Mientras los indígenas bolivianos celebran el estado plurinacional establecido por su nueva Constitución, los brasileños aún enfrentan restricciones para disponer de sus tierras. Unos y otros tienen un común mensaje ambientalista para el mundo.
Centenares de nativos ocuparon en la mañana de este martes una cancha de la Universidad Federal Rural de la Amazonia, en esta septentrional ciudad brasileña de Belém, para formar con sus cuerpos la frase "Salve Amazonia", luego convertida en "SOS Amazonia".
"No se trata solo de salvar los bosques, sino también los pueblos amazónicos, su tradición, su cultura", explicó Davi Kaiapó, cacique del grupo étnico más numeroso en la manifestación y en el Foro Social Mundial (FSM) que se inauguró algunas horas después con una marcha de miles de personas bajo lluvia en el centro de Belém.
Pintados como para la guerra, "en defensa de la Amazonia", más de 180 kaiapós están presentes en el FSM. La etnia suma unas 15.000 personas y se concentra en el sur del norteño estado de Pará, informó el cacique.
El FSM, que se celebrará hasta este domingo, es el mayor encuentro mundial de organizaciones y movimientos contrarios al modelo capitalista imperante y que reclaman otro tipo de globalización.
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Esta edición del FSM en una ciudad amazónica es la oportunidad para que "pueblos ignorados y atropellados en sus derechos se expresen" con un mensaje al mundo, dijo a IPS el boliviano Egberto Tabo, del pueblo cabineño y representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
"Somos los únicos protectores de la naturaleza", combatimos la deforestación causada por la agricultura de monocultivos y los grandes proyectos energéticos, mineros, petroleros, en una lucha que ahora se reconoce coincidente con el interés de toda la humanidad, ante la amenaza del cambio climático, señaló.
Con un indígena en la presidencia del país, Evo Morales, los bolivianos avanzaron en algo aún impensable en naciones vecinas como Brasil, una Constitución que asegura un estado plurinacional, estatus que alcanzó también otro país de numerosa población aborigen, Ecuador.
De esa forma se garantiza un gobierno propio, se incorporan derechos y el sistema jurídico de cada uno de los 36 distintos pueblos indígenas que componen 70 por ciento de la población boliviana, aseveró Tabo.
La nueva Constitución, ratificada en un referendo nacional el domingo, reconoce el ejercicio de la justicia comunitaria étnica, que sólo remite los casos a la justicia ordinaria cuando lo considera más adecuado, explicó. Eso ha sido la práctica "siempre", pero ahora se consolida formalmente, aseguró.
En Brasil es "muy difícil" pero "no imposible" alcanzar esa conquista, según Marcos Apurinán, líder de un pueblo del interior profundo de la Amazonia. Si un obrero, Luiz Inácio Lula da Silva, alcanzó la presidencia, no se puede descartar que un indígena logre esa posición, especialmente después de que Barack Obama llegara a ser mandatario en Estados Unidos, dijo.
Pero "este momento es para buscar sustentabilidad en las tierras indígenas" de Brasil, ya demarcadas pero aún amenazadas por la invasión de la soja, los mineros, el agronegocio y los grandes proyectos que hacen parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) del gobierno, sumados a las iniciativas de integración física de América del Sur, que incluyen grandes carreteras y centrales hidroeléctricas.
Es hora del diálogo, de hacer propuestas, pues "ya peleamos mucho", reconoció el líder de la etnia apurinán, defendiendo las negociaciones con el gobierno y alianzas con otras fuerzas sociales para la "construcción conjunta de la Casa Grande", un país que respete la diversidad de los pueblos.
Pero es otra la realidad que viven los indígenas de Raposa Serra do Sol, un territorio de 1,7 millones de hectáreas en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana. Allí viven casi 20.000 personas de cinco grupos étnicos que luchan por su reserva hace más de 30 años.
La tierra fue demarcada y homologada por Lula más de tres años atrás, pero el proceso está pendiente de un proceso en el Supremo Tribunal Federal, que debe concluir en febrero.
Una votación parcial de los magistrados del máximo tribunal judicial del país aseguró en diciembre una mayoría a favor de mantener la integridad territorial de la reserva, sin excluir partes ocupadas por hacendados, como pretendían algunos demandantes, productores locales de arroz.
Pero los magistrados aprobaron por mayoría 18 condiciones, algunas de las cuales son "inconstitucionales" y restringen derechos tanto de los indígenas de Raposa Serra do Sol como del resto de Brasil, dijo a IPS la abogada Joenia de Carvalho, más conocida por el apellido Wapichana, que es el nombre de su pueblo.
Una de esas condiciones permite que los militares, los proyectos como centrales hidroeléctricas y otras actividades se implanten en la reserva sin consulta previa a los indígenas, imposición que viola también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Otra restricción que quieren imponer los jueces va más allá de Raposa, porque veda la revisión de tierras indígenas ya demarcadas, cuando se sabe que hay numerosas reservas en proceso de revisión, porque su demarcación no reconoció áreas que eran tradicionalmente ocupadas por los indígenas y que les corresponden por la Constitución, arguyó la abogada.
Los indígenas, la mayoría guaraníes, que viven en el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste de Brasil, sobreviven en áreas insuficientes para su población y están a la expectativa de su ampliación, en un proceso de nueva demarcación iniciado por la Fundación Nacional del Indígena, órgano del gobierno encargado de la política para las poblaciones autóctonas.
Los indígenas presentes tratarán de discutir y exponer sus derechos en este FSM. Su histórica defensa de la naturaleza ganó fuerza por la crisis ambiental que enfrenta la humanidad. Pero los problemas de la tierra y la supervivencia son muy distintos de país a país y para unas y otras etnias.
