Ante al aumento de los homicidios en las fiestas de fin de año, el gobierno dominicano resolvió limitar el porte de armas este mes, aunque expertos indican que son necesarias medidas a largo plazo para atacar el problema de fondo y erradicar así la violencia ciudadana.
La medida se tomó luego de que una encuesta, solicitada por la Secertaría de Interior y Policía a la firma Gallup, indicara que 73 por ciento de los entrevistados manifestaron su conformidad respecto de la campaña titulada "Sacar en diciembre las armas de las calles".
"Las mediciones que hicimos indicaron que de 66 a 67 por ciento de las muertes que se reportan en hechos violentos tienen que ver con el porte y tenencia de armas de fuego", dijo a IPS el general Rosado Mateo, director de Seguridad Preventiva de la Policía Nacional.
Frente a este fenómeno, se adoptó una resolución de modo experimental. "Es una manera de desarmar los ánimos para que los dominicanos busquen formas alternas para solucionar los conflictos que no sea apelando al uso de armas letales", comentó.
"Esto es un plan piloto que está acompañado de una campaña a largo plazo con el objetivo de prevenir el uso de armas de fuego e incitar a la ciudadanía a bajar los niveles de agresividad", añadió, tras explicar que, según el resultado de la medida, se decidirán los pasos a seguir.
Datos de la Policía Nacional indican que las muertes violentas en diciembre de 2006 sumaron 211, frente a 163 del mes anterior y 150 en octubre, mientras que en diciembre del año siguiente los asesinatos llegaron a 234, en noviembre fueron 223 y el mes anterior 167.
La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito ubica a República Dominicana entre los 15 países con índices más altos de homicidios por armas de fuego en el mundo.
La Procuraduría General estima que las muertes violentas crecieron 22 por ciento entre enero y septiembre, respecto de igual lapso de 2007, cuando se registraron 1.487 asesinatos. Los feminicidios, en particular, llegaron a 157 en estos nueve meses estudiados, 22,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2007. El estudio agraga que 76 por ciento de estos crímenes fueron perpetrados con armas de fuego.
Para afrontar esta situación, la Secretaría de Interior y Policía emitió la resolución 01-08, que suspendió por este mes el porte de armas de fuego para los civiles con licencia para tal fin, con el "propósito de reducir la criminalidad y propiciar un ambiente de convivencia sin violencia en la población".
"Esta suspensión no incluye la tenencia, por lo que toda persona, con su licencia al día, al trasladar el arma de su hogar a su negocio u oficina, o viceversa, deberá colocarla en la guantera del vehículo o en un maletín o bolso, sin tenerla dispuesta para el uso", destaca la resolución.
El secretario (ministro) de Estado de Interior y Policía, Franklin Almeyda, advirtió que se revocará de manera definitiva la licencia de porte de armas de fuego a los civiles que este mes violen esa resolución y que serán puestos a disposición de la justicia todo aquel que además no tenga el permiso correspondiente.
FOCOS DE OPOSICIÓN
Los productores de arroz, la asociación de comerciantes de Santo Domingo Oeste, agentes de casas de cambio, así como algunos dirigentes políticos y el cardenal católico Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de la capital del país, figuran entre los más destacados opositores a la implementación de la medida.
"Las armas que los dominicanos llevan apuntan contra la familia particularmente, puesto que la violencia de género es un fenómeno que cada vez se incrementa más en el país. Cada tres días una mujer muere a manos de su pareja o de un familiar cercano", dijo a IPS la antropóloga social Tahira Vargas García.
"Se ha acrecentado el uso de armas también porque los medios de comunicación han creado una imagen de un país inseguro y han contribuido a que la gente se arme", explicó a IPS esta especialista.
A modo de ejemplo, Vargas García recordó que, al anunciar la decisión del gobierno, un popular comentarista de televisión incitó explícitamente a la población a levantar la voz en contra de esta medida y proclamó que "el que me venga a quitar un arma a mí, lo mato".
Respecto de la presencia de armas ilegales existentes en República Dominicana, un estudio de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (Flacso) sostiene que alrededor de 30 por ciento de ellas han sido introducidas desde Haití a través de la porosa franja terrestre que divide a los dos países que comparten la isla La Española.
Provienen de la disolución en 1995 de las Fuerzas Armadas de Haití, medida decretada por el entonces presidente Jean Bertrand Aristide, luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza multinacional de 20.000 hombres en ese país.
Asimismo, la investigación de Flacso destaca que en los últimos procesos electorales se ha comprobado el nivel de violencia con armas cortas y ligereas que ejercen los militantes políticos. Las mismas están financiadas por dirigentes locales y no están emparadas por licencias legales.
También se comprobó que la policía no tiene el hábito de solicitar permisos a los civiles que ostentan armas de fuego en lugares públicos.
"Por vía de mecanismos ilícitos, hay un inventario de armas ligereas y cortas en poder de civiles que es posible que sobrepase más de 150 por ciento de las armas otorgadas por la Secretaria de Estado de Interior y Policía", indicó a IPS Daniel Pou, investigador en seguridad y defensa.
Pou propone implementar medidas a largo plazo para desarmar la población. Además, indica que deben ser acompañadas por cambios en la estructura judicial para que responda adecuadamente al problema de los delitos de sangre.
"Es necesario hacer más capacitación a los cuerpos policiales para que se eliminen formas obsoletas de enfrentar el delito", explicó este experto, que el año pasado fue secuestrado después de haber hecho una intervención en un foro sobre la corrupción de la policía.
El secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Peña Antonio, aunque calificó de "odiosa" la medida del gobierno, advirtió que hay que cumplirla y opinó que después de este plan piloto habrá un mayor control sobre los portadores de armas y mayor educación sobre su utilización. Todos coinciden, empero, en que los daños producidos por el uso indiscriminado de armas de fuego conlleva un costo en vidas humanas que ninguna pandemia puede superar en cantidad de víctimas en este país.
