Las relaciones de Bolivia con Estados Unidos han llegado a su momento más crítico con la decisión de La Paz de expulsar a la agencia antidrogas estadounidense DEA. Además, quedan en la incertidumbre la lucha contra el narcotráfico y recursos para la rehabilitación de adictos, advierten especialistas.
Bolivia es el tercer país productor de coca —materia prima de la cocaína—, después de Colombia y Perú. Estados Unidos es el mayor mercado mundial de esa droga.
Mientras la ruptura de relaciones parece improbable, lo que preocupa es la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional en materia de políticas contra el narcotráfico y para el desarrollo alternativo de los cultivadores de coca, dijo a IPS el ex canciller boliviano Armando Loaiza (2005-2006).
Bolivia tiene compromisos ante la comunidad internacional que debe cumplir, dijo Loaiza, y repitió la opinión de un ex alto funcionario internacional para quien el gobierno boliviano "pareciera que quiere alejarse de sus obligaciones" y enviar un mensaje equivocado.
Loaiza cree que la cocaína producida en Bolivia se introduce sobre todo en países vecinos, Argentina, Chile y Brasil, mientras el tráfico ilícito a Estados Unidos fluye mayoritariamente desde Colombia, a través de las fronteras centroamericanas y mexicanas.
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Las cifras de cocaína incautada por las fuerzas policiales han mostrado un ascenso constante desde 2006, cuando se registró el decomiso de 14 toneladas. En 2007 fueron 18 toneladas y en lo que va de este año, de 25,5 toneladas, según datos oficiales.
La policía afirma que 40 por ciento de los decomisos de este año corresponde a cocaína procedente de Perú.
Advertencias de organizaciones internacionales señalan que los países productores de drogas se convierten fácilmente en consumidores, una tendencia que parece cumplirse en Bolivia, a juzgar por el aumento de personas adictas que solicitan apoyo en los centros de rehabilitación.
Pero las 72 entidades que existen no cubren la demanda de esa población que requiere asistencia para abandonar las drogas y que comprende a personas de entre 18 y 45 años, dijo a IPS el director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), Franklin Alcaraz.
Estudios del Celin indican que desde hace dos años y medio, la demanda de rehabilitación ha crecido entre consumidores de alcohol, marihuana, químicos inhalados y cocaína, con un aumento mayor entre los adictos a la cocaína y la "pasta base", subproducto de esa droga.
Alcaraz lamentó que los centros de rehabilitación tengan que sufrir la reducción del apoyo financiero que ofrecían los organismos de cooperación estadounidense, en una labor humanitaria, dijo.
La rehabilitación de una persona también genera utilidades para un país que recupera la capacidad y aporte productivo de las víctimas de la droga, comentó el especialista.
Las tensiones entre Washington y La Paz venían escalando por la expulsión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), resuelta el 25 de junio, y la decisión de declarar persona no grata al embajador Philip Goldberg, el 10 de septiembre.
El sábado se sumó la suspensión de las actividades de la DEA en territorio boliviano, por presuntas actividades de conspiración.
El presidente Evo Morales, un líder indígena surgido de la base social de los cultivadores de coca en la zona central de Bolivia, el Chapare que comanda además a los seis gremios de cocaleros más poderosos de la región, acusó a la DEA de conspirar, realizar espionaje y financiar a "grupos delincuenciales" para atentar contra autoridades nacionales.
La medida se tomó un día después de que el gobierno estadounidense determinara la suspensión para Bolivia de los beneficios de la ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés), acompañada de una "desertificación" de las políticas bolivianas antinarcóticos, por incumplimiento de compromisos en materia de lucha contra la droga.
La exclusión de la ATPDEA representa para Bolivia la pérdida de ingresos anuales de 250 millones de dólares y la reducción de unos 80.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero, según estimaciones de empresas privadas.
El gobierno denunció en septiembre que se organizaba un golpe de Estado civil, impulsado por prefectos (gobernadores) opositores de la Media Luna, la zona del oriente del país que comprende los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. El lunes, Morales aseguró que la DEA participó en ese complot mediante el financiamiento de organizaciones civiles implicadas.
Desde septiembre pasado, las sedes diplomáticas de ambos países están encabezadas por encargados de negocios por la expulsión mutua de embajadores.
Las denuncias contra la DEA no están a tono con el derecho internacional, que demanda pruebas para sustentar una acusación, opinó Loaiza.
Para el diplomático, la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, donde este martes se celebran elecciones, no determinará cambios en la política exterior de ese país, y en caso de que triunfara el aspirante opositor Barack Obama, tendrá por acompañante a un experto en estrategias internacionales de lucha antidroga y antiterrorista, agregó en referencia a Joe Biden.
El compañero de fórmula de Obama tuvo una activa participación en la elaboración legislativa del Plan Colombia, contrainsurgente y antidrogas, adoptado por Washington en 2000.
Loaiza aboga por un rediseño de las políticas bilaterales contra el narcotráfico, en consulta con foros internacionales en lugar de las "actitudes de facto".
Es posible negociar acuerdos con Estados Unidos "con mucha dignidad", según Loaiza, quien recordó que en 1994 participó de la negociación de un tratado de extradición con Estados Unidos en un proceso difícil, pero que hizo valer los intereses bolivianos.
Morales construyó su plataforma política sobre la defensa de la coca y las políticas estadounidenses de erradicación total de los cultivos, y tras varios años de resistencia a las fuerzas policiales y del ejército, logró que se permitiera a los cocaleros el cultivo familiar de un "cato", que equivale a 1.600 metros cuadrados.
Cuando se instaló en el poder, el 22 de enero de 2006, las organizaciones de cultivadores aprobaron la asignación de un "cato" por afiliado.
Morales anunció el sábado que este año fueron erradicadas 5.025 hectáreas de coca en zonas consideradas ilegales, en el Chapare, en el central departamento de Cochabamba, en Yapacaní, en el oriental Santa Cruz, y en Los Yungas, en el occidental departamento de La Paz.
Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2006 y 2007 se incrementaron los cultivos de coca en 1.400 hectáreas.
A finales de 2007, la extensión alcanzaba a 28.900 hectáreas. La legislación de Bolivia sólo reconoce la legalidad de 12.000 hectáreas en zonas tradicionales y para su consumo en infusión, usos medicinales y rituales aymaras.
