Tras un pulso de un mes por la liberación de seis personas cautivas de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Álvaro Uribe aceptó brindar garantías para la operación, que se espera ocurra antes de febrero.
"El gobierno nacional reitera su confianza en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y seguirá brindando todas las garantías para concretar la liberación de secuestrados anunciada por las FARC. Igualmente autoriza a la senadora Piedad Córdoba para que haga parte de dicha misión", dice el breve comunicado emitido la tarde del miércoles.
En respuesta a la iniciativa de un "diálogo público epistolar" iniciado en septiembre, coordinado por la senadora liberal Córdoba y suscrito por 150 intelectuales y periodistas respaldados por 25.000 firmas, las FARC anunciaron el 21 de diciembre que dejarán en libertad de manera unilateral a dos rehenes y a cuatro prisioneros de guerra.
Tras una reunión realizada al mediodía del miércoles con el alto Comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, la senadora dijo que ésta había sido "muy positiva" y que "el gobierno (está) en muy buena tónica".
"Piedad planteó que estamos al inicio de un proceso largo que puede ser el primer paso para la construcción de un eventual proceso de paz. Eso abrió las posibilidades para que (en la reunión con Restrepo) le dijeran sí a todo", dijo a IPS Alpher Rojas, analista y director del Instituto de Estudios e Investigaciones Sociopolíticas Inestco, y coordinador del "diálogo público epistolar".
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El presidente Uribe se adelantó el 6 de diciembre a calificar de "una nueva celada" los esfuerzos a través del "diálogo público epistolar", y reiteró su rechazo frontal a la posibilidad de un canje de prisioneros con las FARC.
La evolución en la posición gubernamental, según Rojas, se debería a que el gobierno derechista "finalmente entendió que no podía aguantar más la indecisión sobre este caso".
En una carta conocida el miércoles, pero con fecha del 30 de diciembre, las FARC indican que los liberados serán entregados a la senadora Córdoba, acompañada de alguno de los firmantes del diálogo público epistolar, ahora convertido en "movimiento" bajo el nombre de "Colombianos por la Paz".
La aparente condición propuesta por la guerrilla izquierdista en su carta, de que la operación de liberación debe contar como garante con "alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional", no se convirtió en un obstáculo.
Aunque esa participación internacional "no está completamente descartada", según Rojas, "ya no es un punto de discusión que enfrente a las partes".
Desde la fecha de la carta de las FARC, hasta el miércoles, "otras cosas ayudaron a que eso no se atravesara", agregó, y se abstuvo de dar detalles.
"En una negociación sobre garantías no se puede expresar una sola propuesta. Al haber sido acogidos otros puntos de vista surgieron otras alternativas dentro del menú de garantías", señaló Rojas". "No se propuso una sola opción", apuntó.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebró que las partes le hayan confiado el diseño y la logística de la operación de liberación.
Pero Córdoba advirtió al comisionado Restrepo que, una vez que ella conozca las coordenadas, sólo las entregará "en el aire", es decir en pleno vuelo, cuando estén en marcha los operativos.
Los liberados, según la guerrilla, serán los civiles Alan Jara y Sigifredo López, así como cuatro uniformados cuya identidad no fue proporcionada.
Jara, ex gobernador del central departamento de Meta, es rehén de las FARC desde el 15 de julio de 2001. Fue capturado cuando se movilizaba en un vehículo de la Organización de las Naciones Unidas, mientras acompañaba una misión de ese foro.
López es el único sobreviviente del grupo de 12 diputados departamentales (legisladores regionales) del occidental Valle del Cauca, capturados el 11 de abril de 2002 por las FARC en plena sede de la Asamblea Departamental.
Todos sus pares capturados en la misma acción perecieron en cautiverio en confusos hechos registrados el 18 de junio de 2007.
Jara y López son los últimos civiles en el grupo del que hacía parte la dirigente política Ingrid Betancourt, y que la guerrilla propone intercambiar por guerrilleros presos mediante un acuerdo que obligaría al diálogo con el gobierno.
Las FARC aún retendrán a 22 combatientes para ese canje. La cifra de rebeldes presos se desconoce, pues las autoridades suelen encarcelar como guerrilleros a campesinos que habitan en zonas de presencia insurgente.
Para las FARC, el intercambio de prisioneros de guerra servirá para ambientar "fases posteriores que allanen caminos hacia acuerdos de paz", dijo el comandante de esa guerrilla Alfonso Cano en entrevista a la revista española Cambio 16, y reproducida el miércoles en el sitio web de la insurgencia.
La guerrilla indicó que las liberaciones se harán en dos tandas, comenzando por tres agentes de policía y un soldado, es decir uniformados rasos.
Según un listado dado a conocer por las FARC el 21 de agosto, los únicos cautivos de esa graduación son el soldado profesional William Domínguez y los policías Juan Fernando Galicio, José Walter Lozano y Alexis Torres.
Sobre los tres policías, las FARC comentaron que "el gobierno no ha informado (de su cautiverio) a la opinión pública ni ha hecho ningún reclamo, ya que por ser humildes, poco le sirven para la propaganda".
Betancourt fue rescatada el 2 de julio en la cinematográfica e incruenta operación "Jaque", de inteligencia militar, en la que recobraron la libertad también 14 combatientes, incluidos tres estadounidenses "contratistas" del contrainsurgente y antidrogas Plan Colombia, financiado por Washington.
"Jaque" generó críticas porque los militares colombianos utilizaron el emblema del CICR, así como la cobertura de una misión humanitaria internacional inspirada en anteriores liberaciones logradas por Córdoba y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a comienzos de 2008.
Debido a ello, la participación del experimentado organismo neutral sería, según las FARC en la carta del día 30, "una buena garantía aunque insuficiente". El CICR mantiene, en todo caso, inalterados contactos con la guerrilla tanto como con el gobierno.
La guerrilla no impuso el involucramiento de gobiernos extranjeros, una condición que rechazó vehementemente Uribe tras la crisis diplomática con Venezuela, desatada a partir de que el mandatario colombiano canceló abruptamente la mediación de Chávez y Córdoba.
Para financiarse, las FARC recurren, por otra parte, al secuestro extorsivo de personas a las que considera acaudaladas.
"Colombianos por la Paz" le preguntó a esa guerrilla el 27 de noviembre si está dispuesta a abandonar esa práctica, a lo que las FARC respondieron que "no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos".
Por primera vez, en 2008 se registraron en Colombia masivas movilizaciones urbanas para rechazar el secuestro, lo que desconcertó a la guerrilla, según rehenes liberados a comienzos de ese año.
La organización no gubernamental País Libre, que basa sus estadísticas en las del Ministerio de Defensa, contabiliza que las FARC son responsables del 28,9 por ciento de los secuestros extorsivos en el país andino.
El acumulado total de secuestros extorsivos cometidos en Colombia por diversos autores incluyendo la delincuencia común, desde 1996 hasta junio de 2008, era de 15.331 casos, según la misma fuente.
*Constanza Vieira es firmante del Diálogo Público Epistolar
