El informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), creada por decreto del gobierno de Ecuador, recomendó suspender el pago de intereses de «determinados tramos y créditos» de la deuda pública del país.
La investigación responsabiliza, además, de irregularidades e ilegalidades a ex presidentes de Ecuador, ex ministros de Finanzas, ex presidentes del Banco Central y a la Junta Monetaria y ex Procuradores Generales de la Nación, entre otros funcionarios.
El presidente de Ecuador, el centroizquerdista Rafel Correa, entregó el informe al fiscal General de la Nación, Washington Pesantez, para que inicie las acciones civiles y penales correspondientes, como también pide la CAIC contra "los responsables de los actos ilegales en el proceso de endeudamiento desde 1976 hasta el 2006".
Correa dijo confiar en que el fiscal "hará la parte que le corresponde ante la historia y el país".
El ex presidente de la Asamblea Constituyente, economista Alberto Acosta, indicó a IPS que ahora el gobierno debe actuar, y habrá que comenzar acciones judiciales a nivel internacional.
Acosta fue el principal denunciante de la posible ilegitimidad de la deuda externa ecuatoriana en los últimos 15 años, y ha promovido la instalación de un tribunal internacional que juzgue la deuda de su país y del resto de América Latina.
La CAIC, creada para analizar la deuda externa de Ecuador, concluyó que diversos tramos de esos compromisos tomados en los últimos 30 años son ilegales e ilegítimos y en determinados casos se comprueba dolo de ex funcionarios gubernamentales.
El dirigente indígena Ricardo Ulcuango, uno de los integrantes de la CAIC, aseguró a IPS que existe documentación probatoria de que "una parte importante de la deuda fue en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales, afectando los intereses del país".
"Hay documentos que demuestran que diversas renegociaciones fueron a favor de los acreedores, con claros indicios de dolo", indicó.
Ulcuango añadió que Ecuador recibió en ese período poco más de 80.000 millones de dólares en préstamos y ya pago más de 130.000 millones. "A pesar de eso, el país sigue debiendo unos 14.000 millones de dólares", afirmó.
El informe final de la CAIC, al que accedió IPS, parte del cual ya se había entregado días atrás en adelanto al gobierno, se presentó este jueves públicamente en la capital ecuatoriana.
El gobierno de Ecuador había anunciado el 14 de este mes que postergaría por un mes el pago de 30,6 millones de dólares en concepto de intereses de los bonos Global 2012, utilizando así los 30 días de plazo posteriores al vencimiento establecidos en la propia negociación. Esos títulos de deuda se pagan al portador, con un servicio anual de 12 por ciento.
Corresponden a 1.250 millones de dólares, que Ecuador paga con dos desembolsos anuales, el último de los cuales venció el día 15. "La CAIC estableció que en la negociación de los bonos Global 2012, 2015 y 2030 hay un enorme perjuicio para el país e indicios de corrupción por parte de quienes renegociaron", afirmó Ulcuango.
El comisionado aseguró también que hay una responsabilidad compartida entre las autoridades ecuatorianas de la época y los acreedores que han fomentado la corrupción.
En 2000, Quito refinanció parte de la deuda pública y cambió los llamados Bonos Brady por los globales indicados, que suman 4.000 millones de dólares y con intereses considerados sumamente perjudiciales para el país.
Según el informe divulgado este jueves, hay evidencias de irregularidades, ilegalidades e ilegitimidades que permitirían a Ecuador declarar una moratoria de deuda por al menos 10.300 millones de dólares de su deuda.
Sin embargo, esa decisión corresponde al presidente Correa, quien posiblemente se incline por utilizar los resultados que surgieron de la auditoría como insumo para reestructurar la deuda pública que asciende en la actualidad a exactamente 13.550 millones de dólares.
La CAIC establece posibles responsabilidades y corresponsabilidades de las entidades crediticias, autoridades y funcionarios de gobiernos anteriores en la contratación de deuda con bancos internacionales, organismos multilaterales y países industrializados.
Ulcuango aseguró que, a través de la deuda, los acreedores impusieron condiciones que sometieron al país, provocando graves impactos económicos, sociales y ambientales. Desde 1980, el país destinó al pago del servicio de la deuda más de 70 por ciento del presupuesto del Estado.
De todos los créditos realizados, sólo 14 por ciento del dinero se invirtió en proyectos sociales como agua potable, infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y carreteras. El resto fue utilizado para pagar deudas anteriores.
Según Ulcuango, en el endeudamiento no hubo transparencia y se creó un sistema de dependencia de la deuda, ya que para el pago de intereses y amortizaciones había que tomar nuevos compromisos.
La investigación ha develado "los perversos mecanismos utilizados para la contratación de créditos externos, las presiones de acreedores, la obsecuencia de los funcionarios con los acreedores externos y la renuncia a establecer en los contratos cláusulas de defensa del país", sentenció Ulcuango.
Según la CAIC, en el endeudamiento se violaron principios generales del Derecho Internacional, como la buena fe, la libre determinación de los pueblos, la prohibición de usura, equilibrio contractual y derecho ambiental, entre otros, además de acuerdos internacionales y normas jurídicas internas.
El interés de la investigación fue probar los mecanismos utilizados por los acreedores para endeudar a Ecuador y demostrar que los procesos son similares en los demás países.
"Ya en lo que se refiere a la decisión de no pagar más la deuda, esa es una facultad exclusiva del presidente Correa, que decidirá lo que puede ser mejor, de acuerdo con las posibilidades de Ecuador, la oportunidad política y los apoyos que pueda obtener en el respaldo de las acciones que decida iniciar", detalla el informe.
El propósito fue determinar la legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia del endeudamiento, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales y de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos indígenas.
La auditoría corresponde a cada uno de los créditos, las renegociaciones y otras formas de reestructuración que se hubieren realizado, los montos pagados por conceptos de capital e intereses, las inversiones realizadas con los fondos tomados y el estudio de todos los convenios vigentes.
Se auditaron además los convenios, contratos y otras formas de adquisición de créditos por parte del sector público, provenientes de gobiernos extranjeros, instituciones del sistema financiero multilateral o de la banca privada, nacional o extranjera, desde 1976 hasta 2006.
En cada uno de los casos se establecieron la viabilidad técnica, económica y social del crédito adquirido, así como las condiciones financieras y comerciales que se pactaron, los condicionamientos, el destino del dinero y las personas que tramitaron los préstamos a nombre de las partes.
En el proceso investigativo, iniciado en julio de 2007, se tuvo la autorización para analizar todos los documentos públicos que sus integrantes creyeran necesarios y las entidades estatales estaban obligadas a proporcionarlos.
Sin embargo, los integrantes de la CAIC se quejaron de que en muchas oportunidades funcionarios del Ministerio de Economía y otras entidades intentaron poner trabas a su investigación.
Correa, aseguró que la información entregada por la CAIC será estudiada detenidamente para ver las medidas a tomar, pero se reserva el derecho de renegociar en mejores condiciones la deuda que crea conveniente, o declarar nula la deuda que se considere ilegítima e iniciar juicios internacionales por su contratación fraudulenta.
