España afrontará el año próximo con malas perspectivas para su economía, que ya comienzan a verificarse, pero buenos tiempos en materia política, más allá de quien gane las elecciones de junio para el Parlamento Europeo.
El empeoramiento de la situación económica tiene como principales víctimas a los trabajadores y en especial a los inmigrantes, más allá de que tengan registrada o no su residencia y contrato legal.
En el plano político, todas las encuestas permiten prever que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), obtendrán aproximadamente la misma cantidad de votos, sin que se pueda prever por ahora cual será el triunfador.
También los analistas perciben que se profundiza el debilitamiento del grupo terrorista ETA (Euskadi ta askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence). A la par de que crece el número de detenciones de sus integrantes, disminuyen los atentados.
La llegada de cayucos y pateras, las frágiles embarcaciones utilizadas por inmigrantes africanos para arribar por mar a costas españolas, ha disminuido notoriamente, en gran medida debido al aumento de las patrulleras tanto en el mar Mediterráneo como en el océano Atlántico y a acuerdos de repatriación con algunos de los países de origen.
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La secretaria de Estado de Inmigración de España, Consuelo Rumí, al comparecer el 18 de este mes en el Congreso de Diputados, informó que la llegada de esas embarcaciones descendió 22 por ciento este año y que, aplicando los acuerdos de repatriación, se repatriaron 40.000 personas en situación irregular.
Rumí agregó que "hoy se repatría en cantidades como nunca antes se había hecho y a países donde nunca antes se había hecho".
Sostuvo, además, que "los mecanismos de expulsión (de inmigrantes) funcionan cada vez con mayor eficacia", y puso como ejemplo que los marroquíes que arriban sin visado previo son devueltos a su países en un plazo que no supera las 48 horas, lo que ella considera que es un impacto de "efecto pedagógico y disuasorio".
Para 2009, fuentes gubernamentales informaron que se volverá a modificar la ley de inmigración, restringiendo el reagrupamiento familiar, aumentando de 40 a 60 días el plazo de retención en los centros para albergar inmigrantes llegados sin papeles, por considerar que 40 días son insuficientes para tramitar su expulsión. También se aumentarán las multas a los empresarios que tengan trabajadores extranjeros sin contrato legal.
Sobre la aplicación de algunas de estas medidas que ya están en vigencia, el abogado Enrique Cuitillas dijo a IPS que las fuerzas de seguridad suelen justificar muchas de sus propuestas de expulsión afirmando que el inmigrante no acreditó capacidad económica para pagar la multa por ingresar sin papeles.
Pero, adicionó el jurista, que la mayoría de los jueces no apoyan las propuestas policiales y que el gobierno, al elegir entre la multa y la expulsión, por lo general opta por la segunda medida.
Entren más inmigrantes o no, los mismos seguirán estando visibles en la actualidad española, ya que en la actualidad representan más de 10 por ciento de los 44,1 millones de personas que habitan España, y eso sin contar los que carecen de los documentos requeridos para acreditar su residencia, que por lo tanto no figuran en los padrones.
Todo esto tendrá como trasfondo un retroceso de la economía, que el año entrante puede bajar 1,3 por ciento, "la tasa más baja de las últimas décadas", y el número de desempleados crecerá en 500.000 personas, hasta llegar a 15,5 por ciento de la población económicamente activa, según el Informe de Coyuntura Económica del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
El turismo es el sector que más aporta al producto interior bruto (PIB) de España, con 10,7 por ciento del total, y precisamente el mes pasado se registró el peor desempeño mensual del mismo, al caer más de 11 por ciento respecto de 2007 y que en los últimos 30 años sólo fue superado por el registrado en marzo (11,4 por ciento).
España ocupa el segundo puesto mundial en cuanto al ingreso de fondos provenientes del turismo, que en 2007 sumaron casi 50.000 millones de euros (70.000 millones de dólares), de acuerdo a cifras oficiales.
Si bien la economía española ya está sintiendo la crisis global originada en Estados Unidos y se prevé que la situación se agudizará, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero mantiene firme su compromiso de ayuda al desarrollo.
Soraya Rodríguez, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, anunció que se cumplirá el plan de cooperación y que con ello España "por primera vez logrará situarse a la vanguardia internacional".
En la misma línea, la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, subrayó a IPS que en tiempos de crisis "es cuando la ayuda al desarrollo se convierte en un instrumento imprescindible para la lucha contra ese problema".
Por eso, añadió, "sólo potenciando las capacidades, reduciendo las brechas productivas y apoyando a los países emergentes se logrará "reducir el sufrimiento de millones de personas en el mundo". Es decir que, a pesar de la crisis, el gobierno de España mantiene su compromiso de llegar a dedicar 0,7 por ciento de su PIB a la ayuda al desarrollo para 2012.
