad Jesús Ojeda y Martín Fernández quienes al mismo tiempo que trabajaban para la institución militar estaban en las planillas de BTR—, y estos utilizaban los equipos de interceptación telefónica de la Dirección de Inteligencia de la Marina para interceptar los teléfonos requeridos.
Una vez que Ojeda y Fernández terminaban su trabajo y se lo entregaban a Ponce, éste suministraba las grabaciones a Jesús Tirado para que hiciera la trascripción, que luego eran analizados por Carlos Tomasio. De acuerdo con el informante, el resultado final las conversaciones editadaslas filtraba a la prensa Giselle Giannotti.
Para acreditar la veracidad de su declaración, el testigo protegido entregó a las autoridades grabaciones obtenidas mediante el espionaje telefónico, así como sus respectivas trascripciones.
Fuentes de la fiscalía que participaron en la operación, que por primera vez sacó a la luz a una organización dedicada a las escuchas telefónicas con participación de agentes en actividad y retiro de la Dirección de Inteligencia de la Marina, precisaron que ahora las investigaciones se concentran en identificar a las personas que pagaron a BTR para espiar los teléfonos de Rómulo León.
Por el relato del testigo protegido se desprende que quien financió las escuchas clandestinas a León era alguna compañía competidora que deseaba evitar que Discover Petroleum no obtuviera la concesión de los lotes petroleros.
"Buscaban conocer a qué personajes del gobierno recurría Rómulo León para conseguir las concesiones", dijeron a IPS fuentes relacionadas con la investigación fiscal: "Una vez descubiertos, decidieron filtrar los audios a la prensa para que el escándalo echara a perder la firma de los contratos. Pero no contaban con que la difusión de los 'petroaudios' iba a ocasionar un impacto devastador en el gobierno".
Tres ex ministros se encuentran bajo investigación: ex el primer ministro Jorge del Castillo, Hernán Garrido (Vivienda) y Carlos Vallejos (Salud), además de una docena de directivos de las compañías estatales Petroperú y Perupetro.
El equipo de la policía vigiló durante casi cuatro semanas a los empleados de la compañía BTR y registró en vídeo que los agentes Jesús Ojeda y Martín Fernández salían de una casa que es utilizada por la Dirección de Inteligencia de la Marina como centro de operaciones de contrainteligencia, y luego se dirigían a su centro de labores clandestino en BTR. A veces también se dirigían primero a BTR y después al lugar en el que trabajaban oficialmente.
Sin embargo, el juez del caso no concedió a la policía autorización para ingresar en el centro de operaciones de contrainteligencia. Lo hizo varias horas después, permitiendo que eventualmente los implicados retiraran evidencias del lugar.
Los agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas tienen prohibido ofrecer sus servicios a compañías particulares.
El ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, negó que la Marina tenga en su poder equipos de espionaje telefónico, y rechazó con más energía que haya agentes de inteligencia entrenados para realizar escuchas clandestinas.
Sin embargo, fuentes de IPS en la propia Marina confirmaron que existen dichos equipos y que son destinados en la actualidad en la lucha contra el insurgente Sendero Luminoso en los valles cocaleros de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), donde las fuerzas armadas aplican el "Plan Excelencia" para erradicar a los subversivos.
Mediante un comunicado, BTR negó que se dedique al espionaje telefónico y afirmó que no tiene ninguna vinculación con los "petroaudios".
Fuentes de BTR que revisaron la resolución judicial donde se consignan las declaraciones del colaborador eficaz reconocieron que se trataba de una personaje que tenía acceso a la empresa porque conocía en detalle a la mayoría de sus integrantes y sus respectivas funciones.
"No sabemos qué motivaciones lo condujeron a atribuirnos responsabilidades", dijeron las fuentes.
De los seis detenidos, según fuentes de IPS en la fiscalía, Gisella Giannotti pediría acogerse a la figura de la "confesión sincera". Es decir, reconocería los ilícitos que cometió y proporcionaría información clave sobre la organización. Dependiendo del valor de los datos, podría recibir una disminución de pena.
