«Yo no detecto ninguna investigación, aquí reina el desconsuelo», dice Heyman Vázquez, sacerdote católico que dirige un albergue para inmigrantes en una localidad donde se unen los sureño estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, al referirse al secuestro de 20 mujeres centroamericanas por comandos armados.
"Prometieron investigar, pero nadie ha venido siquiera a preguntar", dijo Vázquez a IPS desde Arriaga, donde las mujeres, en su mayoría menores de 30 años, abordaron un tren de carga hacia el norte. No muy lejos de allí y en dos episodios distintos, el 5 y 11 de este mes, fueron secuestradas.
A Arraiga, ubicada a unos 500 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala, llegan a diario, luego de caminar hasta 15 días, docenas de centroamericanos en ruta hacia la línea fronteriza con Estados Unidos.
Hasta mediados de 2007, su arribo era a bordo de vagones de tren, pero en la actualidad lo hacen caminando o en autobuses, pues las vías ferroviarias que corren de Arriaga hacia el sur permanecen dañadas e inoperantes.
La noche del día 5, en un paraje conocido como "Las Anonas", un grupo de hombres armados que viajaban en una camioneta todo terreno detuvo con amenazas el tren de carga y se llevó a 12 mujeres procedentes de América Central. Hasta el momento, nada se sabe de ellas.
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Seis días después y en un lugar cercano, un comando similar irrumpió en un pequeña estación migratoria oficial y se llevó a otras ocho, según denunciaron algunos presentes.
"Por lo que me han contado, los secuestradores parecieran ser parte de grupos de narcotraficantes, lo que es nuevo. Los secuestros de inmigrantes siempre se han dado por aquí, pero los responsables eran otro tipo de delincuentes, quizá menos organizados", declaró Vázquez, quien dirige el Hogar de la Misericordia, donde los inmigrantes reciben apoyo.
Los últimos secuestros fueron denunciados ante autoridades por inmigrantes y por el también sacerdote católico Alejandro Solalinde, coordinador de las Pastoral de la Movilidad Humana, quien administra un albergue en el pueblo de Ixtepec, en el estado de Oaxaca, varios kilómetros adelante de Arriaga.
La Procuraduría General (fiscalía) tomó a su cargo las investigaciones, pero hasta la fecha nadie ha sido detenido y no se conoce el paradero de las mujeres, entre las que hay salvadoreñas y guatemaltecas.
Los secuestros en el sur no son nuevos, pero los últimos casos parecerían corresponder a un patrón diferente, dijo a IPS Paulo Martínez, portavoz del grupo no gubernamental Sin Fronteras, que vela por el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes que llegan a este país.
De acuerdo a Martínez, las mujeres que han sido victimas de secuestros en el sur reportan torturas y violación sexual. Sus plagiarios usualmente piden rescates a los familiares de los detenidos que viven en Estados Unidos.
En enero de 2007, en entrevista con IPS, el sacerdote Solalinde relató que grupos criminales vinculados con policías y autoridades secuestraban periódicamente a los inmigrantes que llegan de América Central para luego pedir rescates de entre 2.000 y 10.000 dólares por cada uno.
"Los que ahora secuestraron a las mujeres se identificaron como parte de los Zetas", un grupo paramilitar al servicio de narcotraficantes, indicó el sacerdote que dirige el Hogar de la Misericordia.
México, paso tradicional de emigrantes desde América del Sur, América Central y, en menor proporción, de Asia y de Medio Oriente, todos con rumbo a Estados Unidos, es un duro escollo para los inmigrantes, pues sufren abusos de todo tipo, según denuncian grupos humanitarios.
"Los que llegan a Arriaga lo hacen caminando o en autobuses y en muchos casos sufren asaltos y ataques, pero el sufrimiento no termina aquí, luego enfrentan secuestros como el de este grupo de mujeres del que aún no sabemos nada", expresó el sacerdote Vázquez.
Martínez, de Sin Fronteras, demandó al gobierno mexicano de Felipe Calderón aclarar a la brevedad los últimos secuestros. El grupo teme por la vida de las mujeres.
La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula que redes de tráfico de personas se disputan cada año un mercado de 500.000 inmigrantes latinoamericanos para traerlos a México y de aquí conducirlos a Estados Unidos. Se trata de un negocio millonario, pues cada inmigrante paga entre 4.000 dólares y 15.000 por el viaje, indica el organismo.
Según estadísticas oficiales, las autoridades mexicanas detuvieron entre enero y septiembre a 28.318 personas procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua por viajar sin permisos migratorios.
