Herminia Lizarazo se quedó sin palabras cuando su nieto, de menos de ocho años, le dijo: «Abuelita, yo quiero saber para qué es el ejército». El niño, cuyos dos tíos pertenecen a la fuerza de tierra de Colombia, quería disfrazarse de militar para la noche del Halloween.
Lizarazo contó apretadamente su vida, que llamó "historia de una madre", el jueves en la Audiencia Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sobre la Situación de Derechos Humanos en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, cinturones de pobreza y miseria respectivamente de Bogotá y de Soacha, la ciudad pegada a la capital colombiana por el sur.
En 1984, la guerrilla izquierdista la hizo huir del departamento del Huila, al sur de Colombia, en el marco de la longeva guerra civil. "Teniendo yo cuatro bebés, nos vinimos a Bogotá a probar suerte" y "a los cuatro meses falleció mi esposo, quedé viuda", relató.
Crió a sus hijos "de una manera muy pobre", "pero yo les daba mucha fuerza". Lizarazo tiene bien claro cómo es "cuando uno se desplaza, cuando uno tiene que padecer hambre con sus hijos, y sé el valor que uno debe tener como madre, como persona, como un todo", añadió.
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Su yerno, Joaquín Castro, obrero de fundición de 27 años, desapareció de Altos de Cazucá el 13 de enero y, dos días después, autoridades militares entregaron su cadáver a Medicina Legal en el municipio de Ocaña, 700 kilómetros al nordeste de Bogotá, reportado como muerto en combate.
Castro es uno de las decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales, previa desaparición forzada, que saltaron a las noticias a fines de septiembre, en un escándalo que provocó, por ahora, 27 destituciones de oficiales y suboficiales e hizo rodar la cabeza del comandante del ejército, general Mario Montoya. Estos cuerpos son presentados como muestra de éxito militar en el combate contrainsurgente.
El muchacho se casó con la hija de Lizarazo cuando él tenía 17 años y ella 15. Tuvieron cuatro hijos.
"De pronto me miro al espejo: abuela, otra vez de cuatro hijos, cuatro nietos, no hallo qué hacer con ellos. El único que trabajaba ahí era su papá", lamentó Lizarazo.
Ella, líder comunitaria, pidió en la Audiencia ayuda económica y psicológica para los padres de Castro, que están sumidos en la tristeza y el abandono, y para los niños, "porque el rencor que vive en los corazones de los hijos es terrible", advirtió.
Negó que en su breve existencia Castro haya sido un curtido integrante de las Águilas Negras, el grupo de ultraderecha surgido en 2006 tras la desmovilización parcial de las estructuras paramilitares contrainsurgentes que trabajaban con las fuerzas de seguridad estatal.
A pesar de todo, Lizarazo está orgullosa de sus hijos militares. El general Luis Eduardo Pérez Arango, comandante de la Brigada 13 del ejército, dijo a IPS que se entrevistará con ella, y con otra mujer víctima de un caso similar que también tiene familiares en esa arma.
"No para disculparnos", aclaró el oficial a IPS, sino "para ver cómo les podemos colaborar a ellas".
El general Pérez no habló en la audiencia, comentó, por respeto a las víctimas. "El ejército es protector del pueblo. Hoy en día tenemos el 83 por ciento de credibilidad" en las encuestas, recordó, pero "tenemos gente que ha cometido fallas".
Tras el escándalo por las ejecuciones extrajudiciales de civiles, el gobierno dispuso extremar los controles internos en materia de derechos humanos en las fuerzas de seguridad, dado que por violaciones a esos derechos tambalea parte de la ayuda militar estadounidense a Colombia, la tercera mayor del mundo.
El oficial dijo estar dispuesto a "tomar las medidas necesarias, con tal de erradicar estos problemas que tenemos al interior de la institución".
Tras anunciar operaciones cívico-militares en Soacha, añadió que procesará las denuncias hechas en la audiencia por madres y hermanos de otros cinco ejecutados igual que Castro.
Las acusaciones incluyen las realizadas por José García, desplazado de su tierra en Huila siendo aún un niño, y quien por primera vez reveló el nombre del teniente del Batallón Tenerife que asesinó en 1987 a su padre, un líder del izquierdista y extinto partido Unión Patriótica.
Mil indígenas de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, que el jueves se movilizaron desde Soacha a Bogotá, escucharon los testimonios en la Audiencia senatorial. Lo hizo apenas "una comisión, porque no cabíamos todos", dijo a IPS Darío Tote, del poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de su Comisión Política.
Los demás, unos 16.000, caminaron en la mañana el tramo de 14 kilómetros a Bogotá, donde pernoctan en el campus de la estatal Universidad Nacional de Colombia, cuyo rector, Moisés Wassermann, en un principio se había negado a alojarlos.
Tras una negociación de cuatro días con el gobierno de Bogotá, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, finalmente Wassermann advirtió que sólo acepta la permanencia de los indígenas hasta el domingo.
Haciendo de los derechos humanos su protesta central, la Minga (trabajo colectivo para el bien común) emprendió el 9 de este mes su marcha de 535 kilómetros a Bogotá desde el resguardo de La María, en el sudoccidental departamento de Cauca.
Cincuenta chamanes de varios pueblos acompañan la Minga, para subrayar que "el poder de la palabra viene acompañada principalmente de la espiritualidad", informó la oficina de prensa de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).
"Y en todo el territorio colombiano nos respaldan los sabios, curacas, jaibanás, mamos", agregó, listando los nombres que distintas culturas dan a sus autoridades religiosas.
Por su "caminar de la palabra" (llevar lo que se dice a los hechos), la Minga va recolectando el dolor de Colombia.
"Vamos a recoger los testimonios", dijo a IPS Feliciano Valencia, Consejero del CRIC, a la salida de la audiencia senatorial en Soacha. "Con algunas organizaciones hemos establecido un procedimiento de trabajo para ver cómo le damos seguimiento a esta situación", añadió.
"Nos unimos al dolor de los familiares de las víctimas, nos solidarizamos con ellos, recogemos ese dolor y lo vamos a caminar (divulgar) también por el resto del territorio colombiano", señaló Valencia, en referencia a que la Minga, que este viernes cumple 41 días de movilización, está lejos de terminar el domingo.
Para indígenas, campesinos y defensores de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales no son nuevas. Según Valencia, "nosotros mismos sentimos estas realidades en nuestros territorios".
Según el Consejero Mayor de la ONIC, Luis Evelis Andrade, de los cerca de 1.500 indígenas muertos en los últimos años, unos 1.200 lo han sido por ejecuciones extrajudiciales.
"Vemos con horror la transformación que ha sufrido la fuerza pública de la Seguridad Democrática", advirtió a su vez Valencia cuando intervino en la audiencia senatorial, y en referencia a la política contrainsurgente implementada desde 2002 por el gobierno del derechista Álvaro Uribe.
"Ya no sólo sentimos terror cuando vemos a los actores armados en nuestro territorio", es decir paramilitares ultraderechistas y guerrilleros izquierdistas. También, "qué miedo ver soldados", "qué miedo ver policías", "qué miedo un retén de la fuerza pública", expresó.
El delegado municipal del Ministerio Público, personero de Soacha Fernando Escobar, fue amenazado de muerte dos semanas atrás. Fue quien dio a conocer públicamente los asesinatos de Joaquín Castro y los demás desaparecidos-ejecutados de Soacha, que suman 11 casos descubiertos.
En cumplimiento de su función de recibir quejas ciudadanas sobre derechos humanos, hasta el día de la audiencia senatorial era el único funcionario estatal de todo tipo que ha acompañado y apoyado a las familias, como lo expresaron al micrófono varias madres de ejecutados por el ejército.
La amenaza suscrita por supuestos paramilitares "me exhortan a renunciar o me advierten que seré víctima de un atentado contra mi vida", dijo Escobar a IPS.
"Nosotros hemos venido insistiendo en que no nos mueve cosa distinta al compromiso que tenemos con los derechos humanos, con la defensa del orden jurídico y con la prevalencia del Estado Social de Derecho", agregó.
Las autoridades le proporcionaron a Escobar dos escoltas y un auto blindado.
