El legado jurídico del pasado régimen militar de Tailandia prevaleció en la Corte Constitucional, que este martes disolvió al partido de gobierno, elegido en las urnas en diciembre de 2007.
El alto tribunal proscribió al Partido del Poder Popular (PPP) y a 37 de sus dirigentes, incluido el primer ministro Somchai Wongsawat. El hasta entonces viceprimer ministro, Chavarat Charnvirakul, asumió la jefatura del gobierno en sustitución de Somchai.
El PPP había sucedido a la junta militar instalada con el golpe de Estado número 18 en los 76 años transcurridos desde la instauración de la monarquía constitucional.
La sentencia de este martes disolvió, además, a otros dos pequeños partidos políticos que integraban la coalición oficialista.
El presidente de la Corte Constitucional, Chat Connlaworn, explicó que "como el tribunal decidió disolver el PPP, se les prohibió actuar en política al líder del partido y a sus ejecutivos".
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El fallo, votado por la unanimidad de los nueve miembros de la Corte (todos ellos designados por el pasado régimen militar), halló culpable al partido gobernante del delito de compra de votos.
La Corte Suprema de Justicia ya había condenado a uno de los principales dirigentes del PPP, Yongyuth Tiyapairat, por violación de las leyes electorales en los pasados comicios.
La sentencia mantiene el tono marcado por el último régimen militar: apuntar contra el partido Tailandeses que Aman a Tailandia (Thai Rak Thai, TRT), que ganó dos elecciones y fue desalojado del gobierno por el golpe de septiembre de 2006.
El TRT fue disuelto y sus 111 principales dirigentes, entre ellos el hasta entonces primer ministro Thaksin Shinawatra, fueron proscriptos por delitos electorales supuestamente cometidos en los comicios parlamentarios de abril de 2006. Sus miembros formaron el PPP para eludir la prohibición.
En esa instancia, se sostuvo que dos ex ministros y altos directivos del partido le habían pagado a grupos pequeños y poco conocidos para que compitieran en la compulsa, con el objetivo de darle un aire de legitimidad a las elecciones.
La Corte Constitucional que hundió al TRT fue una creación del régimen militar. Y las normas que invocaron eran decretos de la junta, dictados para impedir que volviera al poder aquel poderoso partido, con fuerte arraigo entre los pobres de áreas rurales que constituyen la mayoría del electorado.
Las leyes electorales vigentes desde la reforma constitucional de 1997 prevén la proscripción de partidos si sus directivos son condenados por delitos electorales. Sin embargo, esa proscripción no impedía a miembros del sector sancionado presentarse a los siguientes comicios.
Pero la junta "combinó la vieja ley con un decreto emitido por ella misma que ordenaba proscribir por cinco años a los dirigentes de un partido hallado culpable de delitos electorales", dijo a IPS el académico alemán Michael Nelson, experto en política tailandesa.
Y "la norma fue aplicada con retroactividad" en el caso del TRT, explicó.
Un comité designado por la junta para redactar la constitución de 2007 fue aun más allá, al incorporar esos decretos a las leyes electorales. "Institucionalizaron, así, el castigo colectivo", agregó Nelson.
De hecho, el PPP fue formado por miembros del TRT para participar en las elecciones. Por otra parte, su flamante proscripción será poco útil a la hora de acabar con los cada vez más violentos choques entre simpatizantes y detractores de ese partido.
El PPP es el blanco de los ataques de la Alianza Popular para la Democracia (APD), compuesta mayoritariamente por residentes urbanos de clase media y elementos de la elite conservadora, movilizada en las calles desde mayo, primero para que el gobierno renuncie y luego en reclamo, directamente, de un golpe de Estado.
La APD pretende, además, que apenas 30 por ciento de los parlamentarios sean elegidos en las urnas y que el restante 70 por ciento sea designado "a dedo".
Según los líderes de la APD, el PPP actuaba como títere del ex primer ministro Thaksin y mantenía las mismas prácticas corruptas que le atribuían al TRT.
Poco después del golpe, Thaksin se exilió con su familia en Londres para eludir causas judiciales de corrupción pendientes en su contra, así como una condena a dos años y medio de prisión.
Luego del fallo de este martes, la APD anunció que sus seguidores dejarían sin efecto el bloqueo del principal aeropuerto internacional y otro de alcance local, operativos que llevaron las protestas contra el PPP a un nuevo nivel, pero a un alto precio económico para el país.
La APD logró ocupar por la fuerza sitios de gran relevancia simbólica, incluida la sede del gobierno, gracias a la virtual impunidad de la que gozan sus miembros. La afinidad del ejército con este movimiento era evidente, y desde este martes también lo es la simpatía de la Corte Constitucional.
Las movilizaciones callejeras del PPP en respuesta a las de la APD derivaron en choques fatales entre las dos irreconciliables corrientes de la política nacional.
Este martes, hubo momentos de tensión frente a la sede de la Corte Constitucional, cuando simpatizantes del PPP pretendieron impedir el ingreso de los miembros del tribunal.
