Al liberar a un periodista preso desde hacía casi cinco meses, la Corte Suprema de Justicia de Malasia emitió una inédita señal de independencia ante las pretensiones autoritarias del Poder Ejecutivo.
El fallo socava la vigencia de la Ley de Seguridad Interna, que permite al gobierno mantener detenidos hasta dos años sin someterlos a proceso judicial a periodistas, legisladores y activistas, por igual, pueden ser detenidos y encarcelados hasta dos años por vez.
El ministro del Interior puede renovar el arresto a su antojo. Esta facultad tiene graves consecuencias par los detenidos: varios opositores salen de la cárcel con problemas psicológicos y físicos.
En anteriores oportunidades, la justicia había expuesto complicados argumentos en los que forzaba el significado de numerosos términos legales para mantener a los disidentes detenidos sin juicio.
Ese tipo de fallos eran fundamentalmente inaceptables para una sociedad civilizada y totalmente contraria a las garantías constitucionales en materia de libertad de expresión.
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La liberación del periodista y opositor Raja Petra Kamaruddin, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, fue aclamada por críticos y abogados constitucionalistas.
"Es, definitivamente, una decisión histórica. Demuestra que nuestra justicia está dispuesta a luchar", dijo a IPS el abogado constitucionalista Malik Sarwar Imtiaz, defensor de Kamaruddin.
"La población exige que la justicia sea valiente e independiente", señaló.
Kamaruddin, quien ya prometió continuar con sus encendidas acusaciones públicas, es, además, colaborador del líder opositor Anwar Ibrahim, líder del Partido de Justicia Nacional.
Desde su sitio de noticias en Internet Malaysia Today, el periodista promovió la carrera política de Ibrahim y críticas a su adversario, el viceprimer ministro Najib Razak.
Ambos dirigentes compiten por la sucesión del primer ministro Abdullah Badawi, que anunció su renuncia para marzo próximo.
Badawi prometió entregar el gobierno a Najib, líder indiscutido de la Organización Nacional de Malayos Unidos, partido que controla la coalición gobernante Barisan Nasional (Alianza Nacional).
Salvo un imprevisto, Najib será el próximo primer ministro y se prevé que apunte contra Ibrahim.
Por su parte, el líder de la oposición apuesta a lograr el apoyo de la mayor cantidad posible de legisladores, con el objetivo de expulsar del gobierno a Barisan Nasional y consagrarse como primer ministro.
Con su notable éxito en las elecciones generales del 8 de marzo, Ibrahim no logró, de todos modos, alcanzar la mayoría y sigue siendo el líder de la oposición en el parlamento.
Además, Ibrahim está sometido a juicio por cargos de sodomía, acusado de mantener "relaciones sexuales antinaturales" con un ex asesor suyo de 23 años.
La detención de Kamaruddin el 12 de junio coincidió con el momento más álgido de la disputa política entre Najib e Ibrahim. Su liberación fue vista como una señal positiva para la oposición.
Kamaruddin también afronta varios cargos en su contra por vincular a Najib con el asesinato con explosivos en 2006 de la intérprete mongola Altantuya Shaariibuu.
Najib negó haber sido amante de Shaariibuu, e incluso que la conociera.
El fallo de la Corte Suprema dictamina que Kamaruddin no representa ninguna amenaza para la nación, como argumentaron las autoridades para justificar su detención.
"Es una decisión muy valiente", declaró a IPS Ragunath Kesavan, vicepresidente del Colegio de Abogados de Malasia. "No sólo defiende la libertad de expresión, sino que es un duro golpe contra la Ley de Seguridad Interna, que permite la detención sin juicio."
"Cuando la gente ya no confiaba en la independencia del Poder Judicial, que espera reformas, la decisión renueva las esperanzas de que la justicia sea capaz de actuar con valentía, integridad e independencia cuando el abuso de la autoridad pone en juego las libertades personales", señaló Ambiga Sreenevasan, presidente del Colegio de Abogados.
El gobierno siempre recurrió al argumento de la "seguridad nacional" para detener a sus opositores políticos y siempre alegó contar con "informes de inteligencia muy creíbles" para adoptar la decisión.
Cinco dirigentes de la comunidad tamil malasia están presos sin juicio por sus supuestos vínculos con los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, de Sri Lanka.
Ellos niegan terminantemente las acusaciones. El gobierno no ha logado presentar pruebas del vínculo, ni ante la justicia ni ante el parlamento.
Kamaruddin fue acusado de escribir artículos contra los musulmanes que llevaron a enfrentamientos entre esta comunidad religiosa mayoritaria y otras.
El alto tribunal se negó a aceptar que bastara con la "discreción" del ministro para mantener al periodista tras las rejas, y sin presentar pruebas sustanciales.
Kamaruddin reclamó su libertad presentando un recurso de habeas corpus. El alto tribunal concordó en que no debía estar ni un día más preso.
"La histórica decisión de liberar a Kamaruddin es una gran victoria para la libertad de expresión y la independencia de la justicia y un duro golpe contra la ley de seguridad", remarcó el legislador opositor Lim Kit Siang.
"Llegó la hora de revocar esa ley bárbara y draconiana de una vez por todas", sentenció.
El propio Lim estuvo preso junto con otros compañeros suyos en varias oportunidades.
El veredicto sienta un importante precedente. El alto tribunal coincidió con el abogado Malik en que la Constitución reconoce al Poder Judicial la facultad de cuestionar todo abuso de autoridad.
"Ya no se pueden amparar en la discreción absoluta", sostuvo el legislador opositor Kulasegaran Murugesan, abogado de profesión. "Los jueces ya no les creyeron. Querían pruebas de la amenaza a la seguridad nacional y el gobierno fue incapaz de presentar una."
Activistas de derechos humanos advierten, sin embargo, que todavía no es momento de festejar, pues la ley de seguridad nacional sigue vigente.
