La puja por la renovación de la justicia paraguaya impone una dura prueba al gobierno de Fernando Lugo al finalizar este año. El anhelo de cambio en la Corte Suprema, herencia del régimen del Partido Colorado, se empantana entre exigencias de cuotas partidarias.
En sus discursos de campaña para los comicios generales del 20 de abril, el entonces candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), apuntaba insistentemente en la necesidad de renovación del Poder Judicial, como requisito para garantizar los cambios que requiere el país.
Lugo fue investido en agosto. Tras cuatro meses de mandato, convocó a un diálogo de los líderes de los partidos políticos, con el propósito de arribar a un consenso sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia.
Al llamado acudieron las fuerzas que conforman la gobernante APC, con el liderazgo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), segunda fuerza política del país, y el derechista Partido Patria Querida (PPQ), cuarto en importancia en cuanto a representación parlamentaria.
Pero se ausentaron las principales fuerzas de oposición: la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, que permaneció en el poder 61 años hasta su derrota en las últimas elecciones y que cuenta con el mayor número de escaños en el Congreso legislativo, y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), liderada por el ex general Lino César Oviedo.
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La convocatoria de Lugo fue tardía respecto de negociaciones que ya llevaba adelante el PLRA dentro del Congreso, ámbito que debe aprobar en definitiva los cambios en el máximo tribunal de justicia, dijo a IPS la politóloga Milda Rivarola.
La conformación actual del parlamento no es favorable al Poder Ejecutivo. De los 45 escaños de la Cámara de Senadores, 15 corresponden a la ANR, 14 al PLRA, nueve a la Unace y cuatro al PPQ. Los tres restantes se reparten entre partidos menores de centro e izquierda, que forman parte de la APC.
En la Cámara de Diputados, la situación es similar, con una distribución de escaños que beneficia a la oposición.
El primer intento de negociación propiciado por Lugo colisionó así con el obstáculo de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, poco después trascendió una nueva base de negociación: la de la cuota política.
Así, los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia se repartirían en tres de extracción colorada, tres liberales, dos de Unace y uno independiente.
"Está sucediendo que la Unace proporciona mayoría (en el parlamento) de acuerdo a qué lado se incline, y está exigiendo más cupos políticos no solo en la justicia, sino también en las entidades binacionales (administradoras de las represas de Itaipú y Yacyretá). Esto dificultó incluso el sistema de 'cuoteo' que se estaba manejando", explicó Rivarola.
Oviedo, líder de la Unace, y el ex presidente Nicanor Duarte (2003-2008) fueron denunciados en septiembre por Lugo como promotores de una conspiración contra su gobierno.
La actual conformación de la Corte se definió en 2004, bajo la presidencia de Duarte, y entre sus magistrados hay mayoría colorada. El tribunal tiene un lugar vacante desde hace más de un año, cuando el magistrado Wildo Rienzi se acogió a la jubilación en medio de fuertes pujas políticas.
"Las negociaciones se encuentran en un compás de espera y serán retomadas en enero. La APC tiene por objetivo inicial llenar esa vacancia, para lo cual ya se cuenta con una terna", dijo a IPS el senador Carlos Filizzola, del Partido País Solidario y portavoz parlamentario de la Alianza.
Pero la APC fue sorprendida en la última sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 18 de diciembre, cuando se trató un pedido de confirmación de dos de los actuales ministros de la Corte, los liberales Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, y no la elección del reemplazante de Rienzi, que era un pedido expreso del presidente Lugo.
Esta decisión fue interpretada como una maniobra de la Unace y del Partido Colorado para demostrar su poder de fuerza al mandatario.
Sin embargo, el pedido de confirmación no prosperó y, como fue presentado por dos senadores liberales, generó duras críticas dentro del PLRA.
En marzo de 2009 finalizarán sus mandatos, de cinco años, seis magistrados de la Corte. Dos de ellos son de origen liberal, otro fue postulado por el PPQ y tres por la ANR.
Otros dos miembros de la Corte, de extracción colorada, vencieron ya sus períodos y no fueron confirmados, pero continúan ejerciendo sus cargos por la presentación de recursos judiciales.
"Una prioridad para el gobierno es que la Corte funcione con los nueve ministros que tiene. La actual administración de la justicia no es confiable, necesitamos una justicia que combata la corrupción y la impunidad", resaltó Filizzola.
Para Rivarola, el reparto de magistrados por cuota política es el peor de los mecanismos y el que siempre se utilizó. No puede ser que la Corte se rehaga cada vez que asume un gobierno nuevo, dijo.
"Por algo se planteó la inamovilidad de sus miembros, pero lo que sucede es que cada gobierno quiere cambiar sus integrantes, de acuerdo a la mayoría. Esto genera falta de independencia y falta de idoneidad de sus integrantes", apuntó.
En muchos de sus discursos, Lugo se manifestó contra el reparto, porque fue el mecanismo culpable de la mala calidad del alto tribunal, "pero, por lo que se maneja, vamos hacia lo mismo", observó Rivarola.
En declaraciones públicas este mes, Lugo admitió que sería difícil evitar las cuotas, si bien se apuesta a que los magistrados no respondan a divisas políticas. La renovación judicial se presenta hoy como un barómetro de fuerzas tanto en la gobernante APC, como en el campo de los partidos opositores. Éstos ganaron el primer lance, al ignorar la convocatoria de Lugo. Pero la partida apenas comienza.
