Ambas partes se salieron con la suya, pero no hubo acuerdos. En el encuentro cara a cara con la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no cedió en ningún punto crucial del reclamo que le presentaron y, como consecuencia, tampoco pudo desactivar la protesta.
Pero Uribe llegó con dos horas de retraso a la cita del domingo y, tras seis horas de debate, la agenda no alcanzó el punto central: acuerdos largamente incumplidos por el Estado con indígenas y pactos con otros sectores populares.
Cuando Uribe intentó dejar los puntos faltantes para que se discutan con una comisión ministerial, fue abucheado. Los indígenas exigían su presencia, precisamente, porque ya no creen en grupos especiales.
Por eso la Minga sigue, concluyó Ayda Quilcué, consejera mayor del poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). "Vamos a caminar la palabra", advirtió, es decir que respaldarán sus anuncios con hechos.
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Alrededor de 2.000 aborígenes y representantes de trabajadores participaron directamente en la reunión pública del domingo con Uribe. Al menos otros 4.000 siguieron el encuentro dentro del resguardo, pero a través de una transmisión televisada en directo por el estatal Canal Institucional.
La seguridad estuvo a cargo de ocho anillos de la Guardia Indígena, que requisó minuciosamente a todos los asistentes, en compañía de la fuerza pública.
"Se trata de garantizar que no se torpedee el diálogo por ningún motivo", decía Silsa Arias, la jefa de comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a través de la emisora virtual indígena Dachibedea, enlazada con 36 radioemisoras indígenas en todo el país.
Esta vez no hubo aplausos para recibir a Uribe, algo usual en las giras de quien, tras más de seis años en el gobierno, goza de 77 por ciento de popularidad, según encuestas urbanas.
En cambio, ocho ataúdes alegóricos dieron la bienvenida al presidente, en recuerdo de los indígenas asesinados en varias matanzas y del líder nasa Álvaro Ulcué Chocué, el primer sacerdote católico indígena de Colombia, muerto por sicarios en 1984.
La reunión comenzó a las 12:30 hora colombiana del domingo con un episodio de tensión, pues Uribe consideró una falta de respeto que una parte de los indígenas no se haya puesto de pie cuando resonaron las notas del himno nacional, que fue seguido del himno del CRIC y del de la Guardia Indígena.
"No podemos decir que estamos en el marco del respeto", dijo Quilcué, cuando "se nos ha dicho que somos terroristas, que somos delincuentes".
Y recordó que Uribe acusó repetidamente, cuando estalló la protesta el 11 de octubre, "que aquí era el foco de la guerrilla".
"Si nos sentamos ante el himno nacional, estamos protestando ante un país que no respeta la diversidad" cultural, argumentó Quilcué.
La Constitución colombiana aprobada en 1991 avanzó en el reconocimiento de la pluralidad étnica del país, integrada por una mayoría criolla, 102 pueblos indígenas, comunidades negras y pueblo rom, así como otro de habla inglesa en el archipiélago caribeño de San Andrés, frente a las costas de Nicaragua.
Pero Quilcué denunció "el azuzamiento racista" desde el parlamento, la mayoría de cuyos miembros oficialistas están enredados en investigaciones judiciales por nexos con paramilitares de ultraderecha ligados con capos del narcotráfico.
La consejera relató que la fuerza de seguridad pública cortó las astas de la bandera del CRIC, y "quemaron nuestras banderas e izaron a cambio el pabellón de Colombia".
Muchos de ustedes, señaló la líder al presidente y los altos funcionarios que lo rodeaban, "desde la institucionalidad han promovido el odio hacia nosotros".
"Hace cuatro años que estamos solicitando este debate", agregó, "pero tocó poner 120 heridos, y muertos para que usted viniera hoy aquí", dijo a Uribe, quien al instalar el acto prometió, por su parte, asumir "responsabilidades de palabras".
El orden del día fue establecido entre indígenas y el gobierno, con la veeduría de una comisión facilitadora nacional e internacional, que también veló porque se cumpliera estrictamente un tiempo igual de uso de la palabra para cada parte.
El primer punto de discusión fue la represión de la policía antimotines en La María, que generó una semana de enfrentamientos desde el 13 de octubre, con un saldo de tres indígenas muertos y unos 170 heridos, entre ellos 39 policías.
La María fue designado territorio de diálogo y convivencia en 1999, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) lanzó en la vasta región sureña del Caguán negociaciones de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), frustradas en febrero de 2002.
"Pero los invitados a ese espacio eran invitados a dedo. El pueblo no tenía participación", dijo el gobernador indígena de La María, Elides Pechene.
"Que este escenario sea de debate. Pero también que se materialice lo que estamos solicitando, porque no puede ser sólo para hacerle creer al mundo que hay diálogo", advirtió Quilcué al comienzo del diálogo.
El segundo punto en la agenda fue la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, seguido del tema de los territorios indígenas y de los convenios incumplidos. Se había acordado firmar un acta de compromisos, como último punto.
Los indígenas dedicaron el debate "a todos los ríos, quebradas y lagunas que hoy se están muriendo, a todos los pueblos indígenas que están en extinción; al pueblo yamaledo, del que solamente quedan 30 personas en la Amazonia", señaló el líder kuna Abadio Green.
"Nuestra madre naturaleza está en riesgo. Ustedes han entregado a las (empresas) multinacionales nuestros territorios", lo cual provocó desplazamientos, asesinatos y detenciones selectivas, dijo Quilcué.
Pero el presidente no echará atrás la legislación que los indígenas consideran nociva para la naturaleza y los territorios aborígenes, y no acepta arriesgar la ejecución de proyectos de desarrollo o explotación de recursos naturales sometiéndolos a consulta con los indígenas, incluso si éstos resultaran afectados.
"No podemos admitir que esas consultas se conviertan en vetos ni en dilaciones", dijo el presidente.
Uribe también fue abucheado cuando anunció que firmaría en 2009 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero al menos dos reservas: el subsuelo no pertenece a los indígenas sino a la nación, y éstos no serán consultados sobre inversiones en sus resguardos.
Sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pendiente de aprobación por el Congreso legislativo de ese país, el gobierno de Uribe alegó que la oposición a éste es "política", que la propiedad intelectual indígena sería respetada, pero no se pronunció sobre la propuesta aborigen de pactar un tratado similar con todas las naciones latinoamericanas.
El presidente se abstuvo de comentar el señalamiento de que el entramado legal ha terminado por bloquear, desde el nivel municipal, el ensanchamiento de los resguardos indígenas, un asunto vital para la supervivencia de muchos pueblos.
Sobre la política bandera de Uribe y la financiación de la guerra interna por parte de Estados Unidos, la líder guambiana Quilcué indicó que "la seguridad democrática ha servido para matar a los civiles" y "el Plan Colombia ha servido para la seguridad democrática".
Aunque Uribe insistió en que "no puede haber sitios vedados al ejército y a la policía de la patria", luego matizó que está dispuesto a retirar a la fuerza pública de La María si hay garantía de que no se vuelva a bloquear la Carretera Panamericana, que conecta con Ecuador.
