Documentos desclasificados en Estados Unidos demuestran que la CIA y diplomáticos de ese país estaban informados de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad de Colombia, que recibe la tercera ayuda militar en importancia de Washington, después de Israel y Egipto.
Los reportes indican que también estaban al tanto de que altos oficiales colombianos alentaban el «body count» o «conteo de cuerpos» para mostrar derrotas contra las guerrillas izquierdistas. En una cantidad no determinada de casos, en realidad los asesinados eran civiles inermes.
Al menos desde 1990 informaban que fuerzas de seguridad colombianas actuaban junto con grupos paramilitares ultraderechistas de narcotraficantes (ver recuadro).
Mientras, el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense certificaba a Colombia en derechos humanos y adelantaba con sucesivos gobiernos la «guerra contra las drogas».
Los documentos en cuestión fueron obtenidos por el National Security Archive (NSA), organización de investigación civil ligada a la Universidad de Georgetown, y publicados el 7 de este mes.
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El Proyecto Colombia del NSA busca identificar y obtener la desclasificación de documentos de los archivos secretos del gobierno estadounidense, sobre su política en Colombia en materia de asistencia militar y de seguridad, derechos humanos, impunidad y guerra contra las drogas.
Los registros revelados arrojan luz sobre una política que influyó durante años en el comportamiento de los oficiales del ejército colombiano, dando lugar a ejecuciones extrajudiciales y a la colaboración con paramilitares traficantes de drogas, dice el NSA.
Esta política, recuerda el NSA, fue examinada últimamente en un informe del ejército de Colombia que aún no ha sido revelado en su totalidad, y que llevó a la destitución de 30 oficiales del ejército a fines de 2008 y a la renuncia del general Mario Montoya de su cargo como comandante de esa fuerza el 4 de noviembre.
Montoya promovió, a lo largo de su carrera, el método del «body count» para certificar éxitos en la guerra contrainsurgente.
Las «mentalidades de body count» servían para escalar grados militares, criticó en uno de esos reportes desclasificados, de 1994, el entonces embajador estadounidense Myles Frechette.
Los oficiales «en terreno» quedaban en desventaja a la hora del ascenso si no podían «demostrar un historial de récords de una agresiva actividad antiguerrillera (en la que se produce la mayoría de las violaciones a los derechos humanos)», reportó el diplomático.
[pullquote]1[/pullquote]Los documentos «generan importantes interrogantes sobre las responsabilidades históricas y legales que el ejército tiene que aclarar, sobre lo que parece ser un incentivo institucional y de largo plazo para cometer asesinatos», escribe el analista de NSA Michael Evans, director del Proyecto Colombia de esa entidad.
Evans espera que el Ministerio de Defensa de Colombia revele los resultados del informe, del cual critica «la forma como fue conducida la investigación, en absoluto secreto y con consecuencias legales para los responsables aún inciertas».
Una avalancha de casos se conocieron a partir de septiembre, luego de que aparecieron 11 cadáveres reportados por autoridades militares como de guerrilleros o paramilitares muertos en combate en distintas fechas, pero siempre dos o tres días después de que esas personas desaparecieron de sus hogares en la humilde zona sur de Bogotá.
Aunque el gobierno derechista de Álvaro Uribe mostró sorpresa e indignación, pronto se conoció un antecedente.
El hoy embajador colombiano en la Organización de Estados Americanos, Camilo Ospina, cuando era ministro de Defensa de Uribe firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005, de carácter secreto y 15 páginas de extensión.
La Directiva fija recompensas por capturas o bajas de jefes de fuerzas ilegales, material de guerra de todo tipo e información militar, así como sobre actividades de la cadena del narcotráfico.
Según W Radio, que reveló la Directiva secreta el 31 de octubre, esto pudo propiciar ejecuciones extrajudiciales bajo una nueva modalidad, en la que «podría existir una mafia de caza-recompensas aliados con militares».
Pero «no se trata de una infiltración del crimen organizado en las fuerzas militares ni de personas que han violado las normas», aclaró Iván Cepeda, portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). «Como demuestra el informe (del NSA), se trata de una práctica institucional que se ha ejercido desde hace décadas», puntualizó.
La Directiva «cumplió un papel dinamizador y estimulante de esa situación», porque generó un sistema de alicientes donde lo importante eran los resultados, «menospreciando métodos y controles y la observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario», señaló.
Por otra parte, Cepeda considera que la acción del paramilitarismo y de los escuadrones de la muerte de ultraderecha y el «body count» por parte del ejército se entrelazan.
Las fuerzas de seguridad usaban a los paramilitares para mostrar resultados.
«Los paramilitares entregaban a los militares cadáveres de personas que supuestamente eran miembros de la guerrilla y que, en realidad, eran personas que esos grupos asesinaban de manera selectiva», dijo a IPS.
Cuando la matanza se generalizó, los propios militares pidieron a los paramilitares que hicieran desaparecer los restos para no afectar los índices de homicidios, según han confesado ultraderechistas desmovilizados tras pactos con el gobierno.
Los documentos desclasificados ponen en evidencia «que ha habido una actitud complaciente de las fuerzas militares de Estados Unidos y también de sus diplomáticos y de sus gobiernos (sucesivos) con esa clase de prácticas», señaló Cepeda.
Sus contenidos coinciden con lo que ha podido establecer el proyecto «Colombia nunca más», una monumental investigación de memoria histórica que adelantan 17 organizaciones desde 1995.
«Colombia nunca más logró crear un banco de datos en el que hay más de 45.000 violaciones, cerca de 25.000 de ellas fueron ejecuciones extrajudiciales», indicó el portavoz del Movice. «Los desaparecidos son unos 10.000, entre 1966 y 1998», añadió.
Las guerrillas marxistas surgieron en 1964 y los paramilitares en 1982, pero estos últimos iniciaron una letal ofensiva a partir de 1997.
Cepeda anunció a IPS que el Movice iniciará en los próximos meses un proceso de organización de personas afectadas por estas prácticas, que culminará en un encuentro nacional, para discutir «qué vías de verdad y justicia se van a asumir de manera organizada por parte de las víctimas de esta práctica».
