Después de los ataques terroristas de noviembre en la occidental ciudad de Mumbai, India aprobó dos severas leyes que según activistas podrían erosionar la estructura federal del país y limitar las libertades fundamentales.
El Parlamento, reunido bajo la sombra de los ataques del 26 al 29 de noviembre que causaron la muerte de casi 200 personas, aprobó las normas el jueves sin ningún debate considerable, y bajo la presión de la gobernante Alianza Progresista Unida del primer ministro Manmohan Singh.
La Ley de la Agencia de Investigación Nacional (NIA) busca crear una nueva organización policial para investigar actos de terrorismo y otros delitos.
Mientras, la Ley de Enmienda de la Prevención de Actividades Ilegales (UAPA, por sus siglas en ingles) cambia radicalmente los procedimientos para juzgar a los acusados de terrorismo, extiende los periodos de custodia policial y de detención sin cargos, y niega fianzas a extranjeros, entre otras cosas.
Activistas por los derechos civiles y ciudadanos en general se escandalizaron antes las leyes, que consideran draconianas y excesivas respecto de las medidas que India realmente necesita para combatir el terrorismo.
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"La UAPA es particularmente despreciable. Tendrá el efecto de convertir a India en un virtual Estado policial", dijo Colin Gonsalves, director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos, con sede en Nueva Delhi. "Básicamente, recupera una ley desacreditada, la Ley de Prevención del Terrorismo (POTA), de 2002, excepto para admitir las confesiones hechas a la policía como evidencia legal", indicó.
La POTA fue una ley extremadamente impopular que el gobierno aprobó tras asumir el poder en 2004 en respuesta a innumerables quejas de su uso selectivo y discriminatorio contra la minoría musulmana, así como su arrogante e irresponsable aplicación a delitos ni siquiera remotamente conectados con el terrorismo.
Aunque eliminó la POTA, el actual gobierno mantuvo varias leyes penales que son mucho más estrictas que en muchas democracias.
Además, también aprobó una enmienda a la Ley contra Actividades Ilegales, de 1967, que incrementa los castigos por cometer actos de terrorismo o por albergar o financiar a terroristas, da más poder a la policía para realizar confiscaciones, permite interceptar comunicaciones y usarlas como evidencia, e incrementa el periodo de detención sin acusaciones formales de 30 a 90 días.
Sin embargo, esto no fue suficiente para los que quieren un Estado "fuerte" y militarizado que prevenga y castigue el terrorismo aun a riesgo de violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo el de un juicio justo.
El principal grupo de derecha de india, el Partido Bharatiya Janata (BJP), venía ya reclamando la reinstauración de la PTA. Hasta hace poco, el gobierno de Singh, la izquierda y los partidos de centro se habían puestos firmes para rechazar esa demanda, a pesar de los numerosos atentados terroristas que sufrió el país en los últimos años.
"Pero ahora, el gobierno se ha sorpresiva y vergonzosamente derrumbado frente a la demanda del BJP bajo la presión de la elite política", señaló el sociólogo Jairus Banaji, de Mumbai.
"La capitulación parece tener su raíz en la ansiedad del gobierno para enfrentar la ridícula acusación del BJP de que carece de voluntad para luchar contra el terrorismo, y en sus cálculos políticos sobre las próximas elecciones generales previstas para mayo", añadió.
En su desesperación por mostrar mano dura contra el terrorismo, el gobierno de Singh también promovió la ley NIA a comienzos de esta semana. La nueva agencia investigará específicamente delitos relacionados con la energía atómica, la aviación, el transporte marítimo, las armas de destrucción masiva, y la izquierda radical, además del terrorismo.
Significativamente, excluye el radicalismo de derecha, que se ha convertido en la mayor amenaza en India.
A diferencia de la existente Oficina Central de Investigaciones, que necesita el consentimiento del Estado antes de estudiar determinados delitos, la NIA podrá actuar por su cuenta. Esta es una grave violación del sistema federal, donde la ley y el orden son temas del Estado.
Muchos gobiernos estaduales y partidos políticos regionales han criticado severamente la ley. En India, los distritos centrales son vulnerables a la manipulación de Nueva Delhi.
La ley de la NIA también prevé la formación de tribunales especiales para juzgar diversos delitos. Esto también despertó duras críticas de abogados.
