Cinco mil personas que entonaron consignas contra el gobierno en la Plaza de Bolívar, en la capital de Colombia, reflejaron una brusca caída en la popularidad del presidente Álvaro Uribe, cuyo proyecto reeleccionista para 2010 sufrió un revés en el parlamento.
Unos 600 manifestantes procedentes de Putumayo, fronterizo con Ecuador, engrosaron la marcha callejera y la concentración en la Plaza, que atrajo además a muchos pobladores de Bogotá y de sus alrededores.
La crisis generada por el cierre de la DMG, empresa creada por David Murcia Guzmán, tiene consecuencias "gravísimas", económicas y sociales, alertó el martes de noche el gobernador del Nariño, Antonio Navarro, en un debate en el Senado.
Navarro estimó que 90 por ciento de la población de Pasto, la capital de Nariño, tuvo negocios con la empresa que en el departamento contaría con 200.000 inversionistas, mas de diez por ciento de la población, que le habrian entregado 1,017 billones de pesos (450 millones de dólares).
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En Putumayo, donde DMG inició sus actividades, la situación es peor, advirtió el gobernador, quien reclamó un "fondo de salvamento y solidaridad" para reducir los efectos sociales de la debacle.
La actividad en los dos departamentos está detenida desde hace una semana por un paro cívico, así como por protestas violentas en las que se registraron heridos este miércoles.
"Éramos todos uribistas", aseguró un manifestante en la Plaza de Bolívar a IPS, declaración que repetían otros. El vuelco de opinión puede alcanzar a más de cuatro millones de ciudadanos que invirtieron sus ahorros en DMG, según cuentas oficiales.
"Uribe, para mí, se volvió un dictador", dijo un hombre que se identificó como U, originario del sur y residente hoy en Bogotá.
U, quien acude a las protestas de traje y corbata, informó que tiene 30 millones de pesos (unos 14.000 dólares) bloqueados en DMG, y que está revisando sus opiniones antes favorables a Uribe en muchos asuntos, incluida su política antiterrorista.
Su desconfianza inicial ante la oferta de 100 por ciento de renta en seis meses cedió, en parte, por los siete años de trayectoria de la empresa, sin quejas de numerosos clientes y pagando impuestos. La intención de U es demandar al Estado por omisión.
"Es una masacre laboral", definió Concepción Robelto, quien perdió su empleo hace ocho años debido a la privatización de la salud promovida por Uribe cuando fue senador, y ahora también con el cierre de DMG, otra vez por decisión del actual presidente.
"Otra vez volvemos a ser pobres", lamentó su hija de 19 años, que tiene discapacidad psicomotora, según el relato de Roberto, cuya familia sobrevive con la venta de productos naturales.
Hay damnificados por la intervención de DMG en muchas localidades de Colombia, y no sólo en Putumayo y Nariño, como da a entender el gobierno, según Robelto y otros manifestantes que viven en Bogotá, como Eliana Niño.
Según ella, DMG podía remunerar bien las inversiones porque "no gasta en publicidad" y pagaba menos impuestos que los bancos por la fórmula adoptada para sus actividades financieras.
DMG operaba con una tarjeta prepagada o de débito, similar a una tarjeta telefónica, sin identificación del usuario, con la cual el cliente podía hacer compras en las tiendas de la empresa hasta agotar la suma invertida.
A los seis meses, DMG devolvía a cada cliente la suma que había invertido, hubiera realizado compras o no. Los productos, generalmente electrodomésticos, tenían precios ligeramente más altos que los del mercado, pero la mayoría eran de contrabando, aseguró este miércoles el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán.
Muchos campesinos de Putumayo vendieron sus fincas y casas y se trasladaron a las ciudades para invertir el dinero en DMG. La fórmula de la empresa era más rentable que la comercialización de la materia prima de la cocaína, lo cual les permitió abandonar los cultivos de coca, según informaron hace un año habitantes del municipio de La Hormiga a IPS.
DMG "es una comercializadora, no una pirámide", afirmó Carmen Marín, también de Bogotá.
Para Marín, el gobierno intenta confundir las operaciones de la empresa de Murcia Guzmán con el fraudulento "esquema piramidal", al que se dedican firmas cuyos primeros inversores se lucran con el dinero aportado por los siguientes, más numerosos, quienes lo pierden todo.
El esquema piramidal también proliferó en Colombia y se convirtió en un problema social en todo el país en los últimos meses, lo que obligó al gobierno a tomar medidas para mitigar sus efectos.
Murcia Guzmán "no le quitó plata a nadie", afirmó Marín, mientras la multitud coreaba "liberen a David" y "David, amigo, el pueblo está contigo".
H, quien tampoco quiso identificarse, vendió "una finquita con dos vacas y un caballo" para invertir 50.000 pesos (unos 23.000 dólares) en DMG, sólo para ver cómo se hundía su sueño de comprar una hacienda más grande.
Ante la acusación de que DMG es una "lavandería" de dinero del narcotráfico, Saúl Español, activista del movimiento "viviendista", que lucha contra el desalojo de 900.000 familias que no logran pagar el crédito inmobiliario, sostuvo que el gobierno también recibe dinero procedente de drogas, pero sin redistribuirlo como hacía DMG.
Murcia Guzmán fue detenido el día 19 en Panamá, donde también tenía muchos negocios, y conducido a Bogotá, acusado de lavado de activos y captación financiera ilegal y masiva, entre otros delitos.
Otros directivos de DMG están presos o prófugos, y numerosas empresas del holding han sido cerradas, también en Panamá y otros países.
Se trata de una "mafia creada para asaltar al Estado" y que se ha aliado con el narcotráfico, el paramilitarismo de ultraderecha y la guerrilla izquierdista, atacó el ministro de Hacienda, Óscar Zuluaga, el martes en la sesión nocturna del Senado.
DMG pretendía "generar un clima de rebeldía e insurrección contra el Estado", además de cometer defraudaciones, coincidió el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional.
La intervención en la empresa tardó pues era preciso que las autoridades cumplieran las reglas del estado de derecho, justificó.
La pérdida de popularidad de Uribe entre ciudadanos airados por el cierre de DMG constituye un traspié para las intenciones reeleccionistas del presidente.
Dos legisladores oficialistas por Putumayo y Nariño anunciaron que, tras un pedido de sus electores, no votarán el proyecto de ley por el cual se convocaría un referendo para que la ciudadanía decida si Uribe podrá competir en elecciones por un tercer mandato en 2010.
Sin ambos votos, el oficialismo pierde su ya estrecha mayoría en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, primera de las cuatro instancias para tramitación del proyecto de iniciativa popular, lo cual podría hundirlo definitivamente.
Los más de cuatro millones de firmas recogidas en adhesión al referendo, en una campaña que contó con multimillonaria financiación de origen poco claro, fueron transportadas a las oficinas de la institución a cargo de las elecciones en camiones blindados pertenecientes a una empresa de transporte de valores vinculada con DMG, y que también fue intervenida.
