El gobierno de España ha resuelto cerrar casi completamente la puerta para los nuevos inmigrantes, mientras abre una para los extranjeros calificados laboralmente y otra para expulsar a los que entraron sin los papeles requeridos para su residencia.
En ese marco se puede destacar el saludo efectuado este miércoles por la secretaria Federal de Integración y Convivencia del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Bernarda Jiménez, a los extranjeros radicados en el país.
"Felicito sinceramente a todas y todos los inmigrantes que residen en España", pues están "compartiendo los momentos de bonanza y contribuyendo al desarrollo integral" del país, expresó esta dirigente socialista de origen dominicano.
Jiménez, la única extranjera en la dirección del PSOE, declaró dos meses antes que España aún necesita 100.000 extranjeros, pero, aclaró, debe ser "una inmigración legal, más organizada y más cualificada e integrada en el mercado de trabajo".
Por otro lado, el Consejo Superior de Políticas de Inmigración remitió un informe al Consejo de Ministros, también este miércoles, esperando que lo apruebe antes de finalizar el año, en el que precisa que el número de ingresos de trabajadores extranjeros estables en 2009 se prevé que no llegará a 1.000, frente a los 15.731 que se habían estimado meses antes. Una considerable rebaja.
La directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo, Marta Rodríguez Tarduchy, justificó este descenso afirmando que en la actualidad hay suficientes trabajadores en este país para cubrir los puestos disponibles aunque, añadió, "en la peor de las situaciones siempre harán falta determinadas profesiones".
De sus palabras se puede deducir con claridad que la decisión gubernamental es cerrar la puerta a la entrada de inmigrantes. Pero, también, mantenerla entreabierta para que puedan entrar los profesionales que falten para cubrir puestos y en ese campo el lugar de procedencia que acredita la práctica de las últimas décadas es América Latina.
Si una puerta se entrecerró, se mantiene abierta otra para la salida de los inmigrantes expulsados por haber ingresado al país sin contar con un visado extendido previamente.
Pero es más todavía, ya que en el primer mes de vigencia del plan de retorno voluntario aplicable a trabajadoras y trabajadores extranjeros que no hayan llegado de algún país de la Unión Europea, de la que España es parte, se recibieron 767 solicitudes, en las que se destacan 318 de ecuatorianos, 129 de colombianos y 105 de argentinos.
Los solicitantes recibirán un apoyo financiero para el regreso a su país de origen, con cuantías superiores a 9.670 euros (13.270 dólares).
"Con eso puedo vivir y mantener a mi familia durante dos años al menos en mi país, sin problemas", dijo a IPS Carlos Martín Fernández, un argentino que desempeña labores informáticas en España y que está dudando entre acogerse al plan de retorno o permanecer aquí.
Este subsidio se basa en un decreto aprobado por el Consejo de Ministros en 2007, por el cual los extranjeros que estén desocupados y lo deseen pueden capitalizar el subsidio por desempleo que reciben todos los desocupados en España y, con ello, regresar a su país de origen.
Para asegurar el retorno, la administración le entregará a cada persona la mitad del dinero en este país y la otra parte la podrá retirar en la sede diplomática que tenga España en el suyo.
Ese acuerdo sólo se podrá aplicar con nacionales de los países no pertenecientes a la Unión Europea con los que España tiene firmados convenios bilaterales de seguridad social, que son Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Rusia, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Una tercera puerta, si se la puede denominar así, es la que reconoce como ciudadanos a los inmigrantes, habilitándolos para votar en las elecciones municipales, algo que ya está en vigencia. Jiménez ha destacado la solidaridad internacional del PSOE en el Día Internacional del Inmigrante, establecido por la Organización de las Naciones Unidas y que se conmemora este jueves, haciéndola extensiva "a fin de que sean respetados escrupulosamente los derechos humanos de todos los inmigrantes del mundo, que salen de su patria en busca de crear un mundo mejor".
Así, lo saluda "desde el Partido Socialista, reciban toda la solidaridad, para todo lo que suponga conquistas de derechos, que representen el progreso en la construcción de una sociedad más plural, democrática y libre".
El cierre de las puertas de entrada se ha visto confirmado por otro dato: el arribo de pateras a las costas españolas disminuyó en 22 por ciento este año, respecto de 2007. Estas endebles barcazas son usadas por inmigrantes sin papeles que proceden del sur de África y que en la mayoría de los caos zozobran o son capturados por patrulleras españolas.
La secretaria de Estado de Inmigración de España, Consuelo Rumí, atribuyó esa disminución a las medidas tomadas por el gobierno, "así como a la cooperación y colaboración con los países de origen, que han hecho reducir las cifras de inmigrantes de manera importante".
Una política que de manera indirecta, pero conciente, apunta a solucionar o al menos a minimizar el problema que las corrientes inmigratorias producen en España es la de aumentar la cooperación al desarrollo, para que los habitantes de los mismos no se sientan tentados a buscar una vida mejor saliendo de allí.
La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Leire Pajín, quien a los 15 años se incorporó a una organización no gubernamental cooperante, después fue secretaria de Estado y ahora dirigente del PSOE, impulsó la constitución de un Grupo Federal de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ese plan orienta a las organizaciones partidarias en toda España para comprometer a los organismos locales y regionales en la cooperación pues, puntualizó Pajín, "es ahora, en tiempos de dificultad económica, cuando la ayuda al desarrollo se convierte en un instrumento imprescindible para la lucha contra la crisis".
Pajín ha destacado que "sólo potenciando las capacidades, reduciendo las brechas productivas y apoyando a los países emergentes" se conseguirá "reducir el sufrimiento de millones de personas en el mundo".
El gobierno español se comprometió a llegar en 2012 a destinar 0,7 por ciento de su producto interno bruto a la ayuda al desarrollo, objetivo que ha sido reiterado por los dirigentes del PSOE.
