Johana Bracamonte no pudo aprender a leer: sólo tenía cinco años la mañana en que su tío la llevaba en motocicleta al jardín de infancia y fue interceptado por asaltantes que les dispararon para intentar robar el vehículo, en 23 de Enero, populosa barriada en el oeste de la capital de Venezuela.
Un miércoles, a las cuatro y a las siete de la tarde, en las veredas 1 y 2 de Mamera, barriada del suroeste capitalino, niños de nueve y siete años que jugaban frente a las puertas de sus casas perecieron en medio de súbitos tiroteos entre bandas.
"Estas cosas pasan todos los días, vivimos llenos de temor, nos asaltan en el transporte, los niños no pueden jugar ni a la puerta de su casa, los malandros (delincuentes) imponen su ley y nadie hace nada", comentó a IPS Jorge Machado, un vecino de Mamera.
La policía judicial informó que ha identificado a las bandas que participaron en los tiroteos y capturó al presunto autor material de una de las muertes.
Cuando Yadira Acevedo fue a una sede policial en El Llanito, este de Caracas, para declarar sobre la muerte de su hijo de seis años, Keidel Bravo, creyó reconocer a uno de los agentes como el conductor del auto en que se desplazaba el pistolero que, ejecutando un presunto ajuste de cuentas, disparó a un grupo de vecinos, entre ellos el pequeño abatido.
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En cinco días de diciembre fueron muertos a balazos ocho niños, niñas y adolescentes, sólo en barriadas populares del área metropolitana.
"El fenómeno se traduce en términos regionales, en los centros urbanos a lo ancho del país. La violencia criminal ya es, de lejos, el problema número uno de la infancia en Venezuela ", dijo a IPS Oscar Misle, codirector del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), la principal organización no gubernamental que trabaja en cuestiones de infancia.
Aunque las muertes de niños pequeños, por su dramatismo, son más visibles, los adolescentes de 13 a 17 años encabezan las estadísticas de víctimas.
Cecodap encontró 160 asesinatos de adolescentes en una investigación sobre 262 casos de violencia social entre octubre de 2007 y septiembre de 2008.
La cifra podría ser mucho mayor cuando se consoliden y discriminen por edad las cifras de la violencia criminal. Otra organización de derechos humanos, Provea, sostuvo que entre enero y septiembre de 2008, la delincuencia mató a 10.606 venezolanos, 11 por ciento más que en el mismo período de 2007, según fuentes de la policía judicial.
De los 27 millones de habitantes que tiene Venezuela, 40 por ciento son menores de 18 años. "La violencia criminal, por homicidios y detenidos que van a las cárceles, es en primer lugar un problema de la juventud y la adolescencia", comentó a IPS el investigador de Provea, Laurent Labrique.
Los homicidios están en el tope de la escala de violencia, pero "reflejan un cuadro violento que transversaliza la vida de la sociedad venezolana y que tiene en los niños, niñas y adolescentes, a sus principales víctimas", comentó a IPS otro directivo de Cecodap, Fernando Pereira.
En el estudio anual de Cecodap, sobre 104 casos de violencia familiar, 68 correspondieron a menores de seis años, 17 a niñas o niños de siete a 12 años, 12 a las edades de 13 a 17, y no se reportaron las edades de siete casos.
"La violencia en el hogar no mira sexo", comentó a IPS otra activista de Cecodap, Carla Villamediana, "pues 54 por ciento de las víctimas en este estudio eran de sexo masculino, 43 por ciento del femenino, y no se indicó el sexo en tres por ciento de casos".
En cambio, al estudiar 83 casos de violencia sexual contra menores de 18 años, Cecodap encontró que 74,7 por ciento de las víctimas eran de sexo femenino, 22,8 por ciento del masculino y no hubo datos sobre el resto.
La violación fue la acción de violencia sexual más reportada, con 62 casos, en los que 80 por ciento de las víctimas eran de niñas.
"Con cada estudio que realizamos queda en evidencia que los niños, niñas y adolescentes son un grupo especialmente vulnerable ante la violencia, frente a un Estado que tiene la obligación constitucional de cuidarlo de modo privilegiado", dijo Misle.
La Constitución de 1999 establece que "el Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral (para los niños, niñas y adolescentes), para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan".
En Venezuela el organismo rector de las políticas sobre infancia es el Ministerio de Participación Popular y Protección Social, que actúa a través del Instituto Consejo Autónomo de Protección del Niño, Niña y Adolescente.
El Instituto auspicia una campaña de foros, cuñas publicitarias y reuniones de responsables de entes públicos que manejan la materia, además de apoyo a trabajos en escuelas bajo la consigna "Restemos violencia, sumemos respeto".
"La violencia no es un hecho aislado sino un fenómeno consecuencia del deterioro social, y es producto de un modelo capitalista", dijo la presidenta del Instituto, Litbell Díaz. El Estado venezolano "es generador de una sociedad equitativa y asume la responsabilidad de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes", agregó.
Misle en cambio sostuvo que "del Estado hemos requerido políticas integrales e integradas, articulación de esfuerzos y desarrollo de un sistema nacional de protección de la niñez y la adolescencia, pero lamentablemente sin éxito, pues la infancia desaparece con frecuencia del radar de la agenda pública".
Como ejemplo, mostró otro estudio de Cecodap, que monitoreó programas y debates plasmados en 18 periódicos en las seis regiones más pobladas durante la campaña para la elección de gobernadores de estados y alcaldes, del 23 de noviembre.
De un total de 13.223 informaciones recabadas, sólo 627, el 4,75 por ciento, hicieron mención a propuestas relacionadas con la niñez y la adolescencia. De ellas, 38,5 por ciento contenían menos de 500 caracteres, la mayoría se referían a la educación y apenas 7,3 por ciento versaron sobre el problema de la violencia.
"Nos preocupa muchísimo la violencia en la adolescencia, porque se ha convertido, en cada vez más barriadas urbanas en todo el país, en una suerte de alcabala para la vida, en una forma de sobrevivencia y en la única práctica con valor para mantener espacios y asumir los conflictos", dijo Misle.
Por añadidura "tenemos el problema del discurso, de la palabra, que no se desarma por la polarización política que vivimos. ¿Cómo hacemos para crear una cultura democrática cuando los grandes eventos que vive el país, de confrontación política, son guiados por la agresión y la descalificación a las personas?", se preguntó Misle.
