Militares y un policía que encubrieron desde tribunales marciales a violadores de los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) volverán a cumplir funciones en ese fuero, por decisión del actual presidente de Perú, Alan García.
La resolución, firmada también por los ministros Ánero Flores Araoz, de Defensa, y Rosario González, de Justicia, contradice al Tribunal Constitucional, que en dos fallos asignó la facultad exclusiva de nombrar jueces y fiscales al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La decisión del Poder Ejecutivo apareció publicada en El Peruano, la gaceta oficial del gobierno, en el feriado de Navidad, 25 de diciembre.
Los nombrados como miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) son cuatro generales del ejército, tres tenientes generales de la fuerza aérea, dos vicealmirantes de la marina y un general de la policía, todos ellos retirados.
Una vez que se reúnan para asumir sus puestos, los 10 magistrados deberán elegir al próximo presidente del CSJM.
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El cuestionado órgano mantuvo su carácter autónomo por decisión del Congreso legislativo, en lugar de convertirse en una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, como propusieron la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y organizaciones de la sociedad civil.
Entre los jueces militares designados por García figura el general Hugo Pow Sang, quien, como magistrado del CSJM, intervino en un juicio contra agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) como parte de una maniobra que culminaría con la amnistía de los asesinos.
Pow Sang fue, además, quien excluyó de ese proceso al principal asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, a través de una resolución que fue redactada en el despacho de éste en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), según declaró el ex funcionario de dicho organismo Rafael Merino Bartet.
El 22 de febrero de este año, Johnny Berríos Rojas, ex agente del SIE, afirmó en el juicio que se sigue a Fujimori que Pow Sang falseó un testimonio suyo para negar toda vinculación entre el hoy ex presidente y dos masacres en Lima, las cometidas en 1991 en Barrios Altos (15 muertos) y en 1992 en la Universidad La Cantuta (10).
Pow Sang también ordenó desde el CSJM la captura y participó en el proceso del general retirado Rodolfo Robles Espinoza, quien había denunciado públicamente la existencia del grupo especial del SIE que operaba bajo órdenes de Montesinos y con conocimiento de Fujimori.
Otra demostración de su absoluta dependencia de Fujimori y Montesinos fue su firma en 1999 del "Acta de Sujeción", por la cual los altos mandos se comprometieron a hacer causar común en caso de que se pretendiera enjuiciar a los militares que participaron en el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y a los violadores de derechos humanos beneficiados con una ley de amnistía.
Otro miembro del CSJM recientemente designado, el mayor general de la fuerza aérea retirado Percy Catacora Santistevan, fue uno de los magistrados castrenses que condecoraron a Vladimiro Montesinos en 1997 por haber actuado a favor del fuero militar.
Catacora Santistevan intervino en el juicio contra el ex "broker" de seguros del ejército Gustavo Cesti Hurtado, procesado por el CSJM a pesar de la condición de civil del acusado.
El mayor general aviador fue testigo por el gobierno de Fujimori al tratarse el caso de Cesti Hurtado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Perú y ordenó la liberación de Cesti.
El general de la Policía Rizal Bragagnini, ex viceministro del Interior del régimen de Fujimori en 1999, una de las peores épocas de la represión, es otro de los recientemente designados por García y sus ministros como juez militar.
El 29 de septiembre de 2006, el Tribunal Constitucional ratificó que el Consejo Nacional de la Magistratura es competente para designar jueces y fiscales. El 11 de enero, declaró en rebeldía al Congreso por ratificar una ley relativa al CSJM que contraviene la Constitución.
El ministro Flores Araoz sostuvo que ninguno de los nuevos jueces castrenses, a diferencia de lo que sucedió en el pasado reciente, está en actividad y que, por lo tanto, no depende de los mandos de las Fuerzas Armadas.
"Se ha elegido a oficiales ( ) en situación de retiro, lo que fortalece su independencia funcional", dijo el encargado de la cartera de Defensa.
Magdiel Gonzáles, ex integrante del Tribunal Constitucional que participó en las resoluciones sobre el CSJM, ratificó en declaraciones a IPS que "el nombramiento de jueces y fiscales militares por parte del jefe de Estado es totalmente inconstitucional".
"Se violan dos sentencias según las cuales es la Constitución la que indica que la elección de los vocales del CSJM corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura", sostuvo. "Se ha cometido un acto gravísimo pasible de una acusación constitucional contra quienes nombraron a los jueces militares, incluido el presidente García."
Durante el régimen de Fujimori, el CSJM fue utilizado para perseguir a opositores. Al general Alberto Arciniega le inició un juicio por negarse a recluir en una cárcel para presos comunes a militares que se levantaron contra Fujimori, el 13 de noviembre de 1992. Arciniega debió refugiarse en Argentina.
En abril de 1995, el tribunal militar ordenó el arresto de los generales en retiro Carlos Mauricio y Walter Ledesma por sus críticas a la conducción de las tropas peruanas a cargo del general Nicolás Hermoza —quien cogobernaba con Fujimori y Montesinos— durante la guerra con Ecuador.
El Colegio de Abogados de Lima también se ha pronunciado contra la existencia del CSJM como cuerpo ajeno al control del Poder Judicial. El vicedecano del Colegio, Luis Lamas Puccio, consideró inconstitucional la designación de jueces militares por parte del Poder Ejecutivo.
"El presidente García se ha equivocado" al desatender los fallos del Tribunal Constitucional que asigna al Consejo Nacional de la Magistratura la designación de "los jueces militares igual que la de los jueces del fuero común", explicó Lamas a IPS.
"El nombramiento de jueces no es una decisión política sino jurisdiccional. En un Estado de Derecho se deben respetar las normas. Los jueces militares deben pasar todos los filtros de cualidades, experiencia e idoneidad que se aplican a los magistrados de la justicia ordinaria. Es un grave error", advirtió el abogado.
Gonzáles apuntó que "el presidente tiene la obligación de cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y cualquier otra sentencia". "En este caso está cometiendo una violación, y, por lo tanto, comete una infracción constitucional", agregó.
