Las severas críticas expresadas por numerosos gobiernos a la situación de los derechos humanos en Colombia quedaron plasmadas en un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue aprobado este lunes oficialmente.
Las autoridades colombianas se comprometieron a aceptar unas 69 recomendaciones de las más de 100 que elaboró el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que discutió los abusos relacionados con el conflicto armado interno que sacude a ese país latinoamericano desde comienzos de los años 60.
El informe del grupo de trabajo, que deberá ser ratificado por el mismo Consejo en su sesión de marzo, contiene "numerosas y coincidentes observaciones" sobre la situación en Colombia, apuntó el representante permanente de Uruguay, Alejandro Artucio, en un comentario a IPS. A su vez, el gobierno colombiano "aceptó unas cuantas", describió.
Dentro de las limitaciones del Consejo, su mecanismo de Examen Periódico Universal de la situación de los derechos humanos en todos los países "puede servir para que dejen de hacer algunas cosas y hagan otras", reflexionó Artucio respecto del caso colombiano.
Las recomendaciones de los 47 países miembros del Consejo conformaron a Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de la secretaría de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, porque coincidieron con las advertencias formuladas por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y por la propia Amnistía.
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En particular, Pollack mostró satisfacción porque el grupo de trabajo se preocupó por la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales e insistió en una campaña contra la impunidad. Los estados integrantes del organismo resaltaron la continuidad de los vínculos entre la fuerza pública colombiana y los grupos paramilitares, mencionó en declaraciones a IPS.
El experto de Amnistía se alegró igualmente por las expresiones de inquietud del Consejo de Derechos Humanos ante cuestiones como el enrolamiento forzado de menores en las guerrillas y en los grupos paramilitares, por los reclamos de devolución de tierras robadas a campesinos y a las comunidades de afrocolombianos y de indígenas y por las recomendaciones de reconocimiento de la legitimidad del trabajo de sindicalistas y de defensores de derechos humanos.
En cambio, Pollack observó que el gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe no ha aceptado la recomendación de México de retirar su declaración de que se acoge a los alcances del artículo 124 del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.
Esa disposición autoriza a los Estados parte del Estatuto a declarar que, durante los primeros siete años, no aceptan la jurisdicción de la Corte con respecto a los crímenes de guerra cometido en su jurisdicción.
La razón es que Bogotá no reconoce que hay un conflicto interno, arguyó el investigador.
Pollack objetó también el rechazo, por parte del gobierno colombiano, de una recomendación de la representación de Eslovenia para que cese el empleo de niños como informantes y del programa denominado "Soldados por un día". Ofrecer dinero a cambio de información es peligroso a causa de la complejidad del conflicto interno en ese país, dijo Pollack.
Además, Amnistía Internacional ha denunciado que en la región de Arauca, fronteriza con Venezuela, la fuerza de seguridad del Estado invita a los niños de las escuelas a visitar los batallones, interiorizarse de los armamentos y de los tanques y a "jugar a ser soldados por un día".
Eso es peligroso en zonas de conflicto donde hay riesgo de ataques de la guerrilla, dijo Pollack. El gobierno había prometido terminar con ese programa, pero no lo ha hecho, refirió.
La delegación colombiana ante el Consejo de la ONU argumentó que ese programa no convierte a los civiles en objetivos militares. En cambio, ha permitido estrechar las relaciones entre la población civil y las Fuerzas Armadas y proveer servicios sociales a zonas rurales donde la única presencia del Estado son los militares, afirmó.
El gobierno colombiano tampoco aceptó una recomendación de Uruguay para que acelere el proceso de desmovilización de jefes y combatientes paramilitares. Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha identificado la presencia de 20 de esos grupos ultraderechistas en territorio colombiano.
Bogotá dijo que enviaría una explicación escrita a Uruguay "aclarando y precisando el concepto de paramilitares, término que no se aplica en la actuación situación", según dijo su representación.
La delegación de Gran Bretaña había expresado también preocupación por las actividades de grupos ilegales, incluyendo las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de "los nuevos y reformados grupos paramilitares como las Aguilas Negras", dijo el delegado británico.
José Santo Caicedo, representante de la organización no gubernamental colombiana Proceso de Comunidades Negras, comentó a IPS su preocupación por el rechazo del gobierno de Uribe a las recomendaciones del Consejo de la ONU para que ratifique el convenio sobre la tortura y desmantela el sistema de "falsos positivos", como se les llama a los asesinados por militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
Ese mecanismo de los "falsos positivos" consiste en un incentivo que el gobierno estableció para "que los militares obtengan resultados en los combates y sobre todo en las campañas contra la guerrilla, explicó Caicedo.
Pero los muertos no son combatientes, afirmó el representante de la comunidad negra. Son civiles que capturan y luego asesinan para presentar sus cadáveres, vestidos de uniformes de camuflaje como usa la guerrilla y con fusiles en la mano, para presentarlos como muertos en combate, sostuvo. Esos son los "falsos positivos", insistió.
Caicedo comentó que el gobierno colombiano ha aceptado algunas de las recomendaciones del Consejo de la ONU porque "quiere mostrar voluntad política" ante la comunidad internacional. Pero a nosotros nos preocupa la aplicación de ellas, dijo.
A las organizaciones no gubernamentales colombianas dedicadas a la defensa de los derechos humanos les corresponde ahora seguir con detenimiento la manera en que las autoridades aplican esas recomendaciones y "que matices les da al aceptarlas", advirtió Caicedo.
Como comunidad negra quedamos preocupados, porque el gobierno acepta la visita de los relatores de la ONU para pueblos indígenas y para defensores de derechos humanos, pero no acepta públicamente que viaje la relatora de minorías étnicas, subrayó.
