La senadora colombiana Piedad Córdoba logró imprimir celeridad a la liberación de un grupo de seis cautivos de la guerrilla de este país. «La primera liberación será el domingo, y serán sucesivas. Son tres entregas», dijo a la prensa.
La misión humanitaria es coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con aeronaves, tripulación y logística aportadas por Brasil.
Las naves serían dos helicópteros brasileños, cada uno con cinco tripulantes puestos por Brasilia. Partirán de territorio de ese país y portarán el emblema del CICR durante toda la operación.
Tras su liberación, los seis cautivos serán entregados a sus familias en territorio colombiano.
Se trata, según el anuncio que en diciembre emitieron las rebeldes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), de cuatro combatientes cuya identidad no ha sido precisada y de los rehenes civiles Alan Jara, ex gobernador, y Sigifredo López, ex diputado (legislador regional).
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La senadora Córdoba anunció que ya dispone de las coordenadas sobre los sitios exactos de la entrega, que no reveló, probablemente en la mitad sureña de este país andino.
Aunque la legisladora advirtió que sólo entregaría esos datos ya en vuelo, una operación de este tipo exige que previamente se señale al menos la región donde tendrá lugar la entrega, pues tanto la planificación logística como la tripulación deben prever las características topográficas y de clima, así como eventuales sitios de reabastecimiento, entre otros aspectos vitales para el éxito de la misión.
Para el efecto, un perito en logística militar enviado por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió este miércoles con Córdoba, el CICR y el alto comisionado para la Paz del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo.
Luego, junto con el CICR, sostuvo un encuentro con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla, y el jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Ballesteros, para afinar aspectos logísticos y garantías respecto a la misión humanitaria.
En esa reunión deben precisarse las regiones donde imperará un cese al fuego durante la operación.
Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que la fuerza pública ya tiene "más o menos" ubicada el área donde estaría el miembro de la cúpula de las FARC, Jorge Briceño, conocido como "Mono Jojoy", y que "vamos a redoblar los bombardeos".
Briceño es comandante del Bloque Oriental de las FARC, con extensa jurisdicción sobre la Orinoquia y el nororiente de la selva amazónica, que abarca desde el centro-sur de Colombia hasta la frontera oriental con Venezuela y Brasil.
Santos hizo coincidir el anuncio sobre la ubicación de Briceño con su reacción a una bomba que explotó en la noche del martes en la Zona Rosa de Bogotá, que causó dos muertos y que el gobierno atribuyó a las FARC.
El ministro aseveró que los bombardeos no afectarán a los secuestrados por esa guerrilla, la principal de este país que vive un conflicto interno desde 1964.
La misión humanitaria estará integrada por tres miembros del CICR y cuatro integrantes del grupo Colombianos por la Paz, encabezados por la senadora Córdoba, que mantienen desde septiembre un Diálogo Público Epistolar con la insurgencia, y en el marco del cual las FARC se comprometieron a las liberaciones.
Acompañan a Córdoba Iván Cepeda, portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, municipio del noroccidental departamento de Antioquia, y la líder feminista Olga Amparo Sánchez, directora de la no gubernamental Casa de la Mujer.
El inicio de la misión humanitaria se aceleró a partir de que la senadora Córdoba, del opositor Partido Liberal, se mostró dispuesta a viajar sólo en compañía del CICR para recuperar a los cautivos.
Hasta el martes, el CICR aseveraba que Brasil pedía un plazo previo de entre 10 y 12 días, contados a partir de la reunión de este miércoles de su experto en logística con Córdoba, el comisionado Restrepo y esa entidad.
Bogotá parecía intentar darle largas al asunto al invocar la participación del Vaticano en estas liberaciones, aunque no inició ninguna gestión diplomática.
La dilación generó desconfianza entre el grupo de Colombianos por la Paz.
Misiones similares lideradas por Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez un año atrás fueron aprovechadas por el ejército de Colombia para montar la operación de inteligencia militar "Jaque", que consiguió en julio la liberación de la política Ingrid Betancourt, tres estadounidenses "contratistas" de la guerra colombiana y 11 uniformados cautivos de las FARC.
Betancourt y los demás estaban sometidos a un canje por un número indeterminado de guerrilleros presos.
Una vez que las FARC liberen a las seis personas que anunciaron, mantendrían en su poder a 22 prisioneros de guerra, sobre los cuales sigue vigente su propuesta de intercambio, tras una negociación que el gobierno rechaza.
El operativo "Jaque" fue incruento y constituyó un duro golpe para las FARC, pero usó de forma ilegítima el emblema del CICR y la cobertura de una misión humanitaria, lo que puso a tambalear la confianza en este tipo de operaciones.
La semana pasada, Córdoba recorrió varias cárceles de este país, donde recolectó denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de los guerrilleros presos, y el lunes entregó un reporte al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.
En medio de jornadas de huelga de hambre en varias penitenciarías a partir del 12 de enero, los presos denunciaron hacinamiento, falta de agua potable y de condiciones higiénicas, omisión de atención médica, abuso de autoridad de la guardia y peligro para sus vidas, pues en algunos casos conviven con sus archienemigos, los paramilitares de ultraderecha también presos.
El humanitario Comité de Solidaridad con los Presos Políticos recordó que en varios fallos la Corte Constitucional estableció que los presos en general están en "especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta" y tienen derechos que el Estado debe respetar, que no quedan invalidados por la privación de libertad.
"La instrucción mía es: a lo que legalmente tengan derecho los presos, hay que respetárselo", dijo públicamente Valencia al término del encuentro con la senadora, y anunció que emprenderá la desmilitarización de la guardia penitenciaria.
En el encuentro con el ministro, Córdoba denunció que algunos firmantes del Diálogo Público Epistolar han sido amenazados de muerte, ante lo cual Valencia ofreció protección inmediata.
* Constanza Vieira es firmante del Diálogo Público Epistolar
