Al demorarse su primer juicio hasta comienzos de 2009, el tribunal que juzga a ex líderes del Jemer Rojo en Camboya enfrenta otro desafío y es cómo equilibrar su mandato para juzgar sólo a los de mayor rango, contra la presión de demostrar su independencia ordenando más arrestos.
La cuestión de a quién llevar a juicio es compleja para los tribunales de crímenes de guerra, pero particularmente para los de Camboya, dada su fracturada historia y la estructura del propio órgano. Se trata de una cámara especial dentro del sistema judicial que incluye a magistrados nacionales e internacionales.
Aunque hay identificados más sospechosos, además de los cinco actualmente en custodia, los fiscales de Camboya y de otros países no se han puesto de acuerdo sobre si perseguirlos o no, y, en caso afirmativo, cuánto investigar.
Kaing Guek Eav, también conocido como Duch, jefe del tristemente célebre centro de torturas de Tuol Sleng, será la primera de estas personas en someterse a juicio, a comienzos de 2009.
Los otros cuatro son Noun Chea o "hermano número dos", como se lo conoció dentro de la jerarquía del Jemer Rojo, el jefe de Estado de la ex Kampuchea Democrática (nombre que adoptó Camboya durante el gobierno de Pol Pot, líder del grupo) Khieu Zampan, y el ex canciller Ieng Sary y su esposa Ieng Thirith, ministra de Acción Social del régimen.
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El único poder legal para iniciar el juicio de los crímenes presuntamente cometidos durante el régimen del Jemer Rojo lo ostenta la Oficina de Co-Fiscales (OCP, por sus siglas en inglés).
La especulación sobre más arrestos aumentó sustancialmente a mediados de junio, cuando el co-fiscal internacional Robert Petit reveló que había en marcha investigaciones sobre otros ex miembros del Jemer Rojo, y que se podría nombrar a otros acusados.
Se consideró significativa la oportunidad de esas declaraciones, en vísperas de una reunión de donantes en Nueva Cork para discutir el presupuesto de los tribunales.
"Dada la naturaleza masiva y sistemática de los crímenes, pienso que habrá más acusados, o por lo menos que deberían ser investigados", dijo Petit a IPS en esa ocasión.
"Sentimos que tenemos la evidencia para tomar una decisión, ojalá pronto. Todos somos conscientes de que éste tiene que ser un proceso rápido", agregó.
Desde entonces están en curso las discusiones entre co-fiscales camboyanos e internacionales para llegar a un acuerdo sobre si se debería investigar a otros sospechosos y, de ser así, cuántos deberían ser.
Aunque no se difundió información oficial, se cree que estas discusiones se centran en entre dos y seis nombres, sobre la base de evidencia preparada por los investigadores de la fiscalía.
El boletín de octubre de la unidad de relaciones públicas del tribunal declaró que la OCP ha "continuado el análisis de evidencias para identificar más actos criminales y a potenciales sospechosos por un posible informe introductorio posterior".
"Se espera que el proceso finalice en las próximas semanas", dijo.
Pero todavía no se hizo ningún anuncio público, ni se brindó información actualizada sobre el estatus de las deliberaciones de la OCP.
IPS intentó contactar a Petit para solicitarle declaraciones al respecto, pero no se encontraba en Camboya.
El vice-co-fiscal, William Smith, se negó a hacer comentarios.
Los co-fiscales camboyanos se han negado reiteradamente a hacer declaraciones públicas sobre sus deliberaciones.
Si los co-fiscales internacionales y camboyanos acuerdan recomendar más arrestos, se presentará un informe ante los jueces que investigan estas causas, que luego decidirán si existe suficiente evidencia para llevar los casos al tribunal.
Si no se llega a ningún acuerdo, bajo las normas del tribunal la parte internacional todavía puede seguir adelante notificando a los cinco miembros de la Cámara de Pre-Juicio. Se requiere una mayoría de cuatro para bloquear la medida.
Los observadores del tribunal creen que los co-fiscales harán todo lo que puedan para evitar llevar el asunto a la Cámara de Pre-Juicio y arriesgarse a señalar una división pública entre ambas partes.
Aunque no hay un límite formal de tiempo en el que se tiene que llegar a una decisión, los observadores indican que, en términos prácticos, si se realizan juicios adicionales el proceso tendrá que comenzar pronto.
Hay sólo dos condiciones que guían el trabajo de los co-fiscales en el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno camboyano que crea el tribunal: que los señalados sean aquellos que ocuparon puestos más altos y los "más responsables", y los crímenes cometidos durante el periodo en el que el Jemer Rojo gobernó Camboya, del 17 de abril de 1975 al 6 de enero de 1979.
Dado que el tribunal funciona en Camboya y la presencia de ex miembros del Jemer Rojo en tantas partes de la sociedad, algunos en posiciones de poder, la realidad es más compleja.
La mayoría de los observadores coinciden en que ex altos funcionarios gubernamentales y militares del régimen del Jemer Rojo continúan libres en Camboya.
"El juicio de sospechosos adicionales es crítico para la capacidad del tribunal de darle al público un panorama realista de la responsabilidad de un amplio espectro de atrocidades del Jemer Rojo", dijo Heather Ryan, observadora de la Open Society Justice Initiative en Phnom Penh.
"También son necesarios más juicios para demostrar que el tribunal es verdaderamente independiente de la presión política para limitar juicios a apenas los más notorios", agregó.
Las expectativas sobre más arrestos también son altas entre el público camboyano, dada la cantidad de dinero que se gasta en el proceso, particularmente en comparación con la habitual falta de financiamiento para el sistema de la justicia penal del país.
En la segunda mitad de los años 90 el gobierno se embarcó en una estrategia muy exitosa de alentar a los miembros de la guerrilla a desertar, a veces a cambio de puestos de alto nivel en las estructuras de poder militar y provincial.
Muchos creen que al gobierno le preocupa que más arrestos puedan alterar algunos de estos acuerdos y así crear malestar.
Otros señalan que el tribunal todavía tiene que tratar con los cinco altos funcionarios del Jemer Rojo que están en custodia y que arrestos adicionales puedan diluir los recursos y el objetivo del órgano judicial, así como la paciencia de los donantes hacia el proceso.
Tampoco está claro quiénes podrían ser los acusados adicionales.
Algunos juicios potenciales podrían suscitarse a partir de material recabado por la fiscalía sobre los centros de detención e interrogación administrados por el Jemer Rojo.
Aunque el de Tuol Sleng es el más conocido de estos centros, fue apenas uno de los muchos del régimen.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas de esos centros alegan haber recabado evidencias considerables sobre sus operaciones —lo que incluye declaraciones de testigos sobre lo que ocurría allí— e identificado a ex guardias.
