El activista Iván Cepeda Castro renunció a la indemnización monetaria dispuesta por el Estado por el asesinato de su padre, el periodista y senador opositor Manuel Cepeda Vargas, perpetrado hace más de 14 años. «Es por mi derecho a la verdad», dijo a IPS.
El Consejo de Estado condenó a la Nación, el 10 de diciembre, por "omisión", al no haber garantizado la seguridad del amenazado parlamentario de la Unión Patriótica (UP).
Cepeda Vargas fue ejecutado extrajudicialmente el 9 de agosto de 1994 en Bogotá por un comando mixto integrado por dos suboficiales del ejército, que fueron condenados por este crimen, y por tres presuntos sicarios pagados por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, entonces jefes paramilitares de ultraderecha.
En una comunicación a la Corte Suprema de Justicia en 2004, la Procuraduría General de la Nación (ministerio público) dijo que "hubo una actuación coordinada de los dos grupos que aseguraron el éxito del propósito criminal".
Sin embargo, el Estado colombiano no reconoce aún que sus agentes actuaron junto con paramilitares ligados al narcotráfico para asesinar al senador de la UP. La investigación sigue abierta, pero no avanza.
El parlamentario asesinado tenía desde 1992 medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
El Consejo de Estado anunció el fallo luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el 1 de diciembre la demanda contra Colombia presentada por la Comisión, ambos organismos integrantes del sistema de la Organización de Estados Americanos.
Al defensor de derechos humanos Cepeda Castro le corresponden unos 22.245 dólares, que entregará a una fiducia con verificación pública, para financiar los estudios de descendientes de víctimas de la matanza contra la UP.
Algunos de ellos, señala el activista, "viven en condiciones infrahumanas". "Muchos sufren ostracismo social, no pueden decir públicamente que son víctimas de la UP. Muchas familias fueron decapitadas, asesinados el papá y la mamá", añadió.
La única hermana de Cepeda Castro, en el exilio, sí aceptará la indemnización, por esa misma suma.
La entonces compañera de Cepeda Vargas, alejada de los hijos del senador que era viudo de la periodista Yira Castro, a su vez también cobrará los 464.110 dólares que le asignó el fallo.
Iván Cepeda anunció que tampoco recibirá el pago que eventualmente ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Su fallo se espera para el segundo semestre, según Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización peticionaria ante la justicia interamericana junto con los hermanos Cepeda Castro.
Este activista, a su vez portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, considera que el dinero está muy lejos de rehabilitar la memoria de su padre, reparar moralmente a los deudos o garantizar la no repetición de hechos similares, dado que la justicia nacional no se pregunta por los autores intelectuales.
La UP surgió como partido en mayo de 1985, tras la firma de los pactos de paz con el gobierno de entonces de Belisario Betancur (1982-1986) que buscaban reintegrar a la vida civil a los miembros desmovilizados de la guerrilla campesina Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A la naciente agrupación política se unieron distintas corrientes, incluyendo mayoritariamente al Partido Comunista, a cuya dirección nacional pertenecía Cepeda Vargas.
La UP se estrenó en elecciones en 1986 y logró la mayor votación de la izquierda hasta entonces en este país andino. El avance se mantuvo en los comicios de 1988.
Por eso la UP "pasó a ser percibida como una amenaza por los sectores tradicionales, que vieron en su triunfo un ataque a sus privilegios, y la victoria del comunismo internacional", consignó en un informe de 1994 el senegalés Bacre Waly Ndiaye, por entonces Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas.
El exterminio de militantes y autoridades electas de la UP comenzó desde su propio surgimiento, hasta que en septiembre de 2002 perdió vida jurídica por decreto oficial, al no alcanzar el umbral mínimo de votos.
En medio de la intensa matanza, las FARC se retiraron de la UP a fines de 1987, previo rompimiento de la tregua y del proceso de paz.
En marzo de 2007 fueron registradas ante la Comisión Interamericana 5.310 violaciones a los derechos humanos de miembros de la UP, entre ellas 2.350 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluidos dos candidatos presidenciales.
El caso colectivo Unión Patriótica es el más grande en la historia de la justicia interamericana. Sus peticionarios son la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Las cuentas ante la Comisión Interamericana siguen subiendo y son actualizadas cada seis meses.
Según Jahel Quiroga, directora de Reiniciar, "en el primer gobierno (del actual presidente Álvaro Uribe, 2002-2006) mataron a 146 personas de la UP, desaparecieron a 38 y desplazaron gente, especialmente del Guaviare", departamento selvático al sur del país.
"Por lo menos 200 familias del Guaviare fueron puestas en Bogotá y en el (central departamento del) Meta, que nosotros atendimos", dijo a IPS.
A instancias de la Comisión de la OEA, que exigió intentar una "solución amistosa", desde 1998 Reiniciar y la CCJ integran junto con el gobierno el Comité de Protección a las Víctimas de la UP, que se reúne cada 15 días y dispone de un presupuesto que brinda auxilios económicos a los sobrevivientes.
Pero Colombia, "desde que empezó (la administración de) Uribe, no cumplió con los compromisos que se habían hecho con el gobierno anterior y comenzó a perseguir y a fustigar a la gente", acusó Quiroga.
Uno de los principales objetivos de la agresividad verbal del presidente Uribe ha sido precisamente Iván Cepeda Castro.
La acumulación de ataques e incumplimientos, y un aviso televisivo en la campaña por la reelección de Uribe en 2006, que señalaba a los militantes de la UP de asesinos, puso fin ese año a la etapa de "solución amistosa".
Sin embargo, el Comité determina auxilios y mantiene programas sobre "proyectos productivos, ayudas humanitarias, asistencia psicológica, capacitación, billetes de avión y apoyo en salud y vivienda", al tiempo que Reiniciar "ayuda a pagar la matrícula del colegio", sostuvo la directora de esa entidad.
Quiroga reconoce que el programa cuenta con recursos cuantiosos, aunque "no lo suficiente para estabilizar a la gente". "La idea es que eso pueda seguir y que a través de él se pueda hacer el programa de reparación a las víctimas, cuando haya una decisión del Estado", apuntó.
Para Cepeda Castro, la reparación por el asesinato de su padre pasa por la restitución del escaño en el Senado y la dignificación de su memoria mediante "un acto público de trascendencia nacional e internacional donde el Estado no sólo pida excusas".
También, que reconozca quiénes ordenaron esa muerte y quiénes están detrás del exterminio de la UP, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifica como "una ejecución extrajudicial en un contexto de ataques sistemáticos contra una población civil, (lo que) constituye un crimen de lesa humanidad".
Cepeda Vargas era miembro del consejo de redacción y columnista del semanario comunista Voz, medio que dirigió durante 18 años hasta 1991, cuando fue elegido al parlamento.
Por eso para Cepeda Castro, la reparación, en su caso, también incluye dignificar la labor de ese medio al que en tiempos de la matanza le eran incineradas o decomisadas sus ediciones, y "restituir los bienes conculcados a Voz, tras sufrir atentados contra sus periodistas e instalaciones".
Para la Comisión Interamericana, la ejecución de este líder político y periodista "vulneró el derecho a la libertad de expresión previsto en el Artículo 13 de la Convención Americana", también conocido como Pacto de San José sobre derechos humanos.
