El general Mario Montoya, comandante del ejército de Colombia, puso fin este martes a su carrera. El militar está bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, aunque aún no ha sido acusado. Se espera la reacción solidaria de más de una decena de oficiales.
Luego de 39 años de servicio, Montoya leyó un breve comunicado en el que expresó que "hoy considero haber llegado al final de la jornada".
El anuncio anual del paso a retiro en la oficialidad de las Fuerzas Armadas se espera para este miércoles, por lo que analistas consideraron que Montoya se había adelantado a su baja para preservar su imagen.
Montoya fue considerado el héroe de la Operación Jaque que, mediante engaño, logró liberar el 2 de julio, sin muertos, a la política Ingrid Betancourt, a tres contratistas estadounidenses activos en la guerra civil colombiana y a 11 policías y militares que estaban en manos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un recuento de la controvertida foja de servicios de Montoya fue publicado por IPS el 4 de julio, dos días después de la liberación de Betancourt y los otros cautivos.
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Poco antes de las 17:00 hora local (22:00 GMT), el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció que aceptaba la dimisión de Montoya, cuya labor destacó, y en su reemplazo en la comandancia del ejército nombró al general Óscar González.
Uribe, según la emisora W Radio, se enteró de la renuncia en la mañana, por noticias radiales.
"Montoya se encuentra bajo investigación", dijo en septiembre un funcionario del despacho de la Fiscalía General de la Nación al corresponsal en Colombia del diario estadounidense The Washington Post, Juan Forero.
"No ha sido acusado, pero ese es el siguiente paso", citó Forero al funcionario en Bogotá. El gobierno colombiano negó enfáticamente la información en ese momento.
La fiscalía, añadía el artículo publicado el 17 de septiembre, le da "un alto grado de credibilidad" al testimonio de Luis Adrián Palacio, un ex paramilitar de ultraderecha que describió una supuesta colaboración de Montoya con esos escuadrones de la muerte en Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.
El caso se relaciona con la Operación Orión, comandada en octubre de 2002 por Montoya, en la cual la fuerza pública, en supuesta acción conjunta con paramilitares, tomó el control de la Comuna 13, un barrio pobre de Medellín, y expulsó a milicias de las FARC y de la segunda guerrilla por número de combatientes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En esa operación contrainsurgente "se registraron desapariciones forzadas. Se habla de fosas comunes en la Comuna 13", dijo a IPS el portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda.
"Nosotros registramos con beneplácito que se haya producido la dimisión de este general. Su nombre ha sido objeto de muchas denuncias", sostuvo Cepeda.
Por ejemplo, "a finales de los años 70, el hasta hoy general Montoya fue vinculado a una estructura paramilitar, la Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que actuó en Bogotá contra opositores, abogados y periodistas", agregó.
La existencia de la Triple A en Colombia "fue denunciada por miembros de esa estructura a la que pertenecía Montoya", señaló Cepeda. Su acción fue casi contemporánea con la de un grupo parapolicial de nombre similar en Argentina, que actuó entre 1973 y 1975, preludiando la represión ilegal de opositores que instauraría la última dictadura militar de ese país (1976-1983).
"Esta dimisión se presenta dentro del creciente escándalo por los falsos positivos desapariciones forzadas que concluyen en ejecuciones extrajudiciales", señaló el portavoz del Movice.
Por el escándalo de los "falsos positivos", personas asesinadas y mostradas por los militares como bajas guerrilleras en combate, fueron destituidos la semana pasada 20 oficiales y siete suboficiales del ejército.
La destitución de los militares fue anunciada en medio de la visita a Colombia de Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pillay advirtió el sábado que "nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece ser que, efectivamente, esta práctica es sistemática y difundida, en mi visión".
"Los datos que venimos recogiendo indican que se puede estar tratando de una situación que va más allá de cientos de casos. Podríamos estar hablando de miles de personas que han sido sometidas a ese tipo de procedimientos", advirtió, a su vez, Cepeda.
"Estos hechos pueden ser llevados en cualquier momento ante la Corte Penal Internacional, si es que en Colombia no se produce una auténtica justicia y un resarcimiento real de todos estos hechos", aseveró.
Aquí cuenta, según Cepeda, "no solamente la dimensión de los hechos que se han cometido a lo largo de la política de Seguridad Democrática", el programa del presidente Uribe para enfrentar a la insurgencia.
También importan "las presiones internacionales que pueden estar detrás de todo esto", según Cepeda.
"Colombia ha recibido fondos internacionales para desarrollar políticas de seguridad, y no sería de extrañar que recursos de la comunidad internacional estuvieran financiando el pago de recompensas", añadió.
El programa gubernamental de recompensas paga en efectivo a informantes que faciliten operaciones militares exitosas, como aquellas que producen bajas de guerrilleros.
"Si esto es cierto, estaríamos ante un hecho que comprometería de una manera muy grave al gobierno", según Cepeda, y "daría lugar a un llamado ante los gobiernos que están financiando la política de Seguridad Democrática", encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña.
El viernes, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, firmaron un convenio para brindar apoyo técnico y capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario a las Fuerzas Armadas de Colombia.
El convenio incluye 20 talleres en otros tantos de los 32 departamentos de este país andino. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) buscará la participación de víctimas en el diseño y seguimiento de las capacitaciones, según se informó.
Por su parte, el gobierno de Gran Bretaña se pronunció en duros términos y dos veces en octubre contra la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el ejército colombiano.
La primera declaración fue el 1 de octubre, por parte del ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Kim Howells, quien dijo que "las ejecuciones extrajudiciales no tienen lugar en una sociedad civilizada y democrática".
El jueves pasado, la secretaria adjunta de Estado Gillian Merron saludó la destitución de militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales.
"Es de vital importancia para Colombia la reputación internacional", advirtió Merron, "el gobierno y los tribunales deben continuar mostrando determinación para enfrentar los abusos en derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas".
Montoya decidió presentar su renuncia el mismo día en que se celebran comicios generales en Estados Unidos, cuyo gobierno es el mayor financiador de la lucha contrainsurgente colombiana y el primer aliado de la administración de Uribe.
