En un escenario de reclamos sociales, pujas políticas e incertidumbre sobre el futuro económico de Paraguay, Fernando Lugo cumplió 100 días en la presidencia, durante los que se destacan logros positivos en materia de salud y combate a la corrupción.
Luego de su investidura, el 15 de agosto, el reclamo de una reforma agraria cobró relevancia en la sociedad paraguaya, a partir de las grandes movilizaciones de organizaciones campesinas y sociales.
Ocupaciones de tierras, cortes de rutas, marchas y manifestaciones se han desarrollado en diferentes puntos del territorio, en medio de una escalada de violencia.
Las grandes extensiones de tierra en manos de colonos brasileños, destinadas al cultivo intensivo de soja en la región oriental del país, fueron foco de un conflicto que se trasladó al terreno diplomático cuando los productores pidieron la mediación del gobierno de Brasil.
En un intento de destrabar la crisis, Lugo creó el Consejo para la Reforma Agraria, integrado por representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones campesinas.
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Para el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), con el gobierno del ex obispo Lugo se abrió un proceso democrático "en serio", importante para el trabajo y el crecimiento de las organizaciones sociales.
"Nosotros sabíamos que en estos cien días no se podían realizar todos los cambios esperados. Lo importante es garantizar la continuidad del proceso iniciado, porque hay muchos intereses en juego", dijo a IPS Pablo Ojeda, secretario general del MCP.
A su juicio, el Consejo para la Reforma Agraria es un paso importante en la atención de los reclamos del sector campesino, aunque los resultados dependerán de la voluntad política de los sectores que lo integran.
Por otro lado, el nuevo gobierno se vio rebasado por el aumento acelerado del delito. Según registros de la policía, entre los meses de agosto y octubre de este año se registraron 339 robos y asaltos domiciliarios, 138 por ciento más que en el mismo periodo de 2007.
En el ámbito político, las diferencias entre los partidos y movimientos que integran la gobernante Alianza Patriótica para el Cambio (APC) salieron a la luz.
Las discrepancias entre Lugo y el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico, principal fuerza política de la APC, fueron una constante. La designación de políticos liberales contrarios a Franco como ministros, las posiciones antagónicas respecto de la defensa de la propiedad privada y la decisión de Lugo de nombrar al ministro del Interior, Rafael Filizzola, como nexo entre el Ejecutivo y el parlamento, función constitucional del vicepresidente, fueron los detonantes de la situación.
La relación de Lugo con el Congreso legislativo se vio afectada por la falta de coordinación para encaminar los proyectos del gobierno.
Lugo no cuenta con mayoría propia en ambas cámaras, donde el Partido Colorado, ahora en la oposición tras 61 años ininterrumpidos en el poder, controla un mayor número de bancas.
Aunque el oficialismo contó inicialmente con el apoyo del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), la relación se vio afectada por la denuncia de una supuesta conspiración contra el gobierno, encabezada por su líder, el ex general Lino César Oviedo, y el ex presidente colorado Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).
"Lugo tuvo que hacer frente a un sistema de justicia, integrado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, y a un parlamento que fueron francamente hostiles a su gestión", dijo a IPS el analista político Tomás Palau.
En materia económica, una de las medidas de mayor impacto fue la de obligar a pagar a los grandes productores rurales el Impuesto a la Renta a las Actividades Agropecuarias. La recaudación fiscal se mantuvo en un nivel elevado, pero los intentos por erradicar la evasión no dieron los resultados esperados.
Las asociaciones que reúnen a empresarios y productores sostienen que las medidas adoptadas por el gobierno de Lugo aún son insuficientes para hacer frente a la crisis económica internacional. Una promesa de campaña cumplida en los primeros 100 días de gobierno fue disponer la gratuidad de la atención en los hospitales públicos.
"Hicimos un plan de contingencia donde fijamos indicadores sobre los que trabajamos para poder ver los resultados que estamos observando", dijo a IPS la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Esperanza Martínez.
"Nuestra intención es que la ejecución presupuestaria sea participativa y transparente. Hasta ahora fue de 38 por ciento y nuestro objetivo es llegar a 80 por ciento de ejecución", agregó.
La gratuidad se reflejó en un aumento de 22 por ciento de las consultas y 10 por ciento de las internaciones en los hospitales.
Por otra parte, el gobierno dio señales de combate a la corrupción, en los casos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y las entidades hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá.
Para Palau, Lugo enfrentó tímidamente el problema de la corrupción, limitado por la actual conformación del sistema judicial.
"En estas condiciones resulta difícil implementar planes de desarrollo, porque el entramado administrativo está profundamente corroído por la corrupción y la inoperancia", afirmó.
Lugo también avanzó en la renegociación del tratado de la central hidroeléctrica de Itaipú, compartida con Brasil, con la conformación de la mesa técnica para discutir las demandas energéticas de ambos países. Fue una promesa importante durante la campaña electoral.
"Hubo importantes avances, cosa que no ocurrió desde que fue firmado en el año 1973", dijo Palau.
Aunque la imagen positiva de Lugo se mantiene alta, se espera que en adelante su gobierno responda de manera efectiva a los problemas de los campesinos, el aumento del delito y la generación de empleos.
Un aspecto preocupante, según Palau, es la falta de un equipo de apoyo para la toma de decisiones que permitan hacer frente a la herencia de 61 años de gobierno colorado.
