La primera indígena en ocupar un cargo con rango ministerial en la historia política de Paraguay fue la primera persona en ser destituida del gabinete de gobierno de Fernando Lugo. Esta decisión acrecentó dudas sobre si el ex obispo tiene clara una política hacia dicho sector, muy presente en sus discursos de campaña.
Mbywangi había asumido el cargo el 18 de agosto pasado, tras la asunción del nuevo gobierno.
El nombramiento la convirtió a en la primera aborigen al frente del INDI desde su creación, en 1981.
Si bien su designación había sido aceptada en sectores no indígenas, líderes de distintas etnias se manifestaron en contra, argumentando falta de representatividad e idoneidad.
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Mbywangi fue líder de la comunidad de Kuêtuvy, ubicada en el norteño departamento de Canindeyú, y presidió la Asociación Aché del Paraguay, integrada por siete aldeas donde viven unos 1.200 indígenas.
Pese a su trayectoria, las manifestaciones en su contra aumentaron en las últimas semanas, agudizando las tensiones.
A principios de este mes, un grupo de nativos ava guaraní de la colonia Fortura de Curuguaty, también situado en el departamento de Canindeyú, se movilizó en la capital pidiendo su destitución.
El grupo ava guaraní acusó a la entonces presidenta del INDI de imponer un nuevo líder en la colonia, por lo que exigía respeto a la autonomía de la comunidad.
Mbywangi salió al paso de las acusaciones denunciando manipulaciones políticas por parte de referentes del ahora opositor Partido Colorado.
"Ésta es una situación que ya veíamos venir, porque no se hicieron las cosas dentro de los parámetros requeridos", dijo a IPS Hipólito Acevei, miembro de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI), que reúne a 15 organizaciones nativas de ambas del territorio nacional.
Dijo que la CAPI nunca estuvo en contra del nombramiento de Mbywangi, que es exclusiva responsabilidad del presidente Lugo, pero que el conflicto instalado es consecuencia de la falta de consulta previa a las comunidades indígenas.
"El poder Ejecutivo debe establecer reglas claras; definir políticas públicas que atiendan de manera efectiva las necesidades de nuestras comunidades", expresó.
El acceso a la tierra, la asistencia técnica para cultivos, salud y educación son los principales reclamos del sector.
Según datos de la Encuesta de Hogares Indígenas 2008, la población nativa en Paraguay asciende a 108.308 personas, que representan 1,7 por ciento de la población. Un poco más de la mitad (52,5 por ciento) reside en el este y el resto (47,5 por ciento) en el oeste.
Un indicador que refleja la situación de desventaja en cuanto a la educación formal de la población indígena es la tasa de analfabetismo. A nivel nacional, es de 5,4 por ciento (según la última encuesta) de la población de 15 años y más, en tanto que 38,9 por ciento de los indígenas sufren esta problemática.
En cuanto a la salud, apenas 12,2 por ciento de la población indígena cuenta con seguro médico.
En las pasadas elecciones generales del 20 de abril, fue llamativa la candidatura de varios indígenas a cargos electivos, con respaldo de partidos tradicionales como de movimientos de izquierda. Esto se presentó especialmente en los departamentos del oeste.
La candidatura más promocionada fue la de Margarita Mbywangi, como senadora por el socialista Movimiento Tekojoja.
Al no obtener los votos requeridos para ingresar al Parlamento, Lugo la nombró presidenta del INDI.
Pero llamó la atención que su designación como titular del organismo indigenista fuera uno de los últimos en definirse, a pesar de haber sido uno de los temas más fuertes durante y después de la campaña electoral.
"Se venía pregonando un cambio en las lindas palabras del presidente Lugo hacia los pueblos indígenas, pero son sus funcionarios los que deben responder y hacer realidad esas expresiones", dijo Acevei.
Sostiene que se espera una mayor acción del nuevo gobierno, principalmente en la restitución de las tierras y programas de desarrollo.
La ley 904 rige la restitución de tierras a las comunidades aborígenes, pero no se constituyó en un procedimiento efectivo para garantizar el acceso a sus territorios tradicionales.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo y dispuso que debe adoptar medidas necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamo de tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
"El conflicto ya está instalado y la solución tiene que ser estructural. No pasa por que esté o no un indígena al frente del INDI", resalta Acevei.
Como primer paso hacia la designación del nuevo titular del ente indígena, el gobierno realizará una convocatoria general de líderes indígenas.
Lograr un consenso entre 17 etnias, en un país con alta diversidad cultural, es el gran reto del presidente de Lugo.
