El Senado de Estados Unidos dejó en suspenso la aprobación de un préstamo de 25.000 millones de dólares para las corporaciones automovilísticas General Motors, Chrysler y Ford, y reprendió a sus ejecutivos por desatender las advertencias anteriores a la crisis.
A los jerarcas de las "Tres Grandes", como se denomina a las principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, se les critica haber hecho caso omiso de las señales de alarma, al punto que volaron en jets privados al Capitolio —sede del Congreso legislativo— para pedir a los legisladores dinero de los contribuyentes.
En Detroit, principal ciudad del septentrional estado de Michigan, y otras urbes donde el medio de sustento de muchas familias ha estado tradicionalmente vinculado a la industria automotriz, hablar de un rescate bajo la forma de un préstamo a los fabricantes de autos se ha transformado en un asunto "de vida o muerte".
Sobre todo, a la luz de un reciente informe del Centro de Investigaciones Automotrices (CAR, por sus siglas en inglés): si se permite que la industria colapse, se perderán tres millones de empleos en Estados Unidos, según el estudio.
El presidente electo Barack Obama dijo en su primera entrevista luego de las elecciones, en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS, que apoya un paquete de ayuda para la industria del automóvil, siempre que incluya, entre otras medidas, salvaguardias para los trabajadores y proveedores.
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"Nuestro modelo estima que un cierre completo de la producción de las Tres Grandes de Detroit tendrá un impacto importante sobre la economía estadounidense en términos de salarios perdidos, reducción de ingresos a la seguridad social y por impuestos a la renta personal, y un aumento en los pagos de transferencias", dijo Sean McAlinden, economista jefe de CAR, que dirigió el estudio.
"El gobierno se dispone a perder 60.000 millones de dólares sólo en el primer año, y el total de tres años está muy por encima de 156.000 millones de dólares", dijo.
El secretario del Tesoro (ministro de hacienda) Henry Paulson, ex presidente del banco de inversiones Goldman Sachs, defendió fuertemente un rescate tributario de empresas de Wall Street como la gigante aseguradora American International Group (AIG).
Pero ahora se opone con vehemencia a un préstamo para la industria automovilística que proceda de los 700.000 millones de dólares aprobados como ayuda para el sector financiero por el Congreso a instancias de la Casa Blanca.
"Nuestra industria necesita un puente para superar el abismo financiero que se ha abierto ante nosotros", dijo esta semana al Comité Bancario del Senado el presidente de General Motors, Rick Wagoner.
En mayo de 2007, en las primeras etapas de su campaña presidencial, Obama en Detroit dijo que las Tres Grandes debían invertir en investigación y desarrollo de energías limpias y combustibles alternativos, con el fin de reducir la dependencia del petróleo extranjero.
"Durante años, mientras los competidores extranjeros invertían en tecnologías más eficientes desde el punto de vista del combustible para sus vehículos, los fabricantes de automóviles estadounidenses pasaban su tiempo invirtiendo en autos más grandes y más veloces", dijo Obama entonces.
"Y cada vez que se intentaba elevar nuestros estándares de eficiencia de combustibles, las firmas automotrices presionaban furiosamente en contra, gastando millones en impedir la reforma que podría haberlas salvado", agregó el hoy presidente electo.
"Aunque hayan creado miles de empleos y miles de millones en ganancias en los últimos años, han continuando fallando al disponer (elevadas) bonificaciones para los presidentes de las empresas", continuó.
"Las consecuencias de esas decisiones ahora están claras. Mientras nuestros estándares de combustibles no se han movido de 27,5 millas por galón (44,2 kilómetros por casi cuatro litros) en dos décadas, tanto China como Japón nos han sobrepasado, y los automóviles japoneses ahora llegan a un promedio de 45 millas por galón (72 kilómetros por casi cuatro litros)", explicó Obama.
"Y como la demanda mundial de automóviles eficientes e híbridos se ha disparado, son los competidores extranjeros quienes reciben los contratos", agregó. Y recordó que por esos días, por primera vez desde 1931, la firma japonesa Toyota superó en ventas a General Motors.
Desde el discurso de Obama hubo un consenso cada vez mayor en que la industria automovilística debe hacer frente a la competencia mundial, y que cualquier posible préstamo deberá asignarse a condición de un compromiso de cambios en el modelo empresarial.
George L. McGregor, presidente del sindicato United Auto Workers y trabajador de General Motors en Detroit desde 1968, dijo a IPS que quienes se oponen al rescate tienen que mirar más allá de la superficie.
Añadió que el Congreso debería sopesar el devastador impacto de una industria automotriz en bancarrota sobre millones de trabajadores y miles de retirados cuya cobertura médica sigue siendo proporcionada por el sector, a través del pago de primas mensuales.
Cuando McGregor se incorporó a la firma tenía 20 años y regresaba de la Guerra de Vietnam (1965-1975).
Hoy, cuestiona la negativa a asignarles a los fabricantes del sector un préstamo que protegerían a millones de familias, impidiendo que se queden sin hogar y pasen hambre, mientras los contribuyentes financian la guerra en Iraq con 10.000 millones de dólares mensuales.
"No puedo comprender cómo podemos gastar 10.000 millones de dólares por mes en Iraq y no encontramos el dinero para salvar empleos estadounidenses en la industria del automóvil", dijo McGregor.
"No estamos recuperando el dinero que estamos gastando en Iraq. Pero estamos dispuestos a gastarlo en un lugar donde la gente se muere, sin otorgar un préstamo a la industria automovilística que será redituable. La gente que gobierna este país es absolutamente atrasada", opinó.
Los trabajadores comienzan a sentir la crisis dentro de la industria, añadió. Las cooperativas de consumo de los sindicatos han despedido personal y obligado a que algunos empleados en puestos esenciales a trabajar en régimen de tiempo parcial.
Una fuente familiarizada con las negociaciones en Washington dijo que parte de la demora se debe a que los republicanos explotan la crisis para hacer colapsar a la UAW. "Ellos no quieren que los sindicatos existan", señaló.
El presidente de la UAW, Ron Gettlefinger, que también compareció ante el Congreso junto con Rick Wagoner de General Motors, Robert Nardelli de Chrysler y Alan Mulally de Ford, abordó el tema de los salarios y beneficios en su testimonio.
"Como los recientes contratos negociados por la UAW ahora son competitivos con el resto de la industria automotriz en Estados Unidos, no creemos que haya ninguna justificación para condicionar la asistencia a las empresas automotrices radicadas en Detroit a recortes de salarios más profundos, ni a beneficios para los trabajadores activos y retirados", dijo Gettlefinger.
Marcus Amick, analista experto en el sector, dijo que un eventual rescate debe llegar sujeto a condiciones.
"Cualquier plan de rescate necesita algunas estipulaciones serias. Es imperativo para su supervivencia y para la economía en general que obtengan ayuda del gobierno federal. Sólo pensar en que una compañía como General Motors o Ford deba cerrar sus puertas da miedo, considerando cuántas compañías y cuántas personas dependen de ellas", enfatizó Amick.
