La incorporación del «ciberterrorismo» a la larga lista de delitos capitales en Pakistán deja dudas sobre la sinceridad del gobierno, que había prometido conmutar las 7.000 condenas a muerte hoy pendientes de ejecución.
El presidente pakistaní Asif Ali Zardari estableció, por decreto, que los delitos perpetrados a través de Internet pueden ser castigados con la muerte o con cadena perpetua si causan el "fallecimiento de una persona".
Con ese agregado, son 28 los delitos capitales.
Tras conocerse el mes pasado el decreto, efectivo a partir del 29 de septiembre, llovieron las críticas de activistas humanitarios.
La independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán recordó que el decreto contradice la posición del primer ministro, Yousaf Raza Gilani, quien en varias ocasiones "prometió desalentar la imposición de la pena capital".
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"El sistema legal de Pakistán no brinda las garantías del debido proceso y, por esta causa, la pena de muerte sólo sumará fallos injustos que llevarán al Estado a ejecutar a miles de personas", advirtió la organización.
Activistas también señalaron que la incorporación de una nueva figura a la lista de delitos capitales no se ajusta a anuncios anteriores del ministro del Interior, Rehman Malik, a los legisladores.
Según la versión del diario el Daily Times, Malik informó que su par de Justicia, Farooq Naik, estaba dedicado a elaborar una propuesta para abolir la pena de muerte.
"Estamos sorprendidos y escandalizados", dijo al servicio informativo Asia News Peter Jacob, secretario de la Comisión Nacional de Paz y Justicia de la Iglesia Católica.
"Los castigos severos no sirven para corregir ni para arreglar nuestra sociedad", remarcó.
Activistas temen que el decreto sobre el "ciberterrorismo" sea un indicio de que el gobierno no cumplirá su promesa de conmutar a cadena perpetua la pena que pesa sobre los condenados a muerte.
El 21 de julio, y a modo de homenaje a la asesinada ex primera ministra y líder del hoy gobernante Partido del Pueblo de Pakistán Benazir Bhutto (1953-2007), Giliani informó al parlamento sobre la propuesta, la mayor de ese tipo en la historia moderna de este país.
El anunció fue objeto de duras críticas del partido islamista Jamiat-Ulema-Islam.
La Corte Suprema de Justicia también se opuso, y pidió una explicación por escrito al fiscal y a los ministros del Interior y de Justicia.
En octubre, el periódico Dawn informó que el gobierno estaba terminando de afinar su proyecto.
"Vamos a revisar cada una de las leyes", de modo que "ninguna norma islámica se vea afectada", declaró en noviembre el ministro Naik al canal de televisión Dawn News.
Algunos activistas temen que pueda tratarse de una maniobra dilatoria.
"La revisión de varias leyes es un elemento nuevo. También nosotros estudiaremos esas normas en el marco de nuestra campaña contra la pena de muerte desde el año próximo", indicó I. A. Rehman, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
"Si la revisión se hace sólo para derogar las normas sobre pena de muerte por una ley que incluya otros castigos, se puede hacer en una semana", explicó el activista. El gabinete puede dar su visto bueno y el parlamento puede votar la nueva norma en "un par de meses", añadió.
Pero los anuncios ministeriales sugieren la posibilidad de una revisión sin plazos. En ese caso, los partidos islámicos se concentrarán en tratar de impedir que se elimine la pena capital de los castigos previstos para el asesinato y la blasfemia.
"El proceso puede demorar décadas por falta de competencia y de voluntad", agregó Rehman.
El director del Proyecto para Personas Vulnerables de la CDHP, brigadier Rao Abid Hameed, declaró a IPS que "el oficialismo no tiene ningún reparo en generar expectativas en la gente ni en hacer promesas irracionales. Es cosa de todos los días", indicó a IPS.
En lo que respecta a la abolición de la pena de muerte, el nuevo gobierno carece de compromiso y coraje, según Hameed, "para enfrentarse con las fuerzas que se oponen al cambio y al progreso".
"Está dispuesto a alardear, pero no hará nada serio", comentó.
Los activistas también se mostraron preocupados porque Pakistán parece decidido a votar a fines de este mes contra la renovación de la moratoria de las ejecuciones aprobada el año pasado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 20 de noviembre, este país figuró entre los 48 que votaron contra la resolución en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El año pasado, Pakistán, entonces bajo la presidencia del general Pervez Musharraf, también votó contra la moratoria, finalmente aprobada por la Asamblea General por 104 votos contra 54.
