Empresas ilegales que captaban dinero del público con fines de ahorro cerraron sus puertas en Colombia tras suspender el pago de elevados intereses o la devolución total de lo depositado, que reclamaban sus clientes.
El colapso que comenzó el miércoles en la ciudad de Pasto, sur de Colombia, ya ha causado tres muertos, decenas de heridos y graves destrozos en edificaciones en las que funcionaban las empresas.
Estas oficinas son conocidas en este país como "pirámides", por su estrategia de aceptar de una nutrida mayoría de ahorradores depósitos desde 100.000 pesos colombianos (200 dólares) y reconocer a sus depositantes intereses hasta de 50 por ciento, 30 días después y, en algunos casos, hasta el doble del monto colocado.
El informe emitido al cerrarse la primera parte de la investigación judicial indica que funcionan 240 captadoras, sin que se conozca con precisión los nombres de sus propietarios o accionistas.
La Dirección de Investigaciones Judiciales de Policía y la Superintendencia Financiera informaron que no se encontró un sistema contable organizado, en tanto que en 37 computadores decomisados en distintos lugares solo aparecen nombres de ahorradores, fechas y valores depositados y pagados, sin mayores soportes para abrir un proceso sobre esta práctica delictiva.
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La célula del sistema operaba en la empresa Dinero Rápido, Fácil y Efectivo (DFRE) que, al parecer, inició operaciones hace cuatro años en Pasto y se extendió con 44 oficinas en ciudades y pequeños municipios de más de 12 departamentos colombianos. Su propietario, Carlos Alberto Suárez, desapareció hace tres días.
Cincuenta y ocho personas han sido detenidas. Algunos son administradores y empleados de estas empresas.
Deyanira Bedoya, administradora de DFRE en Pereira, dijo a la policía que en su poder tenía una bolsa con 30.000 millones de pesos (60 millones dólares) que estaba dispuesta a entregar a los ahorradores, con la debida protección de las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación y otras autoridades deberán definir la modalidad para devolver los dineros a los afectados.
Los ahorradores solo poseen un modesto recibo, con nombre, número de cédula y valor del dinero entregado, además del sello de la captadora.
"Esto no es un título valor que sea materia para iniciar un procedimiento judicial de orden monetario", dijo el superintendente financiero César Pardo.
Los ahorradores temen hacer denuncias, porque algunos apoyan esta modalidad financiera, pese a su ilegalidad, por el atractivo de los intereses, según testimonios de quienes permanecen este viernes a escasos metros de las puertas de las captadoras intervenidas por la policía.
El estallido coloca al gobierno como blanco de protestas de la ciudadanía por su tardía reacción, reconocida inclusive por el presidente Álvaro Uribe, cuando pidió que se agilizaran las investigaciones, se cerraran todos los locales que abandonaron los propietarios y se interviniera la comercializadora DMG, que funciona en Bogotá con la modalidad de pagar algunos intereses con electrodomésticos y artículos de consumo, adquiridos mediante tarjeta de crédito en almacenes de comercio legal.
Los altos cobros del sistema bancario —sus tasas de interés por préstamos de dinero y descuentos de cuatro por mil por depósitos o retiros desde tres millones de pesos— alejaron al público de los servicios que prestan 16 institucionales nacionales y extranjeras que operan en el país.
El volumen total del dinero desaparecido se desconoce, pero se teme que pase de miles de millones. Hasta este viernes la policía había decomisado 58.000 millones de pesos (110 millones dólares) en todo el país.
La Federación Nacional de Comerciantes y la Asociación Bancaria han reclamado que se decrete emergencia económica para que el gobierno tenga instrumentos jurídicos para continuar la investigación y contener la salida de dineros del país.
Se teme además una dura recesión en el comercio y grandes vacíos en los pagos de crédito a los bancos, porque hubo ahorradores que tomaron dinero en forma legal para hacer negocio con los intereses ofrecidos por las "pirámides".
La situación abre la posibilidad de abordar una profunda reforma financiera para evitar el desvío de clientes en el sistema bancario. Pero el colapso amenaza con estremecer las bases de la economía colombiana.
