El 25 de este mes, el comandante del ejército de Perú, Edwin Donayre, deberá comparecer ante la fiscal anticorrupción Marlene Berrú, que lo investiga por el destino de 80.000 galones de combustible.
Berrú ya citó seis veces al general Donayre, que no concurrió alegando problemas de agenda. La fiscal tuvo que recurrir al ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, para que pusiera al militar a disposición de su despacho.
La difusión en la prensa de la petición fiscal desató un escándalo político. Ministros y magistrados reclamaron al general que cumpliera con su obligación de comparecer.
En diciembre de 2006, Donayre reemplazó en la comandancia del ejército a César Reinoso, en medio de acusaciones de tráfico de combustible.
El entonces inspector de la institución armada, Francisco Vargas, detectó que Reinoso otorgaba dotaciones extraordinarias de gasolina y petróleo a los principales jefes militares, incluido Donayre, quien entre enero y septiembre de 2006 comandó la Región Militar del Sur.
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En su descargo, Donayre dijo por entonces a la prensa que "tengo documentado el uso de hasta la última gota de combustible que se me entregó".
Pero un peritaje de la Contraloría, al que tuvo acceso IPS, señala que Donayre solicitó 80.000 galones (unos 303.000 litros) de combustible sin fundamento técnico, que fraguó documentos para justificar el uso que se le daría, y que una parte de la dotación no se dirigió, como había alegado, a unidades militares del sur, sino al cuartel general del ejército, en Lima.
Berrú se basa en ese informe para citar al jefe del ejército.
Donayre forma parte del entorno más cercano del presidente Alan García y se ha ganado la simpatía de los sectores más derechistas de la política y la prensa. Es promotor de amnistiar o indultar a uniformados acusados de crímenes cometidos en la guerra del Estado contra la guerrilla, que entre 1980 y 2000 dejó casi 70.000 víctimas.
En mayo de este año se encontraron 60 de cadáveres de civiles en una fosa común en Putis, sur del país, donde actuaba en 1984 una base militar contrainsurgente. Organizaciones de derechos humanos reclamaron al ejército que pidiera perdón por esas atrocidades.
"¿Y quién le va a pedir perdón a los 1.200 fallecidos y a los 1.400 discapacitados del ejército?", replicó Donayre.
Tras su ascenso a la jefatura, Donayre otorgó el grado de general a varios de sus compañeros de promoción, a los que colocó además en puestos clave, desplazando y pasando a retiro a otros militares de alto rango.
Uno de los desplazados fue el general Vargas, quien como inspector del ejército había descubierto el tráfico de combustible en el que estarían supuestamente implicados una docena de altos oficiales, incluido Donayre.
En cambio, en sus cargos permanecieron el jefe del Estado Mayor, Luis Cateriano, y el jefe de la Región Militar Sur, Francisco Contreras, ambos denunciados por Vargas.
El informe de la Contraloría asegura haber hallado indicios de los delitos de peculado y falsificación de documentos, presuntamente cometidos por Donayre.
"Lo que corresponde es que el general Donayre se presente ante la fiscal, porque existe un informe de la Contraloría sobre presuntas irregularidades en la Región Militar del Sur", dijo a IPS el ex contralor Genaro Matute.
En septiembre, 16 ex comandantes generales del ejército, integrantes del Consejo Consultivo del instituto castrense, remitieron una carta a Donayre cuestionando su conducta como jefe.
El Consejo Consultivo cuestionó "la actitud personalista, poca seria, y a nuestro criterio desacertada, en que conduce a la institución, no sintiéndonos identificados con la forma como ejerce el Comando, ya que trasmite una imagen inadecuada que deteriora la majestad que el cargo de Comandante General del Ejército requiere", afirma la carta a la que tuvo acceso IPS.
En respuesta, Donayre dijo a la prensa que los ex comandantes estaban molestos porque había ordenado recortarles sus privilegios.
En abril de este año, el empresario Juan Herbias denunció en el programa de televisión "Cuarto Poder" que el ex director del Hospital Militar, Samuel Gamero, le había pedido un soborno a cambio de que siguiera operando una red de farmacias y laboratorios dentro de las instalaciones del ejército.
Concluida la entrevista, Donayre llamó por teléfono al programa y anunció la destitución inmediata de Gamero y prometió una investigación a fondo.
Donayre y Herbias son compadres, un detalle no mencionado en el programa. Tampoco se dijo allí que Gamero había solicitado el desalojo de las empresas de Herbias del Hospital Militar.
La prueba presentada por el empresario, una grabación en la que Gamero supuestamente le solicitaba dinero, fue desacreditada por un peritaje técnico de la policía, al que tuvo acceso IPS, pues detectó una manipulación del audio.
Una inspección militar demostró que Herbias no pagaba al ejército los alquileres para que su empresa funcionara dentro del recinto castrense. Según informaron a IPS autoridades del hospital militar, la deuda ya asciende a más de 200.000 dólares.
Acerca de la comparecencia de Donayre ante la fiscalía, el ministro de la Defensa dijo en conferencia de prensa que "las citaciones son para ser cumplidas".
