Con música, petardos y la quema de un ataúd negro, decenas de pobladores de varias comunidades salvadoreñas que serían afectadas por la explotación minera de oro y plata celebraron el viernes el «entierro simbólico» de la empresa canadiense Pacific Rim.
"Queremos que la mina El Dorado se cierre", reclamó Juan Carlos Moreno, de 21 años, uno de los manifestantes en el centro capitalino.
La protesta es parte de la campaña "Yo rechazo la minería", y reunió también a miembros de organizaciones que se oponen a la explotación minera porque "amenaza" los recursos hídricos y la salud pública, según alegan.
Pacific Rim espera iniciar la explotación de oro y plata en la mina El Dorado, en la comunidad San Isidro, departamento de Cabañas, a unos 65 kilómetros de San Salvador, una vez que obtenga el permiso gubernamental de explotación.
La empresa adquirió la propiedad de 144 kilómetros cuadrados en 2002, cuando se fusionó con la compañía Dayton Mining. A partir de entonces, obtuvo permisos para explorar.
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Sus estimaciones indican que puede extraer 1,2 millones de onzas de oro y 7,4 millones de onzas de plata en un período de algo más de seis años. Pero ambientalistas consideran que esas cifras son más bajas que las reales.
En el mercado internacional la onza de oro se cotiza en unos 850 dólares. En enero de este año, Luis Trejo, asesor ambiental de la Pacific Rim, dijo a IPS que la mina crearía unos 2.000 empleos directos e indirectos, y pagaría al Estado hasta tres por ciento de impuestos sobre ventas brutas.
En El Salvador, 24 proyectos con permisos para exploración esperan que entre en vigor una ley de minería, en discusión en el parlamento, que daría luz verde a los permisos de explotación, que se encuentran suspendidos.
El proyecto de ley, presentado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) pretende dotar a la minería de tres pilares, "marco regulatorio claro, un ente que vigile y haga cumplir la ley y una clasificación de las empresas que cumplan con las normas internacionales", dijo el diputado de esa fuerza política, Orlando Arévalo.
Pero para la oposición de izquierda, la iniciativa crearía una autoridad autónoma encargada de otorgar las concesiones, despojando a los ministerios de esa atribución y sin contemplar un estudio estratégico ambiental.
Ecologistas advierten que de abrirse la explotación minera, El Salvador sufriría impactos sociales y ambientales severos, como el drenaje ácido, la contaminación de las aguas y la evaporización de cianuro, utilizado en el proceso de lixiviación para separar el oro y la plata de la roca.
La minería, además, profundizaría la escasez de agua en varias zonas, agregan observaciones científicas.
El impacto "más severo sería causado por la evaporización del cianuro a 26 grados Celsius, que luego, con las precipitaciones de lluvias" sería esparcido no sólo en las zonas de explotación, sino en buena parte de la región centroamericana, de "acuerdo a la velocidad que adquiera el viento", dijo Florian Erzinger, químico ambiental en sistemas acuáticos por el Politécnico de Zurich, Suiza.
"La contaminación no necesita pasaporte" para atravesar fronteras, subrayó Erzinger, autor del estudio "Impacto ambiental de la explotación minera en el río Lempa y consecuencias en el área metropolitana de San Salvador", presentado el 17 de noviembre en San Salvador.
Un tercio del agua que consumen más de dos millones de habitantes del área metropolitana de San Salvador proviene del río Lempa, que nace en el sudeste guatemalteco, pasa por Honduras para luego serpentear, desde la zona norte, casi todo El Salvador en forma de línea limítrofe de varios departamentos, hasta desembocar en el océano Pacífico.
Los 24 proyectos mineros se concentran en la franja norte, dedicada a la agropecuaria y cruzada por el Lempa. La cuenca salvadoreña de este río tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados e incluye la confluencia de varios cursos de agua, como el San Francisco, que sería contaminado por el drenaje ácido, según el estudio.
"Los drenajes ácidos" de mercurio y cianuro, arsénico, zinc y aluminio, que estarían "muy por encima de los límites permisibles", contaminarán las aguas superficiales, provocando muchas enfermedades, señala la investigación, auspiciada por la institución católica Cáritas – El Salvador y la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) .
Debido a la extracción de grandes cantidades de agua que requiere la explotación de los metales preciosos, "los mantos freáticos bajarán hasta 400 metros de profundidad", agregó el investigador.
Erzinger toma, entre otros ejemplos, El Dorado, que insumiría entre 75 y 110 litros de agua por segundo de los mantos acuíferos y del río San Francisco, fuente de agua de la población local.
Un salvadoreño común utiliza la mitad de esa cantidad por día, según Erzinger.
La explotación minera afectaría a cuatro millones de personas, aseveran los ecologistas. El país tiene más de 5,7 millones de habitantes, y más de 1,5 millones no tienen acceso a agua potable, según datos oficiales.
El Salvador no tiene tradición minera. A fines del siglo XIX se desarrollaron los primeros proyectos mineros, pero desaparecieron años después. En 1940 la explotación revivió, para decaer en los años 50.
Hay denuncias de que varios ríos de la comunidad San Sebastián, en el oriental departamento de La Unión, están contaminados con hierro, cobre y aluminio, debido a operaciones de extracción en un yacimiento cercano entre 1950 y 1981, a cargo de la empresa Commerce Group, que en 2007 fue demandada en la justicia por los pobladores.
La Conferencia Episcopal se pronunció el año pasado contra la explotación minera, pues "causa daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades circundantes".
Los costos correrán por parte de los salvadoreños, mientras las mineras se llevarán casi todos los beneficios económicos, dijo a IPS el director de la UNES, Ángel Ibarra.
En 10 o 15 años de explotación de los 24 proyectos, se obtendrán "más de 9.000 millones de dólares para las empresas", precisó el ambientalista, en referencia a las estimaciones de la investigación de Erzinger, que se basó en la cantidad de metales preciosos que las mineras extraerían.
De esas ganancias, las empresas deberán pagar impuestos y regalías por unos 180 millones de dólares al gobierno nacional y las alcaldías de las zonas a explotar. "Es una gran estafa", concluyó Ibarra.
