México pasó por el más violento año de su historia moderna, con 5.585 asesinatos contabilizados hasta noviembre. Secuestros, decapitaciones, ejecuciones y un atentado contra civiles pintaron el panorama junto a sonados operativos policíacos, reiteradas promesas oficiales y protestas ciudadanas que poco lograron cambiar.
La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó este lunes a reformular la estrategia sobre seguridad, que consideró claramente ineficiente. Además, pidió tomar medidas legislativas, administrativas y políticas para evitar que en México se consolide un estado de "excepción" debido a la creciente militarización en marcha.
En un extenso documento titulado "Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública", la CNDH expone diversos datos que dan cuenta de los graves problemas que sufre el país en la materia, donde la violencia se relacionada especialmente con la lucha entre y contra los narcotraficantes.
Hasta noviembre, la Comisión reportó 5.585 asesinatos, casi el doble que el año pasado. De ese total, 648 fueron policías, soldados y otros funcionarios públicos, cifra muy superior a los 56 muertos en ese grupo en 2007. Además, indicó que los secuestros pasaron de 965 en 2006 a 965 en lo que va de este año.
Según la CNDH, el año pasado se denunciaron 1,7 millones de delitos en el país, de los cuales sólo 246.000 terminaron en una consignación ante un juez y apenas 163.000 recibieron sentencia. La impunidad es de 99 por ciento en México y eso sin contar con los miles de delitos que jamás se denuncian, añadió.
Se estima que en los últimos tres años, incluyendo los delitos que no se denuncian, 48 millones de los poco más de 104 millones de mexicanos que habitan el país fueron víctimas de algún delito.
Los problemas en la justicia se relacionan con la ineficiencia de sus funcionarios y con la corrupción, dijo la CNDH. El organismo informó que en una muestra obtenida en siete de los 32 estados del país descubrió que de las 90.000 órdenes de detención allí emitidas entre 2006 y 2008, poco más 65.500 permanecen sin cumplirse.
En todo México, las órdenes de detención pendientes suman unas 400.000.
Alberto Herrera, director del capítulo mexicano de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, consideró que el informe de la CNDH confirmó que este país vive una situación de gravedad extrema en materia de seguridad.
"Sin seguridad pública no hay derechos humanos, pero también sin derechos humanos no hay seguridad pública. Esa es la situación de México", advirtió Herrera ante la consulta de IPS.
Al director de Amnistía le preocupa sobremanera que la creciente violencia delincuencial genere "un discurso beligerante y violento de venganza social, cada vez más recurrente".
Herrera aludió así a una propuesta del gobierno del nororiental estado de Coahuila, que presentó un pedido formal para reinstaurar la pena de muerte contra los delincuentes más violentos. La sugerencia, que será analizada en el parlamento el año venidero, tiene pocas posibilidades de aprobación pues la mayoría de políticos y el gobierno nacional la rechazaron.
Pero la respuesta beligerante también se relaciona con el hecho de que sean los militares los que hayan asumido papeles de policías en la lucha contra el narcotráfico, según lo dispuso el gobierno del conservador Felipe Calderón al iniciar su mandato en diciembre de 2006, y que en esa tarea hayan incurrido en diversas violaciones a los derechos humanos, consideró Herrera.
No hay un proyecto a mediano plazo "claro y efectivo" para terminar con la participación de los militares, "al menos yo no lo conozco", expresó el director de Amnistía Internacional.
La CNDH, que en reiteradas ocasiones ha cuestionado el papel policial asumido por los soldados y ha denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, entre ellas torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias, también demanda un cambio urgente en este punto.
Debe trazarse un plan para que sean las policías, como parte de un sistema efectivo de procuración de justicia, las que asuman las tareas que les corresponde, no los soldados, sostiene la Comisión.
El presidente Calderón ha declarado que la gravedad de los problemas son tales, que sólo los militares pueden combatirá a los narcotraficantes y que esa situación se mantendrá hasta que la policía esté lista. Tal estrategia tiene gran apoyo ciudadano de acuerdo a lo que indican diversas encuestas.
En este año la violencia en México escaló a niveles nunca vistos en el pasado. Decapitaciones, ejecuciones a la vista de todos y hallazgo de cuerpos maniatados y torturados, así como ataques con granadas a diarios, instalaciones militares, fueron parte del panorama.
En septiembre, en un hecho inédito, presuntos sicarios contratados para atacar a narcotraficantes arrojaron dos granadas contra un grupo de personas reunidas en una plaza de la ciudad Morelia, en el centro del país, causando decenas de heridos y ocho muertos.
Pocos días antes, cientos de miles de personas realizaron una manifestación por las calles de diversas ciudades para exigir seguridad y el presidente, legisladores, jueces, gobernadores, empresarios, asociaciones religiosas, grupos sociales y medios de comunicación suscribieron el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Pero poco o nada ha cambiado con ese acuerdo, que reitera promesas para mejorar las policías, aumentar el presupuesto para seguridad y combatir contra la corrupción, entre otras.
La CNDH reportó que en los últimos 10 años se han implementado al menos siete programas nacionales para abatir la inseguridad pública, que desde su punto de vista no cumplieron con sus objetivos.
El año que viene podría seguir la violencia y hasta empeorar a menos que el sistema de justicia y seguridad de México logre pasar de las promesas a los hechos, opinó el director de Amnistía Internacional.
A este activista le preocupa sobremanera que en los programas de cambio, los derechos humanos casi no sean mencionados.
México no puede caer en el falso dilema "de que la seguridad pública y los derechos humanos son conceptos contrapuestos, sostuvo Herrera.
Un Estado donde no se respetan los derechos humanos, es una Estados donde la seguridad pública no existe", añadió.
