Un tribunal de Miami, Estados Unidos, declaró culpable este lunes al empresario venezolano Franklin Durán por conspirar y actuar como agente no autorizado de Venezuela en el «escándalo de la valija», supuestamente usada para financiar la campaña electoral de la presidenta argentina, Cristina Fernández.
La decisión del jurado, en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses, llega justo cuando el gobernante venezolano Hugo Chávez ha enviado señales de desear un entendimiento con un posible futuro gobierno del aspirante Barack Obama, del opositor Partido Demócrata, si éste se impone finalmente en los comicios de este martes sobre el republicano John McCain.
"Desde ahora le envío señales al hombre negro", dijo Chávez refiriéndose a la condición afrodescendiente de Obama. "Él debe saber que yo no soy ningún tirano, ninguna amenaza para Estados Unidos", señaló el mandatario venezolano, quien lleva años de enfrentamiento político con Washington.
"Faltando horas para que ese hombre negro, de ascendencia africana, origen humilde y joven llegue a la Presidencia de Estados Unidos, manifiesto que estoy dispuesto a sentarnos a conversar en pie de respeto y de igualdad, más nada", agregó Chávez.
Analistas políticos venezolanos como Orlando Ochoa han subrayado a IPS que el juicio de la valija dejó de ser un proceso por traslado indebido de dinero y se convirtió en un modo usado por Washington para mostrar las llagas de la corrupción en el gobierno de Chávez.
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El 4 de agosto de 2007, una valija con casi 800.000 dólares fue incautada en el aeropuerto de Buenos Aires al empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini, uno de los pasajeros de un avión fletado por Enarsa, empresa energética estatal de Argentina.
Los otros pasajeros eran argentinos y venezolanos que ultimaban negocios entre sus empresas estatales de energía, y en Buenos Aires se abrió una investigación sobre la valija —que llegaba de Venezuela, un país con un estricto control cambiario— pero no se detuvo a Antonini, quien viajó a Estados Unidos tras una escala en Uruguay.
Meses después, en un tribunal de la sudoriental ciudad estadounidense de Miami se inició un juicio contra cinco personas, acusadas de conspirar y actuar como agentes de Venezuela para impedir que Antonini revelase el origen y destino de los billetes contenidos en la valija.
Se trata de los empresarios venezolanos Carlos Kauffman y Franklin Durán, que fueron amigos y socios de Antonini, el abogado venezolano Moisés Maiónica, el uruguayo Rodolfo Wanseele y un supuesto agente de inteligencia de Venezuela, José Cánchica.
Cánchica está prófugo de la justicia estadounidense, Kauffman, Maiónica y Wanseele se declararon culpables y negociaron reducción de sus castigos a cambio de colaborar con la fiscalía, y Durán se proclamó inocente, por lo que en septiembre se le abrió juicio.
En el proceso se divulgaron grabaciones, hechas mediante acuerdo de Antonini con la policía federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI), de conversaciones entre el empresario y sus socios, abogados y agentes supuestamente enviados por Caracas.
Según las grabaciones y los testimonios presentados por la fiscalía, los 800.000 dólares eran parte de un envío de cinco millones de dólares que Chávez aportó a la campaña de Fernández, una de sus aliadas políticas en el continente, al igual que el esposo de la mandataria y su predecesor en la Casa Rosada, Néstor Kirchner.
La acusación sostuvo que el dinero salió de las arcas de la corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por instrucciones de Chávez, y también que tanto los porteadores del dinero a Buenos Aires, como quienes presionaron a Antonini eran parte de una madeja de corrupción que birla cientos de millones de dólares al erario venezolano.
Desde que hace 15 meses estalló el escándalo, las autoridades de Venezuela, tanto de su gobierno como de su Poder Judicial, parlamento y Poder Ciudadano (fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo), sistemáticamente lo han considerado como un "show" publicitario de enemigos del país coludidos con sectores de la oposición interna.
La fiscalía apenas abrió una investigación contra Antonini a fines de 2007 por infringir la ley de bancos, que obliga a declarar las sumas movilizadas a quienes exporten más de 10.000 dólares en alguna operación. Chávez y la fiscal general Luisa Ortega han dicho que Antonini es "un traidor a la patria", han criticado la cobertura mediática del juicio y sólo en las últimas semanas la fiscalía reactivó solicitudes de información a Buenos Aires y abrió investigación por el caso a varios de los implicados en el juicio de Miami.
A Venoco, una empresa petroquímica que es propiedad de esos empresarios, "hay que ocuparla, expropiarla porque sus dueños (Kauffman y Durán) están en Estados Unidos, prestándose a una acción contra la patria", dijo hace dos días el presidente Chávez.
Oficinas en Caracas de los implicados en el juicio fueron allanadas recientemente por la policía política, mientras los medios de comunicación estatales insisten en que el proceso de Miami es un montaje para desprestigiar al gobierno, y en cambio los privados de línea opositora ventilan las denuncias surgidas de las grabaciones.
Al menos 14 casos de corrupción debieran investigarse en Venezuela "tomando como indicios los testimonios que allá se han presentado de manera pública", dijo a IPS el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Alberto Arteaga.
Entre los casos de corrupción señalados se destacan operaciones hechas por Kauffman y Durán para ser favorecidos con canjes de papeles de deuda venezolana —compraron divisas a precio controlado y las revendieron al valor del dólar paralelo— con las que ganaron 100 millones de dólares en una jornada y pagaron sobornos por 23 millones.
En la sala del juicio de Miami se escucharon relatos de compraventa de edificios para el Estado venezolano con sobreprecios millonarios, contratos sobre estimados en decenas de millones de dólares por los que pagaron sobornos a gobernadores y ministros, además de acciones de colocación de dinero en la banca —con jugosas comisiones— para entes estatales civiles y militares.
La difusión de esos informes ha coincidido con la campaña para elegir en Venezuela a gobernadores de estados y alcaldes de sus municipios. Durante años, los responsables de las principales firmas encuestadoras han dicho que en Venezuela la corrupción no es un tema que mueva la balanza electoral.
"Pero esta vez sí se aprecia una incidencia porque un tercio de venezolanos la presenta en su lista de problemas y hasta cinco por ciento la considera el principal, aunque muy distante del 46 por ciento que señala la inseguridad personal como el mayor mal", dijo a IPS Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.
La combinación de ambos elementos —el antagonismo con Washington y los señalamientos de corrupción en plena carrera electoral— auguran réplicas de Caracas a la decisión del jurado y a todo el juicio sobre la valija en Miami.
El jurado demoró una semana en llegar a un veredicto unánime sobre la culpabilidad de Durán, que puede recibir hasta un máximo de 15 años de cárcel, pero será en enero de 2009 cunado la jueza Joan Lenard imponga el castigo que recibirá el empresario.
