Abogados de familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en Perú, acreditados en el proceso que se le sigue a Alberto Fujimori, cuestionan el perfil profesional y la independencia de criterio de los futuros presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Superior de Lima.
Los dos magistrados estarán en funciones cuando la justicia determine si Fujimori tuvo responsabilidad y, si así lo establece, en qué grado, en los asesinatos de 15 personas el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, en el centro de Lima, y de otras 10 el 18 de julio de 1992 en la Universidad La Cantuta. Ambas masacres perpetradas por un escuadrón del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
En particular, Villa Stein tendrá ingerencia en el caso cuando el cuerpo elija a los integrantes de la sala que resolverá en última instancia una eventual apelación contra la sentencia al ex mandatario.
Este juez "adelantó opinión respecto a la validez de prueba presentadas en los procesos seguidos contra figuras del gobierno de Fujimori, de modo que lo más conveniente es que, por la independencia, la autonomía y la objetividad del Poder Judicial, no tenga ninguna injerencia en este juicio", dijo a IPS la abogada Gloria Cano, de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos y representante de familias de las víctimas.
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Cano se refiere a que Villa Stein cuestiona como evidencias de corrupción los "vladivideos", como se les llama a las cintas en las que Vladimiro Montesinos, quien fue asesor de inteligencia del gobierno de Fujimori, registró el pago de sobornos que él mismo hizo en esa época a ministros, altos jefes militares, legisladores y empresarios de medios de comunicación.
Villa Stein ha defendido a dos ex dueños de periódicos que recibieron fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el organismos que tras una reforma del propio Fujimori quedó bajo su dependencia directa. Se trata de Eduardo Calmell del Solar, del diario Expreso, y de Moisés Wolfenson, de La Razón, quien además fue diputado fujimorista.
También asesoró legalmente a dos notorias figuras del régimen fujimorista condenados por corrupción, como son la ex fiscal de la Nación Blanca Colán y el ex jefe del ejército José Villanueva.
Los abogados que cuestionan a este juez también señalan que su hijo, Ernesto Villa Morán, trabajó hasta julio en el estudio de los defensores de Fujimori, César Nakasaki y Rolando Sousa, y, cuando este último fue elegido legislador por el partido fujimorista, se convirtió en su asesor.
Otra preocupación planteada por estos profesionales es la amistad del futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú con otro miembro de ese cuerpo, Robinson González, a quien señalan por haberse pronunciado a favor de la inocencia de personas, a la postre sentenciadas por estar vinculadas a Montesinos, preso por corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros delitos.
"Existe la posibilidad de que Villa Stein designe a González como integrante de la sala que revisará la sentencia a Fujimori", advirtió ante IPS Ronald Gamarra, otro defensor de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y presidente de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
"Es por todos conocida la opinión de Villa Stein sobre los juicios a los fujimoristas, como es reconocida su cercanía con el partido de gobierno, en consecuencia, por respeto a las transparencia e independencia del proceso que se lleva contra Fujimori, no debe intervenir en lo absoluto", señaló Gamarra.
"Su sola participación en algún tramo del juicio dañará la imparcialidad del proceso. Debe apartarse para evitar cualquier suspicacia sobre su posible influencia en el curso del proceso", apuntó.
"Yo hubiera querido que sea elegido otro presidente de la Corte Suprema, que garantice que no exista ninguna amenaza de perturbación del proceso, pero lamentablemente no fue así", indicó por su parte Cano. "Por eso, precisamente, Villa Stein tendrá que delegar a otra persona para que organice la sala de apelaciones que verá finalmente la sentencia a Fujimori", reclamó.
Gustavo Campos, otro de los defensores de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, señaló que también reviste peligro para el proceso el hecho de que para Villa Stein no es aplicable el delito de autor mediato.
"Cuando la fiscalía pidió condenar al jefe de (la organización guerrillera de filiación maoísta) Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por el delito de autor mediato en relación a la masacre de los campesinos de Lucanamarca, solo uno de los cinco jueces, Villa Stein, discrepó con dicha figura", explicó a IPS Campos, quien es además miembro de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh).
"Villa Stein prefirió el delito de coautoría. Esto es importante resaltar porque la fiscalía pide condenar a Fujimori por el delito de autor mediato en los casos de Barrios Altos y La Cantuta", explicó.
"Tiene una opinión formada al respecto y, lamentablemente, él elegirá a los magistrados de la sala que eventualmente revisará la condena a Fujimori", puntualizó.
Los activistas critican también la designación como futuro presidente de la Corte Superior de Lima de Vega Vega, porque entienden que su conocida relación con el gobernante Partido Aprista Peruano le puede quitar independencia en sus decisiones. Además le endilgan procedimientos judiciales que, a su juicio, han trabado la prosecución del proceso a Fujimori.
"Con la elección de Villa Stein y Vega Vega en dos trascendentales cargos en el Poder Judicial, el escenario de los próximos años no es precisamente alentador", según Gamarra.
