La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado salvadoreño a cumplir a cabalidad con la sentencia en la causa por el asesinato del empresario Mauricio García Prieto y a poner fin a las amenazas y persecución contra los padres de la víctima por parte de agentes gubernamentales.
La ratificación es en respuesta a la solicitud de "interpretación" que pidió en marzo el Estado salvadoreño a la Corte con sede en Costa Rica, referente al fallo de ésta que ordena que las investigaciones sobre el crimen deben finiquitarse, independientemente de que el asesinato ya prescribió o que este país haya reconocido la competencia del organismo regional hasta julio de 1995, un año después del homicidio.
Guadalupe de Espinoza, abogada del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y encargada del proceso, explicó que la Corte reiteró su sentencia de noviembre de 2007, no por el asesinato ocurrido en junio de 1994, sino por "falta de justicia", y por amenazas y atentados en contra de José Mauricio y Gloria de García Prieto, los padres del asesinado.
Según la ley salvadoreña, la investigación judicial de todo asesinato prescribe después de los 10 años de cometido. García Prieto fue ejecutado a balazos el 10 de junio de 1994 por dos hombres que lo interceptaron al momento de llegar a la casa de un familiar en compañía de su esposa, quien llevaba al hijo de ambos de cinco meses en brazos.
El crimen del empresario, según denunciaron en su momento organizaciones defensoras de los derechos humanos y la propia familia García Prieto, se vincula con otros perpetrados por ese entonces contra ex comandantes del otrora guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), todos asesinados por escuadrones de la muerte.
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La guerrilla del FMLN se desmovilizó y se constituyó en partido legal como fruto del acuerdo de paz firmado en enero de 1992 con el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994). Así finalizó la guerra civil de 12 años que costó la vida a 75.000 personas y la desaparición de otras 8.000. La mayoría de estos crímenes son atribuidos a escuadrones de la muerte ultraderechistas.
Después del crimen, la familia García Prieto, con recursos económicos importantes, realizó gestiones con jefes policiales y fiscales, pero nunca logró una respuesta satisfactoria sobre el curso de las investigaciones, que según los denunciantes estuvieron plagadas de irregularidades y se permitió encubrir a los presuntos asesinos.
Meses más tarde los García Prieto comenzaron a ser objeto de amenazas telefónicas y persecución.
Gloria de García Prieto, madre de la víctima, denunció pocos años después que entre los autores intelectuales de la muerte de su hijo se encuentra un ex general del ejército, pero hasta la fecha no ha logrado probarlo.
Luego de la condena al Estado salvadoreño emitida, David Morales, quien trabajó para la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y lideró la investigación del caso, sostuvo que ese organismo había llegado a la conclusión de que el homicidio fue cometido por un escuadrón de la muerte conformado por ex miembros de las fuerzas de seguridad incrustados a propósito en la Policía Nacional Civil (PNC), creada en 1993.
Algunos "jefes policiales trataron de entorpecer las investigaciones", afirmó Morales, quien ha sido querellante en el caso que se procesa contra El Salvador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por el asesinato en 1980 del arzobispo católico salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, también a manos de paramilitares ultraderechistas.
De Espinoza aseguró a IPS que el Estado no ha cumplido ninguno de los tres puntos de la condena, por lo que "continuarán insistiendo" para que la justicia salvadoreña dé "cumplimiento total a la sentencia".
La "parte más importante de la sentencia, sin desestimar el resto, es que se enjuicie a los responsables del asesinato y de las agresiones en contra de los padres de la víctima, añadió la también subdirectora del Idhuca.
Mientras no se "castigue a los responsables de los crímenes" no habrá justicia, reiteró De Espinoza.
El Estado también debe proporcionar asistencia médica y psicológica e indemnizar a los García Prieto, al tiempo que mandata a que brinde seguridad a ellos, a miembros del Idhuca y peritos del caso en los "términos" que la Corte ha especificado y no como lo estime conveniente el gobierno, según lo estableció la condena de la Corte.
La Corte indica "que el Estado debe culminar con la investigación ( ), y así evitar la repetición de hechos como los del presente caso", así como publicar la sentencia en el Diario Oficial y en otro medio de comunicación, como mandata la norma.
Esta reiteración de la Corte, emitida a fines de noviembre, es "trascendental para la justicia salvadoreña", consideró la madre del asesinado, al tiempo que se convierte en "referente de lucha contra la impunidad", imperante en esta nación centroamericana.
Aunque dos personas están en prisión como responsables materiales del asesinato, los autores intelectuales nunca han sido identificados.
Esta es la segunda condena de la Corte, que es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, contra El Salvador. La primera se notificó en marzo de 2005 y fue sobre la ausencia de justicia por la desaparición forzada de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, de tres y siete años, a manos del ejército en un operativo contrainsurgente en 1982.
Mientras, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, confirmó a IPS que en su balance anual constata un "deterioro" de esos derechos básicos durante este año.
De las 2.485 denuncias recibidas por la Procuraduría, 1.603 son atribuidas a la Policía Nacional Civil (PNC). Entre los delitos más recurrentes están las violaciones a la seguridad individual, el uso excesivo de la fuerza y la coacción.
"Que la institución más denunciada sea la PNC es preocupante", pues implica que la seguridad de los ciudadanos es vulnerada por quienes tienen la obligación de protegerlos, agregó el funcionario. De García Prieto denunció que las escuchas telefónicas y la persecución en su contra continúan "como siempre", aunque de una manera más sofisticada. Aclaró que no aceptan las condiciones en que el Estado les ha ofrecido seguridad, ya que comprobaron que los funcionarios públicos que "supuestamente los protegerían se dedicaban a espiarlos".
"Ellos venían a nuestra casa únicamente a escuchar nuestras conversaciones y a identificar a quiénes nos visitaban. Eran como un caballo de Troya", sostuvo.
Cómo confiar en "agentes del Estado si ellos fueron los que asesinaron a mi hijo", concluyó a modo de pregunta la madre de la víctima.
