Sesenta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la abogada Yomary Ortegón lamentó que aún esté lejos el ideal de integralidad que proclama su preámbulo. El comentario fue hecho al escuchar la evaluación sobre Colombia del organismo rector en la materia de la ONU.
Ortegón, secretaria técnica de la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, hizo referencia expresa al considerando que presume «( ) el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias».
El trabajo de la Plataforma, conformada por 110 organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas, se puede resumir bien en aquel lema de los trabajadores peruanos de los años 30 que decía «no matarás ni con hambre ni con balas».
Integrantes de la Plataforma, así como de otras tres grandes redes de la sociedad civil y de grupos sectoriales especializados en género, menores de edad y minorías étnicas, se reunieron en la privada Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Entre todas suman más de 1.000 organizaciones.
Allí siguieron expectantes la transmisión directa vía Internet desde Ginebra, el miércoles, del Examen Periódico Universal (EPU) a Colombia, el nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para evaluar el estado de cumplimiento de las garantías básicas en los países miembros de ese foro mundial.
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Los 13 EPU anteriores parecieron una simple formalidad y todo fue aplaudido, según Ortegón, pero lo que ocurrió en el examen a Colombia «fue excepcional». De los 44 países que intervinieron en cerca de tres horas de debate, 18 manifestaron críticas y propusieron recomendaciones a Bogotá.
En el auditorio bogotano, en tanto, quedó la sensación de que la sociedad civil colombiana fue escuchada en Ginebra, a pesar de que formalmente sólo se le dieron dos minutos para presentar sus planteamientos. Es que trabajaron un año entero en preparación del EPU.
Su informe conjunto fue entregado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, quien lo fundió con informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos internacionales y de la sociedad civil de otros 16 países, creando un documento que distribuyó a todas las delegaciones que integran el Consejo.
El trabajo colectivo tuvo incidencia, no fue inútil, según Álvaro Villarraga, de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Algo cambió, y desde hace poco, añadió.
[pullquote]1[/pullquote]Villarraga recordó que apenas meses atrás, cuando las organizaciones tocaban las puertas de la comunidad internacional con el fin de incidir en las políticas hacia Colombia, «se nos cuestionaba, se nos preguntaba sobre las fuentes». Había un cierto rechazo a los informes no gubernamentales de derechos humanos, apuntó.
El contexto internacional era «muy favorable para la tesis del gobierno de la derrota de la insurgencia, de la consolidación militar del control territorial y de la superación fundamental (de los retos) en materia de derechos humanos», según el analista.
Ese ya no es el denominador común. Villarraga percibió «cambios notorios, insuficientes, pero importantes».
Estos se habrían dado, entre otros factores, a partir del escándalo que destapó, a fines de septiembre, la práctica de ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército, que luego son contabilizadas como bajas en combate contra guerrilleros izquierdistas o paramilitares de ultraderecha.
Los defensores de derechos humanos registran ejecuciones extrajudiciales hace tres decenios, pero sólo hace cinco años fueron escuchados. Aunque el gobierno derechista de Álvaro Uribe las presentó internamente en septiembre como un fenómeno nuevo, durante el EPU fue el viceministro de Defensa de Colombia, Sergio Jaramillo, quien alegó que este año esos actos «han disminuido».
El constitucionalista Rodrigo Uprimny, director del centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, agrupó a los países que opinaron en la sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre Colombia.
El primer grupo fue el de los «irrelevantes», cuya intervención no aportó, según Uprimny, y nombró a India.
El segundo lo integraron estados que tienen problemas parecidos a los de este país andino, que afronta un conflicto armado interno desde hace decenios, y que aún deben pasar su EPU. «Entonces, obviamente, elogian fuertemente a Colombia, con el fin de que después sean elogiados» por Bogotá, sostuvo Uprimny.
Pakistán, Filipinas y Perú fueron los gobiernos que más aplaudieron a Bogotá. Por eso expresaron, dijo Uprimny, que «Colombia enfrenta el terrorismo y todo lo que está haciendo está bien».
Hubo un «grupo» de un solo país, remarcó, «cuya ausencia es notoria: Estados Unidos», que financia la guerra contrainsurgente en Colombia, pero que está a las puertas del cambio de gobierno y no opinó. «Fue el gran silencio frente al tema de Colombia», señaló el jurista.
Los delegados de los países europeos, junto a Uruguay, Canadá y Australia, entre otros, fueron los más críticos, aunque siempre en el marco de la diplomacia. Las intervenciones de Francia y de Gran Bretaña fueron descritas por los activistas como «muy fuertes».
Estos países reconocieron la apertura del Estado colombiano al EPU, así como mejorías que nunca precisaron. «Hay avances, pero las preocupaciones subsisten», dijo el embajador británico en el Consejo (ver recuadro).
En el segmento final, Villarraga percibió «una actitud a la defensiva del gobierno» de Uribe. Fue evidente el contraste entre el reposado documento escrito, que fue presentado al EPU, y el tono un tanto alterado con el que algunos funcionarios de la delegación colombiana respondieron a las intervenciones de los otros países.
Las organizaciones de la sociedad civil registraron avances en el EPU, que hizo visibles asuntos urgentes como los niños soldados en las fuerzas irregulares, la violación de mujeres como arma de guerra y el riesgo en que están las culturas indígenas y negras.
Pero también exteriorizaron desconfianza hacia mecanismos del Consejo como la «troika». Ésta entregará la semana entrante, para aprobación de los demás países, un documento-resumen concertado con el gobierno colombiano.
«Con una troika compuesta por la Italia de (Silvio) Berlusconi, por una monarquía hereditaria como es Bahrein, o por un país como Burkina Faso, que tiene a 44 por ciento de su población viviendo con menos de un dólar al día, sin duda se recortan un poco las esperanzas», dijo Alejandro Mantilla, del Centro de Cooperación al Indígena.
Varios analistas mencionaron con preocupación que ningún país consideró el tema de la tierra, la almendra de la guerra colombiana.
Y aunque el propio gobierno colombiano anota en su informe que «hace grandes esfuerzos por cumplir con sus obligaciones» en derechos humanos en medio de «una confrontación armada» de grupos guerrilleros contra el Estado, sólo el embajador de Uruguay, Alejandro Artucio, habló de paz.
El gobierno colombiano debe esforzarse por lograr un acuerdo de paz con la guerrilla, es una de las recomendaciones de ese país suramericano, que, como todas las que se hicieron en la jornada, Bogotá podrá aceptar o rechazar.
