En medio de un destape de corrupción en los altos niveles de la policía y de una incesante violencia criminal, vencerá este sábado en México el plazo de 100 días definido para medir los primeros resultados de un acuerdo nacional por seguridad.
Nadie celebra logros de alto calado y ya se detectan algunos incumplimientos.
Observadores entrevistados por IPS lamentaron los escasos resultados así como el descenso en los niveles de indignación popular, que en su momento llevaron a las autoridades a definir el pacto. De todas formas, señalaron que, ante la magnitud del problema, los cambios prometidos van a tomar varios años.
El llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad fue suscrito el 21 de agosto por el gobierno, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, empresarios, asociaciones religiosas, grupos sociales y medios de comunicación. La mayoría de las promesas incluidas tienen plazos de cumplimiento de tres a 18 meses.
"Yo defino el proceso en marcha como el intento de reparar el barco en medio de una tempestad", dijo Guillermo Zepeda, experto en seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil (Cidac), que junto a otras organizaciones sociales y académicas busca crear un observatorio ciudadano que vigile y mida los cambios prometidos.
Ese observatorio debería estar ya integrado y funcionando, según se indica en el acuerdo nacional.
Tampoco el Poder Legislativo cumplió su compromiso de procesar reformas legales sobre seguridad presentadas por el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón.
"Nosotros ni legislamos para una fecha fatal ni estamos en la angustia de los 100 días", declaró Carlos Navarrete, líder de la bancada del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Uno de los puntos que sí se cumplió fue la partida del presupuesto estatal para 2009, concertado entre el gobierno y los legisladores, de 5.140 millones de dólares en seguridad y justicia, lo que representa un aumento de 33 por ciento respecto a este año.
"Me parece que muchas autoridades no tienen ningún apuro para cambiar la situación. Tanta violencia les importa poco, como si fuera parte de la normalidad mexicana", señaló a IPS Bolívar Juárez, integrante de una unión de vecinos contra la inseguridad en la capitalina colonia (barrio) de Del Valle.
Elías Kuri, portavoz del grupo ciudadano Iluminemos México, uno de los organizadores de una gigantesca marcha contra la inseguridad realizada en la capital el 30 de octubre, dijo a IPS que en los 100 días pautados para evaluar el acuerdo "pasó muy poco en cuanto a acciones concretas", y en materia de crimen "todo sigue igual".
Kuri sostuvo que el gobierno de Calderón no cumplió su promesa de mantener una comunicación fluida con la sociedad civil organizada que realizó la marcha de octubre y que por eso, entre otros factores, no pudo crearse el observatorio ciudadano tal como se planeó
Zepeda dijo que es "especialmente preocupante" que con el paso de las semanas el "umbral de tolerancia social" ante el crimen haya subido y que en ese sentido la presión de la población a las autoridades sea menor ahora que cuando se realizó la marcha contra la inseguridad.
"Contar siete ejecutados (asesinados) en un día es normal, ya no causa sorpresa y eso es terrible", señaló el experto del Cidac.
Desde la firma del acuerdo a la fecha, unos 50 directivos policiales, entre ellos dos ex jefes de la Policía Internacional (Interpol) y funcionarios muy cercanos al secretario (ministro) de Seguridad Pública, Genaro García, fueron detenidos por sus presuntos vínculos con narcotraficantes en el marco de una operación gubernamental denominada "Limpieza".
Mientras, la violencia se agrava. Ocho personas murieron en un ataque con granadas contra civiles reunidos en una plaza. Hubo más de 1.560 asesinatos, entre ellos de 167 policías, un alcalde y dos periodistas. Uno de los hechos que acaparó más la atención fue el ataque a tiros y con una granada que no explotó contra el consulado de Estados Unidos en la norteña ciudad de Monterrey. Cerca de 5.000 personas han muerto en lo va de este año por ataques entre y contra narcotraficantes mexicanos, que según diversos estudios son ahora los más poderosos de América Latina, luego de haber desplazado a los colombianos. Los análisis indican que los grupos mexicanos están enfrascados en una lucha intestina por controlar los mercados de la droga.
Los hechos de violencia tienen tintes cada vez más macabros en México. De agosto a noviembre hubo numerosas decapitaciones, ejecuciones extrajudiciales de más de 12 personas en un mismo lugar. También se registró el caso de un niño secuestrado al que se asesinó inyectándole ácido vía intravenosa.
Mientras, las autoridades desarticularon importantes bandas de secuestradores, detuvieron a altos mandos del narcotráfico y decomisaron 314 armas largas, un record histórico en este país.
Dependiendo de la encuesta, la inseguridad ocupa el primero o el segundo lugar en las principales preocupaciones de los mexicanos, junto a los problemas económicos. En lo que coinciden los sondeos es que la mayoría apoya al presidente Calderón en su lucha contra el crimen y su estrategia de usar a las Fuerzas Armadas en esas tareas.
Entre los compromisos suscritos por las autoridades, empresarios, iglesias, medios de comunicación y grupos sociales en agosto están el dictar nuevas leyes, depurar en un año todos los cuerpos policiales, emprender acciones en inteligencia, construir nuevas cárceles de alta seguridad e implementar instrumentos de denuncia ciudadana.
En el documento, los firmantes dicen reconocer que "la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción y la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia".
"Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos", señalaron.
El gobierno convocó a una reunión de evaluación del acuerdo para este sábado, cuando se cumplen los 100 días de su firma. Allí se presentará un informe detallado de los resultados.
Una encuesta del diario El Universal, realizada del 10 al 14 de este mes a 500 personas vía telefónica y publicada el miércoles, indica que 60 por ciento de los consultados no percibían resultados a 100 días de la firma del acuerdo. Además, 59 por ciento dijeron creer que los narcotraficantes le van ganando la guerra al Estado.
"La violencia no toca fondo, y la capacidad de respuesta del Estado está minada, por lo que la perspectiva de un cambio importante se ve todavía lejana, tomará varios años", sostuvo Zepeda, del Cidac.
Por su parte, el presidente de la estatal pero independiente Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez-Icaza, señaló: "Francamente, en estos 100 días no creo que estemos mucho mejor en materia estructural o sustantiva" en los asuntos de seguridad pública.
