El gobierno de Perú se empeña en sustraer de la justicia a militares y policías, muchos de ellos acusados de violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contrainsurgente, con el argumento de que éstos son víctimas de abusos en los tribunales.
Al proyecto de una ley de amnistía presentado por Edgar Núñez, representante del gobernante Partido Aprista Peruano y presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso legislativo unicameral, se sumó ahora una iniciativa de tenor parecido de parte de su colega y correligionaria Mercedes Cabanillas.
Esta última propuesta plantea la formación de una Comisión de Indultos para excarcelar a quienes están, dice, "injustamente" condenados. Las sentencias son por haber participado en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros y violaciones sexuales.
Aurelio Pastor, portavoz del grupo parlamentario del partido del presidente Alan García, señaló a IPS que se va a respaldar el proyecto de indulto y que se evalúa también apoyar la amnistía para esos uniformados.
"Lo que queremos es que el jefe de Estado reciba propuestas de indulto para aquellos policías y militares que no violaron derechos humanos y se encuentran comprendidos en juicios o han sido sentenciados", dijo Pastor. "Esta es una medida a favor del proceso de reconciliación. Obviamente no pretendemos indultar a los culpables", aclaró.
Los argumentos de Cabanillas y Núñez coinciden en que centenares de militares y policías que combatieron la guerrilla entre 1980 y 2000 son sometidos a juicio y enviados a la cárcel por "la simple imputación de las víctimas".
Ambos señalan como caso emblemático un supuesto proceso judicial contra los integrantes del denominado Comando Chavín de Huántar, que liberó a los rehenes en poder de un grupo del insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de izquierda, en la residencia limeña del embajador japonés Morihisa Aoki.
Pero tanto el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, como la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, aclararon que ningún efectivo del Comando Chavín de Huantar está sometido a juicio y mucho menos se encuentra preso.
El proyecto de Cabanillas plantea la creación de una comisión ad hoc que proponga al presidente "la concesión de indulto y conmutación de la pena ( ) para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el marco de la lucha por la paz hayan sido sentenciados por el fuero común o militar en base a elementos probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, ausencia de responsabilidad en el delito cometido".
Pero ese texto es contradictorio, según expertos. Indica que el indulto no será aplicable a los acusados por tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y por desapariciones forzadas. Sin embargo, gran parte de los procesados o condenados están involucrados a esos delitos. Además, se trata de casos cuya judicialización fue recomendada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
"Buscamos que se conceda el indulto a aquellos militares y policías que, injustamente y sin consistencia de pruebas, fueron involucrados en procesos y sentencias por supuestos delitos de violación de los derechos humanos", insistió Cabanillas, ex presidenta de la parlamentaria Comisión de Defensa y Orden Interna.
Cabanillas afirmó que son 625 los militares y 172 los policías con procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, pero no dijo que sólo 45 de ellos están sentenciado por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas de personas.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo asegura que son sólo 348 los procesados. El organismo señala, además, que, de los 52 casos que la CVR recomendó judicializar, al momento sólo en 30 se ha abierto proceso.
Además están registrados 419 casos de violaciones sexuales cometidos por militares y policías en agravio de civiles, pero sólo una mínima porción de los infractores están enjuiciados.
Cabanillas comentó que en la comisión ad hoc habrá representantes de la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica y del Concilio Evangélico. No está contemplada la presencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El proyecto oficialista recibió la previsible adhesión de la representación del partido del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y también, sorprendentemente, del primer ministro Yehude Simon, quien purgó nueve años de prisión por el delito de "apología del terrorismo" hasta que recibió el indulto del presidente interino de Perú, Valetín Paniagua (2000-2001).
"El sistema judicial funciona con su propia independencia y autonomía, de modo que es muy preocupante que se adopte una medida política para intervenir en procesos judiciales en curso", criticó ante la consulta de IPS el integrante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Diego García Sayán.
"El indulto y la amnistía están previstos en la Constitución peruana, pero debe prevalecer siempre la administración de justicia", sostuvo.
"Sólo se debe recurrir al indulto y a la amnistía en circunstancias muy específicas y procurar no interferir en el propio mecanismo de la administración de justicia", añadió.
Uno de los argumentos de los promotores del indulto para militares y policías es que durante el régimen de Fujimori funcionó una comisión que revisó los casos de civiles injustamente acusados de "terroristas" y que luego propuso al jefe de Estado el indulto de éstos, consiguiendo la excarcelación de centenares.
García Sayán apuntó que son situaciones diferentes. "Es completamente distinto, porque hoy son pocos los casos de militares y policías condenados, mientras que en el gobierno de Fujimori eran miles los sentenciados por terrorismo".
"Además, en el caso de los militares y policías, en su gran mayoría son procesos judiciales en curso", explicó.
"Por lo tanto, se debe evitar la ingerencia en el Poder Judicial. Hay juicios que no cumplen los plazos razonables debido a que el Ministerio de Defensa no proporciona información, entonces el poder político debe contribuir a la resolución de este problema sin interferir en el fuero judicial", detalló.
Francisco Soberón, secretario general de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), cuyos abogados defienden a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en el juicio a Fujimori, afirmó que el proyecto de ley de indulto es un intento por imponer la impunidad para asesinos en masa, secuestradores y torturadores.
"Es una pretensión de interferir en la actuación autónoma e independiente del Poder Judicial, porque no sólo es indulto, que es perdón, sino también derecho de gracia, que es cortar procesos, y lo otro es conmutación, que es reducción de pena", señaló Soberón a IPS.
"Nosotros creemos que ninguna medida, ni amnistía ni indulto, debe ser consagrada para obtener impunidad", añadió.
"Tenemos un sistema judicial distinto respecto de la época de Fujimori. Hoy los militares son procesados por una justicia que no será perfecta, pero es mucho más confiable y, por eso, ni los indultos ni las amnistías deben ser aceptadas porque impiden que se haga justicia a las victimas".
Un antecedente inmediato de presunto deseo del gobierno de beneficiar a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos es el discurso que el presidente García dio el 8 de octubre en el acto de aniversario de la Marina de Guerra. El mandatario afirmó que era hora de detener la "persecución política" contra quienes combatieron al "terrorismo".
A la campaña a favor de los militares procesados por violaciones de los derechos humanos se ha sumado incluso el jefe del ejército, general Edwin Donayre, quien en una carta le ha pedido a los empresarios dinero para financiar la defensa de los uniformados.
La defensora Merino ha declarado su oposición tanto a la amnistía como al indulto. "Sería un retroceso", dijo en conferencia de prensa.
"Perú es un Estado constitucional que respeta el estado de derecho, por lo tanto cualquier iniciativa que busca la impunidad para los violadores de derechos humanos es algo que debe ser rechazado. Cualquier forma de amnistía o mecanismo que impida la investigación de esos casos es incompatible con la obligación del Estado de investigar", indicó.
Cuando en una entrevista periodística se le preguntó a la legisladora Cabanillas qué caso de abuso judicial en perjuicio de un militar o policía era emblemático y que merecía el indulto, no supo responder. Dijo que todos eran importantes.
