Los presidentes derechistas Felipe Calderón, de México, y Álvaro Uribe, de Colombia, revisaron este lunes acuerdos bilaterales e intercambiaron elogios sobre sus estrategias contra el narcotráfico. Mientras, activistas humanitarios reiteraron denuncias contra los dos, por violaciones de derechos humanos.
Al concluir su visita de tres días a México, Uribe felicitó a Calderón por sus acciones contra los traficantes de drogas. El anfitrión respondió indicando que su visitante es un "gran amigo de México". Los dos países están "construyendo un frente común contra la delincuencia organizada transfronteriza y seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para vencer este flagelo social", dijo Calderón. "En el gobierno de Colombia, en la prioridad de nuestra agenda ha estado la lucha contra la criminalidad, y sentimos en el gobierno que usted preside hay un gran aliado", contestó Uribe.
Las conversaciones apuntaron agilizar la coordinación en el combate contra las mafias de las drogas, que en el pasado facilitó la detención de varios capos, y a equilibrar el comercio bilateral, que según estimaciones oficiales cerrará este año unos 3.500 millones de dólares, con un déficit de 3.000 millones para Colombia.
Un pequeño grupo de manifestantes ocupó una avenida de la capital mexicana a propósito de la visita de Uribe, a quien calificaron de persona "non grata" y acusaron de "asesino".
La mayoría eran familiares y amigos de los cuatro jóvenes universitarios mexicanos que murieron el 1 de marzo en Ecuador, durante una incursión militar colombiana contra un campamento de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese ataque falleció uno de los líderes de esa guerrilla, "Raúl Reyes".
México se parece cada vez más a Colombia en "su proceso de degradación en la lucha contra el crimen, militarizando y violando derechos humanos", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, grupo que asesora a los deudos de los jóvenes muertos en Ecuador.
La comunidad internacional "identifica a Uribe por sus atropellos contra los derechos humanos, mientras que Calderón se le parece cada vez más", sostuvo Ramírez.
En la guerra civil colombiana, que data de los años 60, el narcotráfico se ha convertido en combustible para todos los actores armados y, por cuenta de su combate, el país sudamericano recibe una cuantiosa ayuda militar de Estados Unidos. El Plan Colombia, por el que se ejecuta esa ayuda, es a la vez contrainsurgente y antidrogas.
La guerra enfrenta a la fuerza pública colombiana, y a milicias paramilitares de ultraderecha que la apoyan, contra la guerrilla, alzada en armas en 1964.
En México, la estrategia del gobierno contra el narcotráfico consiste básicamente en dar a los militares la responsabilidad de su combate.
Traficantes de ambas naciones delinquen en sociedad y comparten ganancias por enviar drogas a Estados Unidos y a Europa.
Estados Unidos apoya también a México en su estrategia, que es duramente cuestionada por grupos de derechos humanos nacionales e internacionales. Esas organizaciones han documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas a detenidos cometidas por militares.
En el Plan Colombia, que se aplica desde 2000, Washington ha invertido casi 5.000 millones de dólares sin lograr abatir la producción de coca y cocaína. En México, en tanto, este año los estadounidenses aprobaron el Plan Mérida, que incluye ayuda por unos 400 millones de dólares en equipo y capacitación, más no en presencia militar extranjera, como sí sucede en Colombia.
El combate mexicano a las drogas es "un ejemplo mundial" y "va a ser muy útil para todo el continente", dijo Uribe al participar el sábado en un encuentro de la organización Internacional Demócrata de Centro, que reúne a partidos políticos conservadores, en el estado central de Guanajuato.
"Aplaudimos de todo corazón la tarea del gobierno de México, valerosa y difícil. Y nos va a ayudar mucho, porque en la medida en que aquí haya esa batalla exitosa contra el narcotráfico, eso le ayuda a Colombia a deshacerse del terrorismo", declaró el mandatario.
Este lunes, de forma paralela al encuentro entre Calderón y Uribe, se inauguró la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia México-Colombia, que culminará este miércoles. A la cita, la tercera desde 2001, asisten fiscales y autoridades militares de ambos países.
Juan Manuel Santos, ministro de la Defensa de Colombia, expreso que respeta y admira a México "por la lucha que libra contra la delincuencia organizada".
"Los logros que México registra en este tema son como vasos comunicantes con Colombia, ya que al desarticularse grupos de la delincuencia organizada en México, esto tiene sus efectos en Colombia", dijo Santos.
La visita de Uribe y su comitiva se "da en un contexto difícil, pues han sido acusados de graves violaciones a derechos humanos, mientras Calderón está cada vez más comprometido", señaló a IPS Edgar Cortez, secretario de la red humanitaria mexicana Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a un centenar de organizaciones.
El fin de semana, la red presentó a la prensa nacional un extenso informe, que había entregado el 8 de septiembre al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y donde denuncia que se "militarizó la vida civil para que sea el ejército quien enfrente a la protesta y el descontento social", así como el crimen.
"Esta política, si bien trata de poner fin a la grave situación de violencia que se vive en casi todos los estados de la república, deja de lado aspectos fundamentales en cuanto al respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos", reza el documento.
"La situación mexicana ya se parece a la colombiana, pero esperamos que la comunidad internacional ponga atención y frene el deterioro que vemos en los derechos humanos", dijo Cortez.
El informe de la red, que documenta 60 casos de "criminalización de la protesta social" en 2007 y varias violaciones de derechos humanos cometidas por soldados, fue entregado a propósito del examen que se hará a México en el Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2009.
Cuestionado sobre la elevada aceptación medida en encuestas que ostentan Uribe y Calderón en sus países, Cortez consideró que eso es "lamentable y se explica porque gran parte de las sociedades están dispuestas a sacrificar los derechos humanos por la seguridad".
"La gente asume que seguridad y derechos humanos no son compatibles y eso es falso", sostuvo.
A fines de octubre, el gobierno colombiano se vio envuelto en un escándalo por la ejecución de jóvenes que fueron presentados como bajas causadas en la guerra contra la guerrilla o paramilitares.
Veintisiete militares fueron destituidos por esos hechos y el jefe del ejército debió renunciar, y el gobierno de Uribe prometió que se instalará en cada unidad militar y de policía un oficial que recibirá quejas sobre posibles abusos.
