La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) urgió a las autoridades de la franja de Gaza y de Cisjordania a conmutar la condena a muerte que pesa sobre 11 palestinos, cuya ejecución parece inminente.
Cortes marciales y tribunales especiales de seguridad estatal dictaron las sentencias este año. Uno de los condenados era menor en el momento del juicio. En dos casos, el proceso duró apenas un día.
El líder histórico de la nación palestina, Yasser Arafat (1929-2004), creó por decreto, mientras ejercía la presidencia de los territorios, los tribunales de seguridad estatal pero sin definir su mandato ni su competencia.
El subdirector de la división de Medio Oriente de HRW, Joe Stork, reclamó una revisión urgente de los casos en cuestión al primer ministro y líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismael Haniyeh, y al sucesor de Arafat al frente de la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.
Las sentencias de pena capital deben ser ratificadas o conmutadas por el presidente de la ANP antes de ser ejecutada, según la legislación palestina.
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"Es muy perturbador que los tribunales palestinos dicten condenas a muerte cuando el resto del mundo va rumbo a la abolición", señaló Stork.
"El presidente Abbas debe asegurar que conmutará las condenas cuando lleguen a su escritorio. Las autoridades palestinas deben anunciar una inmediata moratoria sobre las ejecuciones y eliminar el castigo de su legislación", añadió.
La organización de derechos humanos expresó su preocupación por Said Jameel Zuhod, quien tenía 17 años cuando fue hallado culpable, junto con tres adultos, de asesinato y violación de un menor en Gaza en 2003.
Zuhod fue condenado a cadena perpetua en 2004 por su edad. Pero al año siguiente un tribunal de apelaciones anuló el fallo y lo condenó a muerte. El veredicto fue confirmado por el tribunal supremo de Gaza en octubre último.
Si Zuhod muere en el patíbulo, Palestina se unirá al grupo de naciones que ejecutaron menores después de 2005, integrado por Arabia Saudita, República Islámica de Irán, Pakistán, Sudán y Yemen. Irán es la única en haberlo hecho luego de 2007, según HRW, que tiene su sede en Nueva York.
La legislación internacional prohíbe la aplicación de ese castigo extremo a personas que cometan un delito siendo menores de 18 años. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone, además, severas restricciones para dictar la pena máxima a adultos.
El Código Penal palestino habilita a los tribunales de Cisjordania a dictar la máxima pena por 17 delitos diferentes. En la franja de Gaza son 15.
La pena de muerte en Cisjordania se rige por el Código Penal jordano y, en Gaza, por el egipcio, explicó el Centro Palestino de Derechos Humanos.
Además, la aplicación del máximo castigo fue reforzado por la Ley Revolucionaria Penal de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en 1979.
Pero el Consejo Legislativo no la ratificó, en especial porque se refiere a palestinos acusados de colaborar con Israel.
Muchos condenados a muerte por tribunales palestinos o ejecutadas de forma arbitraria por miembros de organizaciones combatientes estaban acusadas de traición por ese motivo.
Hace siete años, dos de cada tres palestinos encuestados entonces por la organización Angus Reid Global Monitor rechazaban contra la pena capital.
La última vez que un tribunal palestino dictó la pena máxima o llevó a cabo una ejecución fue en 2005. De 1994 a ese año, la ANP dictó 74 condenas a muerte, algunas de las cuales fueron luego conmutadas.
La organización israelí Btselem señaló que las cortes marciales y los tribunales de seguridad estatal, que dictan la mayoría de las condenas a muerte, no cumplen con los estándares internacionales de justicia y violan los derechos humanos.
También se los acusa de realizar juicios sumarios y de no brindar asistencia legal efectiva a los acusados.
En 2001, en un intento por disminuir las fuertes críticas internacionales por la aplicación del máximo castigo, la ANP aprobó la Ley de Procedimiento Penal.
Gracias a esa norma, un condenado a muerte puede apelar el fallo en los 15 días siguientes a su dictado. Si el tribunal de apelaciones rechaza el recurso, el caso se deriva al presidente de la ANP.
Pero la nueva ley no descartó los fallos anteriores, emitidos cuando no existía el derecho de apelación.
La norma fue seguida de un decreto de Abbas que establece que todos los casos de condena a muerte, dictada por los tribunales de seguridad estatal, debían ser procesados otra vez por tribunales civiles.
Pero como nunca se hizo efectiva la medida, se siguen dictando condenas a muerte en "condiciones que contravienen los estándares internacionales y la legislación nacional palestina", según la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
Los territorios palestinos ocupados no constituyen un Estado soberano y sus autoridades no firmaron ningún tratado internacional de derechos humanos.
Pero tanto Hamás como la ANP se comprometieron a respetar la legislación internacional en materia de derechos humanos.
