Un grupo de niñas y niños indígenas fueron desnudados y denigrados en público por adultos en un municipio rural de México. La estampa se registró en una festividad de origen católico en el estado mexicano de Puebla, cuyo gobernador está acusado de ser cómplice de pederastas.
El 29 de noviembre se llevaban a cabo festejos populares en el pequeño municipio indígena de Hueytlalpan en honor de San Andrés, patrono de ese distrito rural de unos 20.000 habitantes, en la sierra del estado de Puebla, vecino a la capital mexicana.
La fiesta, un rodeo con toros y concursos infantiles, se desarrollaba ante unas 600 personas. En cierto momento, el animador invitó a los niños a participar en un "concurso".
El primer requisito era que giraran sobre sí mismos hasta caer mareados al suelo. Luego, a cambio de unos pocos pesos, el animador los incitó a quitarse la ropa, a lo que accedieron cuatro de los niños.
"Fue un hecho denigrante a todas luces, y más porque se produjo con autoridades y papás presentes, a quienes al parecer les importó poco lo que sucedía, fue algo inaudito", dijo a IPS el director de la no gubernamental Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri.
Según la legisladora de Puebla, Irma Ramos, que atestiguó y protestó por lo sucedido y luego lo denunció, algunos asistentes, incluido el alcalde Juan Martín Barrientos, rieron y se burlaron de los niños, mientras otros abucheaban.
Para algunos observadores, el incidente de Hueytlalpan está vinculado a la pornografía infantil.
"Fue ciertamente una forma de abuso sexual, pero me parece que muchos asistentes no tenían ninguna conciencia de lo que sucedía", opinó el director de la Red por los Derechos de la Infancia.
El caso tiene relación con la idea, enraizada en mucha gente de este país, de que los derechos de los niños son propiedad de padres y autoridades, "que se dan y se quitan a su antojo, lo que es falso pues esos derechos existen y no son regalo de nadie", dijo Sauri.
Al parecer, los niños se desnudaron con autorización expresa o tácita de sus padres, que estaban presentes.
Lo más grave es la asistencia impasible de autoridades, que deberían ser las primeras en velar por los derechos de la infancia, en un estado cuyo gobernador tiene "una deuda muy alta" con la sociedad, estimó Sauri.
El gobernador de Puebla, Mario Marín, fue acusado en 2006 de ordenar el secuestro y vejación de la periodista Lydia Cacho, autora de libros sobre pederastia y prostitución infantil. Ese mismo año, se divulgaron grabaciones de conversaciones telefónicas entre Marín y el empresario Kamel Nacif, protector y amigo de un pederasta.
"Ya acabé de darle un 'pinche' coscorrón a esta vieja cabrona", decía en referencia a Cacho una voz identificada como la de Marín en una de esas conversaciones en las que Nacif se quejaba de las denuncias de la periodista.
Cacho ya había sido detenida por una acusación de injurias interpuesta ante la justicia de Puebla por Nacif.
El gobernador, del Partido Revolucionario Institucional, no se pronunció hasta ahora sobre lo ocurrido en Hueytlalpan, y ha negado las acusaciones en su contra. Pero peritajes confirmaron que era su voz la registrada en las grabaciones, que fueron tomadas de forma ilegal por la esposa de Nacif.
Marín tenía la oportunidad de redimir en algo su imagen, repudiando los hechos de Hueytlalpan, pero no lo ha hecho, "lo que llama la atención", señaló el director de la Red por los Derechos de la Infancia, conformada por unas 70 organizaciones sociales.
El gobierno de Puebla lamentó los hechos a través de voceros, y la fiscalía estadual anunció una investigación. Lo mismo hizo la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, una entidad pública e independiente.
La legisladora Ramos, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, advirtió que no descansará hasta que los responsables sean sancionados.
En su opinión, el incidente fue un acto abierto de pornografía infantil y pedofilia.
Se estima que unos 17.000 mexicanos menores de 18 años son víctimas del comercio sexual en México.
