El gobierno de Óscar Arias ha hecho saber que trabaja en una reforma constitucional para recortar facultades de organismos que, alega, han vuelto ingobernable a Costa Rica. El anuncio sorprendió inclusive a los legisladores del partido que ejerce el poder.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias —mano derecha y hermano del presidente Óscar Arias—, anunció su intención de reformar la Constitución de 1949 en una entrevista en el principal diario costarricense, La Nación.
La propuesta no parece haber despertado entusiasmo. Todas las fuerzas políticas, incluido el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) se han mostrado renuentes a tocar la Constitución en este momento.
Rodrigo Arias sorprendió a los portavoces parlamentarios de los distintos grupos. El propósito es superar la "ingobernabilidad" y la "parálisis jurídica" del país, dijo. El ministro ya trabaja en un borrador y cuenta con un cronograma de acciones, según explicó a La Nación.
Unos meses atrás, el presidente Arias expresaba su "cansancio" por la imposibilidad de gobernar Costa Rica, puesto que a su juicio existen un alto número de trabas institucionales.
El intento reformista va encaminado a limitar competencias de la Sala IV (tribunal constitucional que forma parte de la Corte Suprema de Justicia), como la consulta previa legislativa, que exige someter los proyectos de ley a los magistrados antes de que sean votados en el parlamento para asegurarse de que no infrinjan la carta magna, o la facultad de suspender con efecto inmediato decisiones gubernamentales.
Otro de los órganos en la mira es la Contraloría, encargada de fiscalizar las finanzas públicas. "Es necesario redimensionar sus competencias para que entre sólo a posteriori en el control del gasto público. Ahora termina administrando y cogobernando con las instituciones públicas", dijo a IPS el abogado de derecho constitucional Rubén Hernández.
"Ya lo dijeron José María Figueres (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Abel Pacheco (2002-2006) y ahora los Arias. Si el PLN tuviera 29 diputados en la Asamblea Legislativa (mayoría simple), no tendríamos a Rodrigo Arias diciendo esto, porque no tendría tantos problemas", dijo a IPS el profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Fernando Zeledón.
"No es nada nuevo el llamado de agentes políticos a esta reforma. De manera coyuntural, hay que observar el camino de los últimos siete años, con reformas parciales y con aspectos fundamentales de la Constitución del 49 que la agenda complementaria (del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos) se propone reformar", opinó Zeledón.
"Se ha cambiado tanto (la Constitución) que debemos admitir que es distinta a la de entonces", estimó Zeledón.
"La idea es buena, pero no es el momento oportuno", consideró Hernández, ya que el anuncio "se mediatiza por el interés de los partidos de cara a las elecciones".
Los próximos comicios legislativos se celebrarán en marzo de 2010. "La discusión debería tener lugar después, cuando esos intereses ya no entren en juego", apuntó.
El abogado constitucionalista cree que la reforma no va tocar "la parte dogmática. Sí qué se va a hacer con la parte orgánica", como la cuestión de la hacienda pública, la descentralización, el sistema electoral o las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Inclusive, "se podría tomar un paquete de 12 ó 15 reformas…, que podrían modificar el sistema del aparato estatal", serían parciales y consensuadas, sin necesidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, "pero ello implicaría una negociación en la Asamblea Legislativa para que no hubiera obstáculos", dijo.
Hay tres mecanismos para convocar una asamblea constituyente, y los dos primeros parecen improbables en este momento: por acuerdo de todos los partidos políticos, o a través de la Asamblea Legislativa, que debe aprobarla con los votos de dos terceras partes de sus miembros (38 de los 57 diputados). El tercero, un referendo, sería la apuesta del ministro de la Presidencia.
En caso de que se convocara al órgano constituyente, "lo auguro de máxima tensión", dijo Zeledón.
"Hay mucha gente queriendo participar. Parece que los tomadores de decisiones dicen que los problemas de gobernabilidad vienen dados porque mucha democracia es mala. Hay una sociedad deliberante que pondría a prueba la constituyente, que sea democrática y que opine la mayoría", advirtió.