Manipur es un estado en el este de India, la democracia más populosa del mundo. Allí, cualquier ciudadano puede morir a tiros por mera sospecha, pues desde hace 50 años rige una ley que confiere facultades extraordinarias al ejército nacional.
"India integra la ONU y es uno de los mayores contribuyentes de tropas a las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. Pero esto tiene dos caras, pues no promueve la paz en parte de su propio territorio", dijo a IPS la escritora y activista Binalakshmi Nepram.
Nepram, cofundadora de la Fundación de India para el Control de Armas, ha experimentado en carne propia el terror que inspiran tanto el ejército indio como los insurgentes que operan en la región, muchos de ellos separatistas.
"Según mis investigaciones, 32 grupos armados irregulares y unos 40 batallones del ejército indio operan en el diminuto estado de Manipur, donde viven dos millones de personas", señaló la activista, cuya fundación ayuda a mujeres afectadas por la violencia en su estado natal.
Activistas de derechos humanos aseguran que grupos insurgentes cometen torturas, matanzas y extorsiones, usan bombas y minas antipersonal indiscriminadamente y recurren al reclutamiento forzado.
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Por su parte, el gobierno indio no frena los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad: las ejecuciones extrajudiciales y la tortura de detenidos son habituales, particularmente contra sospechosas de integrar organizaciones rebeldes o de simpatizar con ellas.
Entre 1947 y 1949, cuando el Imperio Británico abandonó Asia meridional, Manipur fue un reino independiente. El conflicto comenzó en 1949, cuando la región fue anexada por el gobierno de India.
La Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas, en vigor desde 1958, confiere a las fuerzas de seguridad indias la autoridad para arrestar y disparar a personas en las áreas de Manipur donde rige la norma.
Walter Dorn, experto del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), dijo a IPS haberse alarmado cuando tomó conocimiento de la situación allí.
"Contamos con mucha menos información de la que el caso merece. Manipur necesita desesperadamente que la ONU emprenda una investigación, un proceso imparcial de reconciliación e incluso una operación de mantenimiento de la paz", declaró Dorn.
"Hay muchas violaciones de derechos humanos tanto por parte de rebeldes como del gobierno indio. Existe una fuerte demanda de paz y de seguridad", agregó.
La Ley de Poderes Especiales va más allá de admitir el uso de la fuerza letal en situaciones de combate, pues les confiere a los militares la facultad de disparar a matar para mantener el orden público.
"En esta parte de India, cualquiera puede ser arrestado, torturado y asesinado por mera sospecha", dijo Nepram.
La ley también da una virtual inmunidad judicial a las fuerzas regulares que actúan a su amparo. Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, ningún miembro de las fuerzas de seguridad fue jamás procesado por sus abusos en Manipur.
"India obtuvo su independencia por medio de la no violencia. Es la tierra de Mahatma Gandhi. De acuerdo con ese espíritu, esa ley debería ser eliminada. El ejército podría retirarse para que la policía asuma el control", propuso Nepram.
La ONU debería reconocer la crisis política y humanitaria que ocurre en Manipur, agregó. "India debería ser convocada para explicar sus estrategias y políticas en el estado y la comunidad internacional debería enviar observadores", dijo.
Manipur está cerrada a los extranjeros, y el primer informe sobre abusos allí, realizado por Human Rights Watch y publicado en septiembre, sólo fue posible por la participación de activistas e investigadores locales.
Según el estudio, por lo menos 20.000 personas murieron violentamente desde que comenzó el conflicto en Manipur, en los años 50.
Fuentes de la sociedad civil estiman que al menos 50.000 soldados y paramilitares están desplegados en el estado, uno por cada 20 habitantes.
El informe señala que el primer ministro indio Manmohan Singh accedió a evaluar la ley en 2005. Concluyó que debería ser revocada, aunque el gobierno todavía no actuó en consecuencia.
