La cantidad de asistencia que reciben los países africanos debería estar condicionada a sus esfuerzos para impedir que sus ciudadanos emigren, señaló el gobierno de Francia, a punto de abandonar la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE).
En recientes discusiones que involucraron a gobiernos de ambos continentes, los franceses promovieron un programa de cooperación de dos años que simultáneamente intentará alentar las migraciones legales —normalmente las que involucran a profesionales calificados, cuyos servicios son buscados por las firmas europeas— y frenar el movimiento "irregular".
París ha citado siete acuerdos bilaterales que ya firmó con Senegal, Gabón, Congo-Brazzaville, Benín, Túnez, Mauricio y Cabo Verde como modelos que podrían ser replicados para toda la UE.
En cada uno de estos casos, los países africanos han asumido que dificultarán la emigración de sus ciudadanos hacia Europa sin permiso. A cambio, Francia les ofrece asistencia al desarrollo y algunas posibilidades para las migraciones "legales", también para los estudiantes.
Los acuerdos migratorios han demostrado ser polémicos en África. En 2007, el presidente senegalés Abdoulaye Wade fue acusado por sus opositores políticos de "vender" los jóvenes africanos cuando firmó un acuerdo similar con España.
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Pese a participar de conversaciones durante más de dos años, Malí se negó a firmar un tratado con París, objetando cláusulas que le requerirían reasentar a migrantes expulsados.
Ese país del occidente africano ve a las remesas enviadas por sus emigrantes como una importante fuente de ganancias para la economía. Se estima que la comunidad de más de 100.000 malienses en Francia manda 183 millones de euros (265 millones de dólares) a su país cada año.
Mamadou Diop, representante de la red senegalesa contra la pobreza Congad, alegó que los acuerdos buscados por Francia son fundamentalmente defectuosos. "No podemos ser policías de Europa. La aplicación de estos acuerdos creará más problemas de los que resolverá. No se prevé nada para ayudar a quienes son enviados a casa a reintegrarse a nuestras sociedades", agregó Diop.
El tema de las migraciones fue discutido a comienzos de este mes en un seminario realizado en Bruselas por el Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural (CTA), financiado por la UE y dedicado a las relaciones entre Europa y casi 80 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Tamara Keating, de la Organización Internacional para las Migraciones, observó que la cantidad de migrantes en el mundo se duplicó desde 1965. Actualmente, los migrantes totalizan 200 millones y constituyen alrededor de tres por ciento de la población mundial.
No obstante, ofreció un descargo ante los alegatos de algunos políticos en cuanto a que Europa está "empantanada" de inmigrantes. Alrededor de la mitad de todas las migraciones en África involucran a su población trasladándose de un país en ese continente a otro, dijo Keating. Apenas nueve por ciento de los migrantes africanos se establecen en Europa.
El año pasado, las remesas enviadas por quienes emigran de África subsahariana equivalieron a por lo menos 12.000 millones de dólares. Pero es probable que la cifra verdadera sea mucho más alta, si se toman en cuenta las remesas que eluden los canales formales, como los bancos.
En el caso de Lesotho, las remesas valen alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto del país, y tiene otros importantes beneficiarios en Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Sudán, Uganda y Senegal.
Se prevé que el creciente desempleo en Europa y otras implicaciones de la crisis económica tengan consecuencias adversas para el flujo de remesas.
Sin embargo, la experiencia de quienes emigran desde América Latina y el Caribe indica que el volumen del dinero involucrado seguirá siendo significativo.
Peter Hansen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales, señaló que las remesas no son una fuente tan vital de efectivo para África subsahariana como lo son para otros países en desarrollo. La asistencia al desarrollo —de 22.000 millones de dólares— y las inversiones extranjeras directas —de 25.000 millones de dólares— valieron, cada una, el doble de los ingresos registrados oficialmente por concepto de remesas el año pasado.
"Los efectos positivos de las remesas —reducción de la pobreza, una seguridad alimentaria mejorada, un mayor acceso a los servicios sociales básicos, un aumento de inversiones— no están bien documentadas para África rural", dijo.
"Un importante desafío para África es que grandes partes del continente están aisladas de las remesas enviadas desde países relativamente ricos, dado que las migraciones tienen lugar, mayoritariamente, dentro de países y regiones africanas. Otro importante desafío es la existencia de un sistema financiero mal desarrollado, que a menudo deja a las poblaciones rurales marginadas de bancos y servicios financieros oficiales", agregó.
Mientras, la Federación Internacional de Derechos Humanos (conocida por sus siglas en francés FIDH) protestó porque ninguno de los 27 países de la UE han ratificado todavía un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre protección de migrantes, que data de hace 18 años. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) está diseñada para promover las condiciones de trabajo y de vida que sean humanas.
"Es una paradoja inaceptable que todos aquellos estados que históricamente han sido países de emigración todavía no hayan ratificado esta convención", dijo Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH. "La persistencia de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migrantes, que son particularmente a la explotación y los abusos, demuestra la urgente necesidad de ratificación", añadió.
